Fue la jueza federal Katherine Polk Failla quien mantuvo la fecha de la vista inicial del caso contra el exsecretario de Seguridad de Sinaloa.

La decisión de la jueza se da luego de que el fiscal federal de Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, solicitó que la primera vista contra Mérida fuera a partir del 3 de junio.

En una misiva, el fiscal Clayton propuso los días 3, 4, 5, 10, 11 y 12 de junio” o “cualquier otra fecha posterior”, para la presentación del exfuncionario.

El fiscal también pidió a la jueza Polk que excluya de los plazos de la Ley de Juicio Rápido el tiempo que transcurra “hasta la próxima fecha de conferencia” que las partes le han pedido determinar, a partir del 3 de junio, para “facilitar discusiones previas al juicio”.

Sin embargo, la jueza rechazó la petición. Estableció que las partes comparezcan en una audiencia preliminar el próximo lunes 1 de junio a las 12:00 hora local, en el Palacio de Justicia Thurgood Marshall.Thurgood Marshall, en el Bajo Manhattan, Nueva York.

Gerardo Mérida es uno de los principales imputados en la acusación formal presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra políticos y mandos de seguridad durante el gobierno de Rubén Rocha en Sinaloa. Según la acusación habrían recibido sobornos millonarios y apoyo electoral a cambio de proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa.

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Esto sucede un mes después de la acusación de autoridades de Estados Unidos en su contra sobre presuntos vínculos con el narcotráfico.

A través de un mensaje en redes sociales, el legislador morenista afirmó que acudió al Senado desde el día de ayer para atender la convocatoria de la sesión extraordinaria programada para el 28 y 29 de mayo.

Sin embargo, Inzunza señaló que decidió separarse temporalmente de las sesiones legislativas ante lo que calificó como una “embestida mediática” impulsada por “personeros y medios de la derecha”.

En su publicación, Enrique Inzunza informó que será su suplente, el arquitecto Omar López Campos, quien participe en las sesiones extraordinarias del Senado.

“Para lo cual estoy presentando la solicitud de licencia condigna”, escribió.

Asimismo, aseguró que continuará respaldando a la bancada de Morena en las reuniones de comisiones y en el Pleno “con opiniones y argumentos a favor de los dictámenes que son materia de la deliberación”.

En días pasados, Enrique Inzunza acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, Sinaloa, a declarar como testigo en la investigación relacionada con funcionarios señalados por presuntos nexos con el crimen organizado.

La indagatoria involucra a 10 personas, entre funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, de los cuales dos, ya se entregaron a la justicia de Estados Unidos. 

Esto, tras la solicitud del gobierno estadounidense para detener “urgentemente”, con fines de extradición, a las citadas personas. Solicitud que el gobierno de México rechazó, y por ello indicó a la FGR iniciar las indagatorias.

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Aunque al momento ninguna autoridad ha dado detalles de la entrega del exfuncionario de Sinaloa, diversos medios reportan que acudió ante las autoridades de Nueva York, tras las acusaciones en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Las versiones extraoficlales señalan que el exfuncionario viajó desde algún país de Europa a Nueva York para acordar su entrega voluntaria.

Enrique Díaz Vega fue acusado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de haber colaborado en operaciones relacionadas con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la célula de ‘Los Chapitos’.

De acuerdo con las investigaciones, habría participado en el proceso que llevó a Rubén Rocha a la gubernatura, entregando al grupo criminal información sobre adversarios políticos de Rocha Moya para intimidarlos у abandonaran la contienda electoral.

Las autoridades estadunidenses señalan que Díaz Vega habría ayudado a colocar funcionarios corruptos para proteger las operaciones de narcotráfico en la entidad.

Según la acusación, Díaz Vega, que fungió como secretario de Finanzas de Sinaloa de noviembre de 2021 a septiembre de 2024, habría sido el enlace entre funcionarios estatales y miembros del grupo criminal.

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Gerardo Mérida fue detenido en Arizona el lunes 11 de mayo y compareció ante un juez federal en Tucson el martes, según registros judiciales desclasificados el jueves.

El exfuncionario fue trasladado a la ciudad de Nueva York donde fue ingresado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Esto, según datos del Sistema Penitenciario de Estados Unidos.

Apenas el pasado 7 de mayo un juez federal con sede en Michoacán, le había otorgado un amparo para frenar su posible detención y extradición.

Mérida Sánchez ocupó el cargo de Secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Rubén Rocha Moya de septiembre de 2023 a diciembre de 2024.

Gerardo Mérida, entre los acusados por EU de vínculos con el narcotráfico

Tanto el gobernador Rubén Rocha como Gerardo Mérida Sánchez fueron señalados en una acusación formal en el Tribunal federal de Manhattan el pasado 29 de abril, por haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para introducir cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos.

Según la acusación, Mérida recibió sobornos de 100 mil dólares mensuales en efectivo de la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa a cambio de no interferir en sus operaciones de tráfico de drogas y avisarles con antelación de las redadas policiales en los laboratorios de drogas.

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La declaración del director de la DEA ocurrió durante la audiencia en el Senado. Cole fue cuestionado por el senador republicano John Kennedy, sobre la acusación presentada contra Rocha Moya por presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa.

“No hay duda de que los narcotraficantes y altos funcionarios del Gobierno mexicano han estado involucrados durante años”, declaró Cole.

Cole afirmó que funcionarios mexicanos que colaboran con organizaciones criminales son “igual de responsables” de las muertes provocadas por el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. 

“Son igual de responsables de la muerte y destrucción de estadounidenses por cooperar y ayudar a que este veneno cruce la frontera”, declaró.

Asimismo, lanzó una advertencia sobre futuras investigaciones en México: “Puedo asegurarle que esto apenas es el comienzo de lo que viene para México”.

Por su parte, el senador Kennedy señaló que gobiernos mexicanos anteriores mostraron tolerancia frente a los cárteles.

“Cuando un presidente anterior de México compite con una plataforma de ‘abrazos, no balazos’ respecto a los cárteles, eso dice mucho sobre lo que están dispuestos a tolerar”. Señaló en referencias a la política de seguridad aplicada durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

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Están moralmente putrefactos. 
El obradorato vive su peor crisis. El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó al gobierno mexicano detener con fines de extradición al gobernador Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza, al alcalde Juan de Dios Gámez y a otros siete funcionarios, después de que un gran jurado en Nueva York encontrara su probable responsabilidad por contubernio con el Cártel de Sinaloa.

Pero en lugar de cumplir con el tratado suscrito, decidieron proteger a sus criaturas. Ahí se establece la detención cautelar de los acusados y el país requiriente tiene sesenta días para presentar las pruebas al juez de la causa. En lugar de eso, la cancillería mexicana pidió una opinión no estipulada a la Fiscalía General que, como es del dominio público, sirve a los intereses facciosos del régimen y se negó a proceder.

Quienes extendieron la prisión oficiosa, tienen más de 100 mil presos sin sentencia y le entregaron a ese país 92 mexicanos sin juicio, alegan presunción de inocencia y defensa de la soberanía para justificar la protección de sus correligionarios. Es verdad que Rocha Moya se vio obligado a pedir licencia, pero dejó en su lugar a quien garantiza la continuidad de su gobierno coludido.

Piden pruebas, pero desde su elección en 2021 quedó documentada la participación criminal para favorecerlo, al grado de levantar a más de 200 operadores de su rival. El Mayo Zambada aseguró que lo secuestraron donde se iba a encontrar con él y Melesio Cuén, a quien ahí mismo privaron de la vida, pero la fiscalía estatal realizó un montaje para decir que fue en una gasolinera.

El problema es grave y rebasa Sinaloa. Son muchos lugares donde un cártel decide quiénes compiten y quiénes ganan los comicios, lo que les da control del presupuesto, de la policía y del territorio. Es el resultado de los abrazos de López Obrador, quien para ganar no dudó en aliarse con el diablo. Luchar por la soberanía pasa por recuperar al país del crimen.

Fernando Belaunzarán en Instagram: @fer_belaunzaran, en X: @ferbelaunzaran

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*Los textos publicados en la sección de Opinión son responsabilidad exclusiva del autor.

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