Las declaraciones provocaron fuertes críticas, pues algunas personas mencionaron que con la propuesta los “invasores” de propiedades podrán comprar las viviendas baratas.

No obstante, el plan del Gobierno Federal comprende dos vías:

• La regularización de quienes empezaron a pagar una vivienda y no terminaron de hacerlo.
• La venta de casas abandonadas y que no cuentan con denuncias previas de despojo.

Durante la conferencia presidencial, el funcionario señaló que, hasta el momento, se han censado alrededor de 168 mil viviendas irregulares.

Del total, hay unas 145 mil casas habitadas por personas que inicialmente sacaron un crédito, pero que dejaron de pagar.

En algunos casos, hubo gente sin vivienda que ocupó de manera irregular las casas que se encontraban desocupadas. En tanto, las 23 mil restantes están abandonadas y/o vandalizadas.

«Alguien que de manera irregular está dentro de una vivienda, ¿qué se hace?, pues no lo vamos a sacar, pero sí le vamos a advertir que, si no se regulariza, nunca va a ser dueño de la vivienda; la puede ocupar, pero no va a ser de él. Y lo que queremos es que sea de él».

Octavio Romero Oropeza, director general del Infonavit.

La medida propone que estas viviendas se renten a un precio económico con opción de compra, lo que permitiría formalizar su estancia.

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Sheinbaum aclara la propuesta del Infonavit

En relación con esta medida, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la propiedad privada está resguardada por la Constitución.

Asimismo, precisó que el programa no contempla quitarle la vivienda a quien ya la tiene, sino resolver la situación de las propiedades abandonadas o con pagos pendientes.

«Entonces, cumpliendo la ley, cumpliéndole a los trabajadores que no hubiera ningún fraude de por medio, ni nada que tuviera que ver con una afectación a una propiedad privada o a un trabajador, pues se están viendo las opciones para que esas viviendas no queden en el abandono, o sencillamente cerrar los ojos y decir: ‘Ah, pues están ocupadas ilegalmente, no hacemos nada'».

Presidenta Claudia Sheinbaum.

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que, si una vivienda es ocupada de manera irregular y existe una denuncia por despojo, la casa no podrá ser ocupada.

«Pero nosotros sí le agregaríamos que la excepción está en que: si hay una carpeta de investigación por un despojo, ninguna autoridad puede pasar por encima de una denuncia, que es seria, en donde hay un propietario (…) Entonces, si hay un tema de un allanamiento o algo más, tendrá que investigarse».

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.

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Ya legalizaron hasta el fraude electoral.

El director del Infonavit, Octavio Romero, el mismo que quebró Pemex, disparó el huachicol y le dieron la facultad de disponer de los ahorros de los trabajadores sin su consentimiento para invertirlos en proyectos inmobiliarios, a través de una constructora que él mismo maneja, anunció un esquema para legalizar invasiones.

Asegura que, en la mayoría de 145 mil viviendas adquiridas con créditos del Infonavit que no han sido cubiertos, están habitadas por personas que se metieron ahí por supuestamente verlas desocupadas.

Informó que desde el gobierno de López Obrador se tiene la orden de no desalojarlas y, por lo tanto, podrán seguir viviendo en el predio sin problema.

Pero no solo eso, ahora tendrán incluso la opción regularizarla y escriturarla a su nombre a cambio de módicos pagos mensuales.

Al día siguiente, la secretaria de Gobernación matizó diciendo que si hubiera denuncia penal, no podría aplicarse tal procedimiento. Pero lo cierto es que en el país opera un extensa e impune industria del despojo, de manera notable en la capital y el Estado de México, la cual sería impensable sin la complicidad de funcionarios públicos y algunos notarios.

Ubican casas habitadas por personas mayores, que estén intestadas o adeuden prediales y servicios, para invadirlas, mostrar documentos de pago y escrituras falsas para llevar litigios interminables.

Incluso han llegado a expropiar predios en disputa para construir vivienda social a favor de organizaciones vinculadas al partido en el gobierno para hacer proselitismo.

El caso de la abuela Carlota en Chalco se hizo viral por hacerse justicia con propia mano. Pero muchas familias se encuentran en la misma situación de impotencia.

Y será peor después de la elección judicial, pues los improvisados juzgadores tendrán que cumplirle a quienes los pusieron en las boletas y en el acordeón, los cuales sabrán cobrar el favor. La caquistocracia obradorista, también es cleptocracia.

Fernando Belaunzarán en Instagram: @fer_belaunzaran, en X: @ferbelaunzaran

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