La Ley General en Materia de Extorsión fue aprobada por unanimidad de 110 votos a favor.

La nueva ley modifica otros cinco ordenamientos para uniformar, homologar y armonizar las definiciones de ese delito en todo el país. Así como las conductas agravantes y vinculadas, las sanciones, los estándares y protocolos para su investigación.

En lo particular, el Pleno avaló el documento con la incorporación de dos modificaciones. Las reservas aceptadas son precisiones en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. La primera en los artículos 3, 33 y 41, para incluir la perspectiva de género al momento de atender a las víctimas de extorsión.

Ley para combatir la extorsión endurece castigos

La segunda modifica el artículo 17, para precisar que se aumentarán las penas por extorsión cuando se empleen dispositivos, medios, servicios o plataformas. A través de los cuales se pueda realizar la emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, datos, sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúe a través de hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos, sistemas electromagnéticos o cualquier otro medio electrónico. El umbral de la pena por la comisión por este delito aumenta en un rango de 15 a 25 años.

Asimismo, plantea que se aplicará pena de 10 a 20 años de cárcel a los servidores públicos con atribuciones de prevención, investigación y persecución de los delitos. Así como de procuración o impartición de justicia o de vigilancia y custodia en los centros penitenciarios, que se abstengan de denunciar ante el Ministerio Público los delitos de extorsión.

También se establece una pena de seis a 12 años de prisión a quien, sin autorización, introduzca a un centro penitenciario algún dispositivo electrónico o componente que permita la transmisión de datos, voz, geolocalización o imágenes mediante telefonía fija o móvil, radiofrecuencia satelital, Internet o tecnología análoga.

Otro cambio destaca que la mayor penalidad para este delito será de 42 años y se aplicará, en general, a los extorsionadores que operan desde los centros penitenciarios, se ostenten como miembros de un grupo criminal o recurra a la violencia física o moral en general, y en particular a quien lo haga con la finalidad de exigir el cobro de un daño derivado de un accidente vehicular, provocado o intencional, conocidos como montachoques.

También se sancionará con hasta 37 años a quien extorsione a grupos de migrantes o utilice información privada de las víctimas. Y hasta de 33 años por cobro de piso a quienes realizan actividades empresariales, comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas y pesqueras. 

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