El Plan B recibió 87 votos a favor y 41 votos en contra. Foto: captura de pantalla.
El Senado aprobó con modificaciones el Plan B de la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, dejando fuera las disposiciones en materia de revocación de mandato.
El dictamen fue avalado en lo general con 87 votos a favor y 41 en contra. Tras varias horas de debate, fue aprobado en lo particular, luego de que se aceptó una reserva que presentó la senadora Lizeth Sánchez García, del PT, para suprimir los cambios al artículo 35 sobre la revocación de mandato. Por lo anterior, dciha figura se mantiene en los términos vigentes de la Constitución Política.
Sánchez García argumentó que su Grupo Parlamentario respalda el proyecto de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, al igual que el fortalecimiento de la participación del pueblo. Sin embargo, sostuvo que la revocación de mandato y las elecciones son mecanismos con propósitos distintos que, de mezclarse en un mismo proceso electoral, “se corre el riesgo de distorsionar su sentido democrático”.
Tras la aprobación con el cambio, el documento fue remitido a la Cámara de Diputados.
Debate por revocación de mandato
Alberto Anaya, del PT, aseguró que su Grupo Parlamentario acompañaría la reforma en lo general. Sin embargo precisó: “nos separamos del contenido del dictamen en lo que se refiere al artículo 35 de la Constitución”. Es decir, el relacionado con la revocación de mandato.
Martha Lucía Micher Camarena, de Morena, defendió que la reforma a la revocación de mandato confirma a este mecanismo como una expresión de soberanía popular y como instrumento de control democrático.
Por el PAN, Verónica Rodríguez Hernández señaló que esta reforma “vende” una idea de eliminación de privilegios. Cuando en realidad busca “concentrar el poder” y “vulnerar” el federalismo y la división de poderes.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Manuel Añorve Baños, acusó que lo que se pretende no es austeridad, sino control.
Del PVEM, el senador Waldo Fernández dijo que la reforma establece límites razonables, pues plantea una integración más eficiente de los ayuntamientos.
Clemente Castañeda dijo que MC rechazaba el Plan B, al considerar que en términos generales no tiene ningún impacto positivo en la vida de los mexicanos. Aseguró que el dictamen pretende hacer constitucional la inequidad en beneficio del partido gobernante.
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