El Ágora

Por Ana Gómez

En México, los últimos años la pobreza disminuyó de forma significativa. No fue un milagro ni un efecto estadístico pasajero. Fue el resultado de decisiones políticas que pusieron en el centro a quienes históricamente habían sido relegados. La transformación no inició por casualidad, tiene rostro, estrategia y convicción.

Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), entre 2018 y 2024 más de 13 millones de personas salieron de la pobreza. La pobreza multidimensional pasó de 41.9% a 29.6%, y la pobreza extrema bajó de 7.1% a 5.3%, lo que representa una reducción de más de 2 millones de personas en condiciones de mayor vulnerabilidad. Estos resultados no son menores: son el reflejo de un cambio estructural en la manera de entender el desarrollo.

La primera palanca de esta transformación fue el salario mínimo, que durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador se duplicó en términos reales, pasando de $88.36 diarios en 2018 a más de $248.93 diarios en 2024. Este incremento acumulado de 135% rompió con décadas de contención salarial que condenaban a millones de trabajadores a la sobrevivencia, sin posibilidad de ahorro, movilidad social o bienestar.

En un país donde el ingreso laboral representa el 84% del ingreso monetario de los hogares, este cambio tuvo efectos inmediatos en la mesa, el abasto y la dignidad del pueblo de México. Por primera vez en décadas, el salario mínimo superó la línea de pobreza alimentaria, lo que significa que un trabajador puede cubrir sus necesidades básicas sin depender de subsidios o apoyos extraordinarios.

La segunda palanca fue la expansión de derechos sociales, donde las pensiones para adultos mayores, las becas para estudiantes, los apoyos a personas con discapacidad y los programas para juventudes que quieren trabajar dejaron de ser dádivas focalizadas para convertirse en garantías universales. No se trató de asistencialismo, sino de construir un piso mínimo de bienestar que estabilizara el ingreso de los hogares más vulnerables y funcionara como seguro frente a crisis como la pandemia.

Durante la emergencia sanitaria, estos programas permitieron que millones de familias mantuvieran un ingreso constante, evitando retrocesos en los indicadores de pobreza. Además, su diseño universal redujo la discrecionalidad en la entrega y fortaleció la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

Por supuesto que aún existen carencias, como el acceso a servicios de salud, la calidad de la infraestructura educativa y la informalidad laboral, que siguen siendo temas pendientes en los que aún se está trabajando, pero sería injusto ignorar que se han sentado las bases para una transformación profunda. 

La promesa de la Cuarta Transformación sobre “reconstruir el tejido social” empieza a tomar forma: consolidando el poder adquisitivo con salarios dignos, expandiendo la seguridad social con incentivos a la formalización laboral, cerrando brechas en servicios esenciales con gestión local transparente y fortaleciendo los programas sociales como herramientas de inclusión.

El Estado tiene un papel clave, que es el de invertir en infraestructura que reduzca costos logísticos, crear una política industrial que conecte vocaciones regionales con cadenas globales, y garantizar que el desarrollo no se concentre en unos cuantos polos, sino que se distribuya territorialmente con equidad.

Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum no plantearon una utopía. Implementaron una hoja de ruta con resultados palpables, que hoy se reflejan en los indicadores, pero también en la vida cotidiana de millones de mexicanos. La oposición puede señalar los rezagos, pero no puede negar que durante sus gobiernos la pobreza aumentaba, mientras que hoy disminuye de forma sostenida.

Lo que enseñan estos años es que las palancas existen y funcionan cuando se accionan con decisión política, visión social y compromiso ético. Redistribuir sin asfixiar la productividad, proteger sin inmovilizar, acelerar sin romper, es un ejemplo que México le esta dando al mundo. Porque la promesa la 4t de un México menos pobre y más justo, es una realidad que hoy se vive en nuestro país. 

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*Los textos publicados en la sección de Opinión son responsabilidad exclusiva del autor.

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El dictamen fue aprobado con 348 votos a favor de Morena y sus aliados y 132 en contra del PAN, PRI y MC.

En la primera sesión del periodo extraordinario de sesiones, el pleno aprobó el dictamen que reforma la Ley General de Desarrollo Social, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Con ello, se transfieren funciones del CONEVAL al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los diputados del bloque mayoritario señalaron que con esta medida se elimina la duplicidad de funciones y se cumple con el principio de austeridad.

Al explicar el dictamen, Antares Vázquez, diputada por Morena, argumentó que se trata de una simplificación de la estructura orgánica del gobierno, de evitar duplicidades y el despilfarro de recursos públicos.

Por su parte, la diputada morenista Merilyn Gómez dijo que estas reformas buscan simplificar trámites, digitalizar servicios, reducir costos y generar entornos más atractivos para la inversión y la creación de empleos.

Asimismo, justificó la decisión al señalar que el Inegi es una institución con la capacidad técnica necesaria para continuar la evaluación de la pobreza y las políticas sociales en México.

Oposición cuestiona desaparición del Coneval

Por otra parte, la oposición calificó la reforma como un retroceso que pone en riesgo los mecanismos para la evaluación de la política social.

Héctor Saúl Téllez, diputado del PAN, calificó la reforma de un retroceso en la medición de la política social del gobierno.

«Hoy se consolida la extinción del Coneval y, con ello, perdemos una institución garante de la evaluación… y de las metodologías para saber cómo crece o decrece la pobreza en nuestro país».

Asimismo, el panista Diego Rodríguez Barroso dijo que no es lo mismo generar estadísticas que evaluar políticas públicas.

«Las papas son papas y las zanahorias son zanahorias, no es lo mismo generar estadística que evaluar una política pública en materia social; evaluar y medir las políticas sociales, permiten tomar decisiones en beneficio de la sociedad».

Al aprobarse el dictamen, pasa al Senado para su discusión y votación.

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El Coneval presentó los resultados de la medición multidimensional y extrema de la pobreza a nivel nacional y por entidad federativa para 2022 con base en los Lineamientos y criterios generales,

El periodo de análisis es de 2018 a 2022 ya que permite tomar en cuenta las implicaciones económicas y sociales de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID19).

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Este jueves, el organismo dio a conocer que, en 2022, alrededor de 8.9 millones de personas en total dejaron de vivir en el umbral de pobreza.

Reducción en la pobreza multidimensional

Entre 2018 y 2022, el porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional a nivel nacional pasó de 41.9% a 36.3%; esto quiere decir que pasó de 51.9 a 46.8 millones de
personas que dejaron esta situación a nivel nacional.

Esto quiere decir que 36 de cada 100 personas en México presentaban al menos una privación en sus derechos sociales y tenían un ingreso mensual.

Aumenta 1% pobreza extrema

La población en situación de pobreza extrema permaneció en niveles similares entre 2018 y 2022: 7.0% en 2018 y 7.1% en 2022.

Es decir, el porcentaje aumentó a 9.1 millones en 2022, desde 8.7 millones en 2018.

Un dato importante que expuso el organismo es que

El porcentaje de personas con carencia por acceso a los servicios de salud pasó de 16.2% a 39.1% entre 2018 y 2022; esto representa un cambio de 20.1 a 50.4 millones de personas en esta situación, respectivamente.

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Para determinar dicha estadística, el Coneval analiza el comportamiento en seis indicadores de carencia social: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de la vivienda.

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