La anoche de ayer, un juez de control del Tribunal Superior de Justicia de Jalisco, Felipe de Jesús Rivera, dictó que no existían pruebas suficientes para vincular a proceso a Gabriela Escamilla.

La imputada estuvo recluida desde el 9 de diciembre pasado, en el penal de Puente Grande, Jalisco.

Se sabe que Gabriela Escamilla denunció con una fotografía el abuso sexual que sufría tentativamente su sobrina de seis años de edad.

Fue el 24 de noviembre del 2021 cuando la detenida observó que algo andaba mal con la menor.

En ese sentido, procedió a tomarle una fotografía y denunció el posible abuso que era presuntamente cometido por el propio padre Gabriel «N».

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Sin embargo, cuando presentó la denuncia ante las autoridades, resultó contraproducente, pues la Fiscalía General de Justicia inició una averiguación en su contra.

A ella la acusaron de haber violado la intimidad de su sobrina al presentar las pruebas de su cuerpo en foto, es decir, aplicaron la reciente «Ley Olimpia».

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Debido a ello, diversos colectivos de mujeres jaliscienses empezaron a manifestarse ante el caso que, expresaron, era una injusticia.

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El dictamen se aprobó por unanimidad de los 480 legisladores y el agregado se realizó al artículo 20 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, conocida como ‘Ley Olimpia’.

De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Julieta Vences Valencia, esta iniciativa busca ampliar el concepto de violencia digital.

Por lo que se incluyó toda acción dolosa de difusión o exhibición de contenido íntimo que “no necesariamente se consuma, pero que sí busca extorsionar o amenazar a las mujeres”.

Agregó que el término “sextorsión” hace referencia al “chantaje de un ciberdelincuente para que la víctima realice determinada acción o entregue una cantidad de dinero bajo la amenaza constante de publicar o compartir imágenes íntimas de ella”.

Por su parte, el diputado Alberto Batun Chulim señaló que actualmente esta es una de las conductas antisociales más recurrentes.

Por ello, destacó que “se debe prevenir, atender, investigar y erradicar la violencia digital, al incorporar la extorsión como parte de ésta”.

La diputada Vences argumentó que datos del Inegi muestran que “36.4 por ciento de las mujeres de entre 20 y 29 años de edad que utilizaron Internet en 2019 fueron víctimas de ciberacoso en los últimos doce meses, frente al 27.2 por ciento de los hombres”. 

Agregó que cerca de 70 por ciento de las víctimas son adolescentes y mujeres, por lo que estos actos las “afecta de forma desproporcionada por su propio género”.

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