Este martes, la mandataria anunció el envío de una iniciativa de reforma constitucional al Congreso de la Unión con el objetivo de establecer una ley general contra la extorsión.

La propuesta busca dotar al Congreso de facultades para expedir dicha ley, con la cual se busca perseguir de oficio ese delito en todo el país. Es decir, sin necesidad de que la víctima presente una denuncia.

Durante su conferencia matutina, indicó que esta iniciativa es parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Asimismo, reconoció que la extorsión es un delito que no se ha podido disminuir.

«La extorsión es el delito que no hemos podido disminuir. Hoy lo enfrentamos con una estrategia nacional que ya comenzó a implementarse, pero que necesita respaldo legal para ser realmente efectiva», aseguró. 

La mandataria también destacó el funcionamiento del número 089 como línea anónima de denuncia para víctimas.

Por su parte, la consejera jurídica, Ernestina Godoy, indicó que la iniciativa de reforma constitucional es para que el Congreso tenga facultades para expedir una ley con tipo penal único. Con sus agravantes y sanciones en materia de extorsión, para prevenir, investigar y sancionar el delito.

Además, añadió que la finalidad es que se cuente con una ley en la que se establezca que la víctima es el Estado. Recordó que la extorsión ya es considerada un delito grave en la Constitución.

«Ya es considerado grave en el artículo 19 constitucional y en esta ley se establecerá de manera clara que será perseguido de oficio (…) y el Estado asuma totalmente la responsabilidad para proteger a víctimas, testigos y ofendidos», dijo.

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Con 11 votos a favor, cero en contra y una abstención, la Comisión de Administración y Procuración de Justicia avaló dos iniciativas que buscan sancionar la administración subrepticia de sustancias, los llamados pinchazos, que se han incrementado en la CDMX.

Este dictamen surgió de las propuestas que buscan adicionar el Código Penal en materia de administración subrepticia de sustancias, propuesta por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y sumisión química por pinchazo, elaborada por la diputada Tania Larios (PRI).

Aumentan los casos de pinchazos en el Metro

Estas iniciativas han surgido debido al aumento de denuncias sobre agresiones cometidas con objetos punzocortantes, presuntamente para inyectar sustancias que alteran el estado físico o mental de las víctimas. 

De acuerdo con las denuncias presentadas, las víctimas han reportado síntomas como mareo, somnolencia, confusión y desorientación después del pinchazo.

Sin embargo, la legislación penal vigente en la CDMX no considera de manera específica la modalidad de agresión. Esto significa que esta conducta no está tipificada como un delito, lo que limita la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar estas conductas.

Por ello, se buscan herramientas legales para atender esta nueva modalidad de violencia y proteger la autonomía corporal de las personas.

Asimismo, el dictamen avalado por la Comisión fue remitido al Pleno para ser discutido en la sesión ordinaria del jueves. En este se considera una pena de dos a cinco años por la administración subrepticia de sustancias. Misma que podrá ser incrementada en una mitad por agravantes.

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