El dispositivo de seguridad para el traslado incluyó vigilancia federal y estatal. Su detención ocurrió horas antes de su llegada al penal, luego de que se ejecutara la orden correspondiente. 

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), fue recapturado por su probable responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita. Una acusación que se suma a procesos previos por peculado y asociación delictuosa.

La FGR sostiene que como servidor público, tuvo participación en un esquema de lavado de dinero que utilizó el sistema financiero mexicano para ocultar recursos desviados de las arcas estatales.

Será en las próximas horas de este martes cuando inicie la audiencia correspondiente, en la que se determinará la situación legal del exgobernador. 

Caso César Duarte

César Duarte suma un nuevo capítulo legal tras su traslado al Penal del Altiplano. Una investigación por casi una década y que involucra lavado de dinero, desvío multimillonario de recursos estatales y uso irregular del sistema financiero mexicano.

César Duarte gobernó Chihuahua entre 2010 y 2016. Al terminar su gobierno, viajó a Estados Unidos para recibir atención médica después de un accidente. Sin embargo, durante su estancia en Miami, fue detenido el 8 de julio de 2020 por autoridades estadounidenses.

Luego de dos años, el 2 de junio de 2022, fue extraditado a México a petición de la Fiscalía de Chihuahua. 

Desde su extradición, Duarte ha permanecido bajo investigación por distintos señalamientos vinculados con el manejo de recursos públicos durante su administración estatal. Sus procesos han avanzado en el ámbito judicial con nuevas órdenes cumplimentadas en fechas recientes.

En 2024, tras un prolongado litigio, una jueza ordenó modificar sus medidas cautelares debido a que se había excedido el tiempo máximo de prisión preventiva. Mientras se recuperaba de una cirugía, obtuvo libertad condicional bajo arraigo domiciliario.

El 4 de octubre de 2024, se tramitó ante el Gobierno de los Estados Unidos de América la autorización para poder procesarlo por un delito distinto a los de peculado y asociación delictuosa, misma que fue concedida el 4 de diciembre de 2025.

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Petronilo Díaz Ponce Medrano, fiscal general del estado, señaló que hay dos carpetas de investigación en contra del exmandatario priista.

Agregó que es investigado por ejercicio indebido de funciones, delitos de defraudación, desvío de recursos, administración fraudulenta, entre otros delitos que cometió durante su administración (2005 a 2011).

“Derivado de las pesquisas fue conduciéndonos hasta determinar como principal operador de esta simulación (…) al exgobernador Ney González Sánchez”, resaltó el fiscal en conferencia de prensa.

Asimismo, confirmó que se solicitó la ficha roja de la Interpol para localizar al exfuncionario en otros países.

Además, mencionó que se dio inició con las labores de búsqueda de Ney González, las cuales incluyen el cateo de inmuebles ligados al exgobernador.

El expediente contiene información sobre la operación de recursos públicos, mediante empresas fantasmas, la cual corresponde a la primera orden de aprehensión por daño al erario público por cerca de 90 millones de pesos.

En tanto que la segunda orden de aprehensión contra Ney González corresponde a la defraudación que sufrió el erario del Fideicomiso de Bahía de Banderas, por alrededor de 800 millones de pesos.

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