Luego de que el viernes se dieran a conocer versiones del bloqueo de cuentas de los señalados por EU, este lunes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la UIF, emitió un comunicado donde explicó que se realizaron “adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con carácter estrictamente preventivo”. 

En este sentido, señaló que la medida fue derivada de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano.

La UIF indicó que dichos reportes derivaron de los señalamientos realizados por el gobierno estadounidense y difundidos públicamente.

“Por lo que los bancos mexicanos al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras de los Estados Unidos emitieron alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP) conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo”.

Con base en dichos reportes bancarios, “la UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional”, señaló.

Asimismo, insistió en que la medida no constituye una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna. Dijo que es una acción preventiva de carácter administrativo.

Además, señaló que las personas señaladas cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación, entre ellos la garantía de audiencia

Sheinbaum confirma que la UIF congeló cuentas a 10 funcionarios señalados por EU

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la UIF congeló las cuentas bancarias del gobernador con licencia, Rubén Rocha, además de nueve funcionarios de Sinaloa señalados por autoridades de EU, como parte de una medida preventiva.

“Dado que hay una orden de aprehensión en Estados Unidos contra 10 personas, los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, toman una serie de medidas y de manera automática preventivamente lo hace la UIF”, señaló.

Se entregan dos exfuncionarios del gobierno de Rubén Rocha

El viernes pasado dos exfuncionarios del gobierno de Rocha Moya se entregaron en Estados Unidos.

Primero se informó sobre la detención de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.  Posteriormente, se supo que Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, se habría entregado a las autoridades estadounidenses.

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En la sesión de este lunes, el pleno del máximo tribunal aprobó el proyecto de la ministra Loretta Ortiz, que planteó validar el artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito. Con este debate se resolvió la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición.

Durante la sesión, los ministros coincidieron en que el bloqueo de cuentas bancarias no es una sanción penal, sino una medida cautelar administrativa y preventiva para proteger el sistema financiero nacional.

Los ministros determinaron que el congelamiento de activos financieros no representa una condena anticipada ni una pena. El Pleno de la Corte sostuvo que el bloqueo es una medida cautelar, no una sanción definitiva.

La SCJN precisó que esta acción se implementa ante la existencia de indicios de operaciones ilícitas y aclaró que no sustituye las facultades de las autoridades encargadas de la investigación criminal. 

En este sentido, concluyó que la disposición respeta la seguridad jurídica. Ya que contempla un procedimiento que garantiza el derecho de audiencia y defensa de las personas afectadas. Mismas pueden impugnar estas decisiones por las vías legales correspondientes.

Así, la Corte validó que la UIF no necesita una solicitud extranjera formal y detallada para congelar cuentas. Según el criterio judicial emitido, la unidad puede actuar con base en información nacional o internacional, conforme a estándares como los del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

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