La FGR informó que tras realizar un reanálisis de las actuaciones existentes en el caso de la desaparición de 43 normalistas de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, se llevaron a cabo nuevos actos de investigación.

De acuerdo con la dependencia estas investigaciones permitieron acreditar la posible participación del exgobernador de Guerrero en el presunto ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes.

A raíz de estas indagatorias, señaló que fue solicitada, obtenida y cumplimentada una orden de aprehensión en su contra del exmandatario estatal.

Exgobernador de Guerrero, detenido por presuntamente ocultar videos de Ayoztinapa

Posteriormente, la fiscal general Ernestina Godoy informó que la investigación permitió acreditar la posible participación del exgobernador en la destrucción de evidencia relacionada con los hechos del 26 de septiembre de 2014. Particularmente, de las imágenes de las cámaras de vigilancia instaladas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala.

Godoy detalló que la noche del 26 de septiembre de 2014 el autobús Estrella de Oro, número 1531, fue videograbado por las cámaras de seguridad 12 y 15, mientras los estudiantes eran detenidos por policías municipales y estatales.

Inicialmente se afirmó que ese material no existía por fallas técnicas del sistema. Pero la FGR afirmó que esa versión fue desmentida.

Según Godoy, un colaborador declaró que los videos sí existían y que fueron retirados para ser entregados directamente al entonces gobernador.

A ello se sumó, dijo, el testimonio de un segundo testigo protegido, obtenido en mayo de 2026. Señaló que Aguirre encabezó una reunión con altos funcionarios de su gobierno en la que presuntamente ordenó “desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia».

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El dispositivo de seguridad para el traslado incluyó vigilancia federal y estatal. Su detención ocurrió horas antes de su llegada al penal, luego de que se ejecutara la orden correspondiente. 

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), fue recapturado por su probable responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita. Una acusación que se suma a procesos previos por peculado y asociación delictuosa.

La FGR sostiene que como servidor público, tuvo participación en un esquema de lavado de dinero que utilizó el sistema financiero mexicano para ocultar recursos desviados de las arcas estatales.

Será en las próximas horas de este martes cuando inicie la audiencia correspondiente, en la que se determinará la situación legal del exgobernador. 

Caso César Duarte

César Duarte suma un nuevo capítulo legal tras su traslado al Penal del Altiplano. Una investigación por casi una década y que involucra lavado de dinero, desvío multimillonario de recursos estatales y uso irregular del sistema financiero mexicano.

César Duarte gobernó Chihuahua entre 2010 y 2016. Al terminar su gobierno, viajó a Estados Unidos para recibir atención médica después de un accidente. Sin embargo, durante su estancia en Miami, fue detenido el 8 de julio de 2020 por autoridades estadounidenses.

Luego de dos años, el 2 de junio de 2022, fue extraditado a México a petición de la Fiscalía de Chihuahua. 

Desde su extradición, Duarte ha permanecido bajo investigación por distintos señalamientos vinculados con el manejo de recursos públicos durante su administración estatal. Sus procesos han avanzado en el ámbito judicial con nuevas órdenes cumplimentadas en fechas recientes.

En 2024, tras un prolongado litigio, una jueza ordenó modificar sus medidas cautelares debido a que se había excedido el tiempo máximo de prisión preventiva. Mientras se recuperaba de una cirugía, obtuvo libertad condicional bajo arraigo domiciliario.

El 4 de octubre de 2024, se tramitó ante el Gobierno de los Estados Unidos de América la autorización para poder procesarlo por un delito distinto a los de peculado y asociación delictuosa, misma que fue concedida el 4 de diciembre de 2025.

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Petronilo Díaz Ponce Medrano, fiscal general del estado, señaló que hay dos carpetas de investigación en contra del exmandatario priista.

Agregó que es investigado por ejercicio indebido de funciones, delitos de defraudación, desvío de recursos, administración fraudulenta, entre otros delitos que cometió durante su administración (2005 a 2011).

“Derivado de las pesquisas fue conduciéndonos hasta determinar como principal operador de esta simulación (…) al exgobernador Ney González Sánchez”, resaltó el fiscal en conferencia de prensa.

Asimismo, confirmó que se solicitó la ficha roja de la Interpol para localizar al exfuncionario en otros países.

Además, mencionó que se dio inició con las labores de búsqueda de Ney González, las cuales incluyen el cateo de inmuebles ligados al exgobernador.

El expediente contiene información sobre la operación de recursos públicos, mediante empresas fantasmas, la cual corresponde a la primera orden de aprehensión por daño al erario público por cerca de 90 millones de pesos.

En tanto que la segunda orden de aprehensión contra Ney González corresponde a la defraudación que sufrió el erario del Fideicomiso de Bahía de Banderas, por alrededor de 800 millones de pesos.

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