Elsy Reyes 
Fuente: @Legismex
El pleno de la Cámara de Diputados declaró la validez constitucional de las reformas a siete artículos que garantizan los derechos de las mujeres a la igualdad sustantiva, a una vida libre de violencia y la erradicación de la brecha salarial por razones de género.
La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados formuló la declaratoria, luego de que se obtuvieron los votos aprobatorios de los congresos locales de:
- Baja California,
- Baja California Sur,
- Campeche,
- Chiapas,
- Ciudad de México,
- Colima,
- Durango,
- Hidalgo,
- Michoacán,
- Morelos,
- Nayarit,
- Oaxaca,
- Quintana Roo,
- San Luis Potosí,
- Sinaloa,
- Sonora,
- Tabasco,
- Tamaulipas,
- Veracruz,
- Yucatán,
- Zacatecas.
Asimismo, turnó al Senado de la República dicha declaratoria, para que se realice el mismo trámite.
Posteriormente, se enviará el decreto al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor.
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¿Cuál es el objetivo de la reforma sobre igualdad sustantiva?
La presidenta Claudia Sheinbaum propusó las reformas y adiciones a los artículos 4, 21, 41, 73, 116, 122 y 123 de la Carta Magna, con lo cual “el Estado garantizará el goce y ejercicio del derecho a la igualdad sustantiva de las mujeres”.
Dicho proyecto se avaló, por unanimidad, en la Cámara de Diputados y el Senado de la República, en su momento.
Establece el derecho a vivir una vida libre de violencias, por lo que el Estado “tiene deberes reforzados de protección con las mujeres, adolescentes, niñas y niños”.
Asimismo, prevé erradicar las brechas salariales entre mujeres y hombres, pues establece la disposición obligatoria “a trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta sexo, género ni nacionalidad”.
Por otra parte, eleva a rango constitucional el principio de paridad de género en los nombramientos de las titularidades de las instituciones federales, estatales y municipales.
También dicta el mandato para que las entidades federativas garanticen la creación de fiscalías especializadas en investigación de delitos relacionados con violencias de género.
Finalmente, incorpora como principio de actuación la perspectiva de género, para las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia.
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