Elsy Reyes 
Fuente: Pexels
Este jueves, el Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma constitucional que tiene como objetivo evitar el aumento excesivo en el cobro de rentas de viviendas en la capital del país.
La iniciativa, presentada por Martí Batres, jefe de gobierno en la CDMX, fue aprobada por unanimidad con 57 votos a favor.
En ella, se plantea la modificación del Código Civil y la Ley de Vivienda para que el incremento anual de la renta no supere la inflación reportada por el Banco de México.
¿Cuánto puede subir la renta cada año en el país?
A la fecha, este incremento no puede exceder del 10% anual de la cantidad pactada como renta mensual. Sin embargo, con la reforma al artículo 2448 D del Código Civil quedaría de la siguiente forma:
“El incremento de la renta nunca será mayor a la inflación reportada por el Banco de México en el año anterior, respecto de la cantidad pactada como renta mensual”.
Artículo 2448 D del Código Civil.
De acuerdo con Batres, esta reforma atenderá el incremento excesivo de los costos de las rentas en la capital del país. Señaló que del 2013 al 2019 el aumento fue hasta 8 veces más que el salario mínimo.
Dentro de los cambios se considera la creación de un registro digital de contratos de arrendamiento de autorización inmediata a cargo del gobierno local.
Con ello, se obligaría a los a los arrendadores a registrar sus contratos dentro de los 30 días posteriores a su firma.
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Dentro de la Ley de Vivienda, los legisladores añadieron un numeral al Artículo 1, donde se garantiza la construcción pública de vivienda en renta a precios accesibles para las personas con menores ingresos.
¿Quiénes tendrán prioridad para rentas baratas?
Con esta ley se busca ampliar el acceso a la vivienda para más personas, estableciendo mecanismos que garanticen este derecho.
Se dará prioridad a madres solteras, trabajadores, jóvenes de entre 18 y 35 años y a la población en situación de pobreza.
El presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Octavio Rivero, hizo hincapié en que la vivienda digna no es un privilegio, sino un derecho resguardado en la Constitución.
Aseguró que el problema lleva pasando desde años atrás, sin embargo, no ha sido atendido correctamente.
Agregó que con la reforma ya no se elevará el precio de las rentas de manera desproporcionada, lo cual detendría el fenómeno de la gentrificación y la especulación inmobiliaria.
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