Los voceros del régimen se apresuraron a felicitar al gobernador, insistiendo en la mentira de la falta de pruebas.A pesar de que la televisión pública alemana DW, acaba de transmitir un documental sobre la participación criminal en la elección de Rocha de 2021.

Pero pronto tuvieron que recular, desnucándose con la maroma.

Frente a la ola de deslindes y un tuit de la Presidenta en el que, sin mencionarlo, cuestiona a quienes ponen por delante el interés personal, Rocha Moya pidió de nuevo licencia.

Duró solo 34 horas en el cargo y se confirmó que su reputación no tiene salvación. Sin embargo, sigue gozando de impunidad y la sustituta nombrada, Graciela Domínguez, lo acompaña desde la Universidad de Sinaloa y estuvo con él en su paso por el PRD. Fue su secretaria de Educación y la promovió a la diputación federal, desde donde lo apoyó, descalificando las acusaciones en su contra. Rocha se fue, pero el rochismo permanece.

Si el motín del efímero retorno buscaba mantener la protección del obradorato e incidir en la sucesión, cada día que pasa sin que Rocha Moya sea entregado a Estados Unidos demuestra que lo logró.

Inzunza conservará el fuero en una salida pactada de la bancada y la FGR quiere que Fausto Corrales, asistente de Melesio Cuén, cargue con el montaje de la gasolinera, exonerando a la entonces fiscal, Sara Bruna Quiñonez.

Rocha es un cadáver político, cuya impunidad incrimina a Morena, pero no le tocan ni un pelo. Imagínense lo que sabe.

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El Ágora

por Ana Gómez

El caso de Rubén Rocha Moya se convirtió, sin quererlo, en una prueba de carácter para la Cuarta Transformación. El gobernador de Sinaloa, señalado desde abril por una acusación de la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, pidió licencia, se ausentó 112 días y el 21 de agosto reapareció sin avisar a nadie para retomar el cargo. Poco más de treinta horas después volvió a pedir licencia, ahora indefinida. Entre el ir y venir quedó una certeza. Cada movimiento fue suyo y de nadie más.

Conviene subrayarlo, porque ahí está el fondo del asunto. No hubo instrucción del partido, ni gestión desde Palacio Nacional, ni una jugada coordinada desde arriba. Hubo un gobernador tomando decisiones por su cuenta, y un movimiento que, en lugar de seguirlo, marcó distancia.

Una decisión personal

La reacción del gobierno federal y de Morena fue clara y, para los estándares de la política mexicana, inusual. Morena informó por escrito que “no tuvo conocimiento previo de la decisión personal del gobernador”. La Secretaría de Gobernación repitió la fórmula y habló de una “decisión personal”. No hubo cobijo, no hubo el clásico cierre de filas, no hubo el viejo reflejo de proteger al de casa a cualquier costo.

La presidenta Claudia Sheinbaum fue todavía más directa. El sábado escribió una frase que funciona casi como línea editorial de todo el sexenio. “Ningún interés personal puede estar jamás por encima de los intereses del pueblo y de la Nación”. Dos días después, en la mañanera, calificó el regreso de Rocha de “imprudente” y “no pertinente”, y aclaró que se enteró “por la publicación del propio gobernador”. Nadie le avisó. Nadie salió a defenderlo. Dentro del propio Morena, voces como la de Ricardo Monreal le pidieron abiertamente reconsiderar mientras la Fiscalía General de la República concluye sus investigaciones. Esa distancia no es un detalle menor. Es, en los hechos, una definición.

Más grande que un nombre

Para dimensionarlo hay que mirar hacia atrás. Durante décadas, cuando un gobernador quedaba embarrado, el sistema entero se movía para blindarlo. El fuero servía de escudo, el partido de coartada, el presidente de padrino. El poder se organizaba alrededor de las personas, y las personas se volvían intocables. Un gobernador incómodo no se soltaba; se protegía, se negociaba, se escondía debajo de la alfombra hasta que pasara la tormenta.

Lo que se vio con Rocha apunta en otra dirección. Ni la presidenta ni el partido salieron a cargarlo en hombros. Al contrario, tomaron distancia y dejaron que las instituciones, la FGR y el Congreso de Sinaloa, siguieran su curso. El mensaje, dicho sin adornos, es que nadie está por encima del proyecto. Ni un gobernador, ni un fundador, ni un histórico.

Y ahí hay una idea que vale la pena defender. Un movimiento que se sostiene en una sola figura es frágil, porque cae con ella. Basta derribar a una persona para derribarlo todo. Un proyecto que se sostiene en una idea, la de gobernar para las mayorías, puede sobrevivir a los errores, y hasta a las traiciones, de cualquiera de sus integrantes. Esa parece ser la apuesta de fondo de la Cuarta Transformación, no depender de ningún indispensable, no tener un solo hombre imprescindible cuya caída signifique la caída del conjunto.

Lo que falta

Ahora bien, tomar distancia no es lo mismo que hacer justicia, y sería un error confundir una cosa con la otra. Mientras se resuelve el futuro político de Rocha, Sinaloa sigue sangrando. Los homicidios en el estado crecieron cerca de 75 por ciento en 2025, el mayor incremento del país; miles de empleos se perdieron entre cierres y desplazamientos; y el asesinato de Héctor Cuén, ocurrido el mismo día del secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada, todavía carga contradicciones que nadie ha terminado de aclarar.

El desmarque político es un buen comienzo, pero no puede ser el punto final. La vara con la que se medirá a la Transformación no es la rapidez con la que suelta a un gobernador incómodo, sino la seriedad con la que investiga y la paz que le devuelve a un estado exhausto. Distanciarse de una persona es fácil cuando esa persona ya se volvió un problema; lo difícil, y lo verdaderamente valioso, es garantizar que las víctimas no se queden esperando justicia.

Por eso conviene celebrar lo que hay que celebrar sin perder el piso. Que Morena y la presidenta hayan preferido el proyecto por encima de la lealtad personal dice algo bueno sobre la naturaleza de este movimiento. No es propiedad de nadie y no cabe en una sola persona. Pero esa misma firmeza tiene que llegar hasta donde de verdad duele. Un movimiento se pone a prueba no cuando todo marcha bien, sino cuando alguien de casa se equivoca. La primera parte del examen, no taparlo, parece resuelta. Falta la más importante, que es la justicia para las víctimas y la seguridad para quienes, en Sinaloa, llevan dos años viviendo bajo el fuego.

Sigue a Ana Gómez en X: @AnaGomezCalzada

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Durante una sesión extraordinaria, Graciela Domínguez fue designada como gobernadora interina, con una votación de 31 votos a favor, seis en contra y tres abstenciones.

Tras la votación, la nueva mandataria estatal rindió protesta ante el Pleno del Congreso local.

Cabe recordar que Rubén Rocha regresó a la gubernatura el viernes 21 de agosto, luego de una licencia de más de tres meses, tras las acusaciones del gobierno de Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.

Su regreso duró apenas un día luego de que envió al Congreso una nueva solicitud para separarse del cargo por tiempo indefinido. 

“Haremos una revisión», dice Graciela Domínguez

Graciela Domínguez Nava es una política sinaloense de Morena. Ha sido diputada local en dos ocasiones, y diputada federal en una.

También fue secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa en la primera etapa de la administración  Rocha Moya.

Tras ser designada, la nueva gobernadora interina sostuvo este martes su primera reunión con miembros del gabinete en el Palacio de Gobierno del estado.

En su primer mensaje llamó a su equipo de trabajo a laborar «para la construcción de un mejor Sinaloa, y brindar resultados en el corto plazo en beneficio de los sinaloenses».

Asimismo, dijo que su compromiso con los sinaloenses es trabajar para restablecer la paz y la seguridad en el estado. 

Cuestionada por medios locales sobre si habría cambios en su gabinete, la morenista dijo «Vamos a estar comunicándoles posteriormente cómo vamos a trabajar. Haremos una revisión».

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«La Secretaría de Gobernación informa que la decisión del doctor Rubén Rocha Moya de reincorporarse a sus funciones como gobernador del estado de Sinaloa,responde exclusivamente a una determinación de carácter personal».

En un comunicado también indicó que la Fiscalía General de la República mantiene abiertas carpetas de investigación relacionadas con las 10 personas señaladas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre ellas el gobernador de Sinaloa.

Asimismo, recordó que la Secretaría de Relaciones Exteriores ha solicitado reiteradamente a las autoridades estadounidenses pruebas sobre las acusaciones.

Ante esta situación, indicó que corresponde a la FGR, dentro de sus atribuciones y conforme avance el proceso de investigación, proporcionar la información adicional que considere pertinente.

Morena se deslinda de Rocha Moya

En un comunicado, afirmó que el regreso a funciones del gobernador de Sinaloa fue una decisión personal, de la cual el partido «se deslinda».

Recordó que «la separación del cargo por parte del doctor Rocha Moya sucedió posterior a las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, por lo cual la FGR y diversas autoridades mexicanas mantienen las investigaciones al respecto».

Diputados de Morena piden a Rocha solicitar licencia

El líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, llamó al gobernador Rubén Rocha a reconsiderar su regreso y a solicitar licencia de nuevo. 

Monreal respaldó la versión del gobierno federal y de Morena de que el regreso de Rocha es una «decisión personalísima».

A través de un comunicado, los diputados de Morena pidieron al gobernador de Sinaloa reconsiderar su decisión y pedir licencia a fin de que la FGR termine las investigaciones.

Por su parte, Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde en el Senado, expresó que su bancada no respalda ni comparte la decisión personal “del Sr. Rubén Rocha por considerarla imprudente”.

Oposición rechaza regreso de Rocha Moya

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, expresó que su partido desconoce por completo al gobierno de Rocha Moya, y calificó el regreso como un «acto de absoluto cinismo por parte de un aliado del crimen organizado».

Por su parte, el dirigente de MC, Jorge Alvarez Maynez, dijo que en el hecho «las autoridades le han fallado a las víctimas, a Sinaloa y a México».

Igualmente, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno señaló que el gobernador regresa «luego de esconderse 112 días , apostándole a que su caso se enfríe y sin aclarar una sola palabra sobre los graves señalamientos de Estados Unidos en su contra».

Gobernadores de Morena rechazan regreso de Rocha

Más tarde, los gobernadores de gobernadores de Morena rechazaron la decisión de Rocha Moya de regresar a la gubernatura de Sinaloa. A través de un comunicado expresaron su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

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A través de un mensaje en X, confirmó su regreso al ejecutivo estatal y señaló que continuará ejerciendo el mandato hasta que concluya el 31 de octubre de 2027.

El gobernador había solicitado licencia temporal al Congreso de Sinaloa el pasado 1 de mayo. De acuerdo con lo expuesto en su publicación, durante este periodo decidió ponerse a disposición de las instituciones mexicanas para que se investigaran las acusaciones en su contra.

En su mensaje, volvió a rechazar las acusaciones y afirmó que se trató de señalamientos sin sustento.

El 23 de abril pasado, el Departamento de Justicia de EU presentó una acusación formal ante el Distrito Sur de Nueva York contra Rubén Rocha y nueve funcionarios o exfuncionarios de Sinaloa. Entre ellos, el senador Enrique Inzunza y el presidente municipal de Culiacán con licencia Juan de Dios Gámez Mendívil.

Estados Unidos los acusa de los delitos de conspiración para importar narcóticos, narcotráfico, corrupción y posesión de armas de fuego. Los señala específicamente de nexos con el Cártel de Sinaloa, particularmente con «Los Chapitos» para traficar cantidades masivas de droga a cambio de sobornos y apoyo electoral.

Por lo anterior, el gobierno estadounidense solicitó su detención con fines de extradición.

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De acuerdo con el registro federal, Mérida Sánchez, identificado con el número 62685-512, ya no está a cargo de esta agencia desde el pasado 11 de agosto. El exfuncionario permaneció detenido en Nueva York durante tres meses por acusaciones de vínculos con el narcotráfico.

Hasta este lunes, no se sabe si fue traslado a otro lugar pues en los registros judiciales no aparece ninguna confirmación. Una posibilidad es que se encuentre en otro esquema de custodia relacionada con una cooperación con las autoridades estadounidenses.

El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa fue detenido en mayo pasado por las autoridades de Estados Unidos. Posteriormente fue trasladado al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, Nueva York, para enfrentar cargos relacionados con presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. 

De acuerdo con la acusación de autoridades estadounidenses, habría colaborado con la facción de ‘Los Chapitos’ a cambio de sobornos.

Mérida Sánchez estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública de ese estado durante el gobierno de Rubén Rocha, también señalado de tener vínculos con el crimen organizado.

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En el mensaje, el gobernador con licencia de Sinaloa, negó las versiones que apuntaban a que estaría resguardado en una instalación militar.

“Desde el día 1 de mayo hasta hoy he permanecido, sin moverme, en mi domicilio en la ciudad Culiacán. No me protegen ni resguardan elementos de corporación federal alguna”. Se lee en el texto que no fue acompañado por una foto o un video.

De este modo, negó las versiones de dos medios que señalaron que se encontraba en una instalación militar, tras un operativo para cambiar su ubicación.

En su mensaje, también acusó ser  víctima de una “atroz embestida mediática de calumnias y de imputaciones sin sustento fáctico ni legal alguno”. Y aseguró que son “falsas” las acusaciones del gobierno de Estados Unidos.

Este jueves se cumplen 69 días desde la última aparición pública de Rocha Moya, desde que anunció que pediría licencia al Congreso de Sinaloa. 

FGR reservará 5 años expediente de comparecencia de Rocha Moya

La Fiscalía General de la República (FGR) reservó por cinco años las preguntas realizadas al gobernador con licencia de Sinaloa, durante la comparecencia que sostuvo en mayo pasado, en el marco de la investigación por presuntos vínculos con el narcotráfico, según El Universal.

Ante una solicitud de información, determinó que la información permanecerá clasificada hasta 2031 al considerar que su difusión podría revelar líneas de investigación, evidencias y posibles medios de prueba integrados en una carpeta aún en trámite.
Argumentó que hacer públicos los cuestionamientos pondría en riesgo las diligencias del Ministerio Público Federal y podría afectar el desarrollo de la investigación. Además de vulnerar derechos de las personas involucradas.

SRE difunde conversaciones con EU sobre las solicitudes de extradición

La Secretaria de Relaciones Exteriores informó que en atención a las solicitudes de acceso a información relacionadas con las peticiones de detención provisional con fines de extradición formuladas por Estados Unidos, transparenta dicha información. Esto, a excepción de las notas diplomáticas relativas a expedientes judiciales que, por su naturaleza, tienen carácter reservado.

La SRE resalta que México no permitirá ninguna injerencia externa. Además, reitera que si no hay pruebas contra los acusados y no se les somete al procedimiento de extradición, porque se vulneraría su derecho al debido proceso.
En el documento, la SRE compartió las acusaciones contra los funcionarios de Sinaloa. 

EU acusa a Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, y a otras nueve personas de narcotráfico

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Tras más de 50 días de ausencia en actividades legislativas, el senador Enrique Inzunza reapareció hoy al participar de forma virtual en una reunión de la Comisión de Justicia del Senado.

A través de su cuenta en X, el legislador de Morena compartió un video de su intervención.

“El día de hoy, las y los integrantes de la Comisión de Justicia del @senadomexicano, celebramos reunión de trabajo en el marco del análisis y estudio para dictaminar la nueva Ley General de Justicia Cívica e Itinerante”, escribió.

Durante su participación, reconoció el trabajo realizado en la elaboración del proyecto de la nueva Ley General de Justicia Cívica e Itinerante y afirmó que aún existen aspectos que deben perfeccionarse antes de su aprobación. 
Señaló que la iniciativa debe definir con mayor claridad las facultades de las autoridades administrativas y pidió cuidar el uso de los términos “detención” y “flagrancia” dentro de la nueva ley.

La acusación de EU contra Inzunza

El pasado 29 de abril, el Departamento de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, así como de otros nueve funcionarios, entre ellos Inzunza, por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Enrique Inzunza quien fue secretario general de Gobierno de Sinaloa, presuntamente sostuvo reuniones con integrantes de Los Chapitos para acordar acciones de protección a ese grupo y favorecer la designación de funcionarios que facilitaran sus operaciones.

En varias ocasiones, el senador aseguró que las acusaciones estadounidenses carecen de sustento. Posteriormente solicitó licencia temporal al Senado.

A inicios de junio, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, informó que el senador Enrique Inzunza no será convocado a las sesiones de la Comisión Permanente del Congreso, duravte el resto del periodo legislativo, para evitar que su casal genere confrontaciones políticas o “un show mediático”.

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Fue la jueza federal Katherine Polk Failla quien mantuvo la fecha de la vista inicial del caso contra el exsecretario de Seguridad de Sinaloa.

La decisión de la jueza se da luego de que el fiscal federal de Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, solicitó que la primera vista contra Mérida fuera a partir del 3 de junio.

En una misiva, el fiscal Clayton propuso los días 3, 4, 5, 10, 11 y 12 de junio” o “cualquier otra fecha posterior”, para la presentación del exfuncionario.

El fiscal también pidió a la jueza Polk que excluya de los plazos de la Ley de Juicio Rápido el tiempo que transcurra “hasta la próxima fecha de conferencia” que las partes le han pedido determinar, a partir del 3 de junio, para “facilitar discusiones previas al juicio”.

Sin embargo, la jueza rechazó la petición. Estableció que las partes comparezcan en una audiencia preliminar el próximo lunes 1 de junio a las 12:00 hora local, en el Palacio de Justicia Thurgood Marshall.Thurgood Marshall, en el Bajo Manhattan, Nueva York.

Gerardo Mérida es uno de los principales imputados en la acusación formal presentada por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra políticos y mandos de seguridad durante el gobierno de Rubén Rocha en Sinaloa. Según la acusación habrían recibido sobornos millonarios y apoyo electoral a cambio de proteger las operaciones del Cártel de Sinaloa.

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Esto sucede un mes después de la acusación de autoridades de Estados Unidos en su contra sobre presuntos vínculos con el narcotráfico.

A través de un mensaje en redes sociales, el legislador morenista afirmó que acudió al Senado desde el día de ayer para atender la convocatoria de la sesión extraordinaria programada para el 28 y 29 de mayo.

Sin embargo, Inzunza señaló que decidió separarse temporalmente de las sesiones legislativas ante lo que calificó como una “embestida mediática” impulsada por “personeros y medios de la derecha”.

En su publicación, Enrique Inzunza informó que será su suplente, el arquitecto Omar López Campos, quien participe en las sesiones extraordinarias del Senado.

“Para lo cual estoy presentando la solicitud de licencia condigna”, escribió.

Asimismo, aseguró que continuará respaldando a la bancada de Morena en las reuniones de comisiones y en el Pleno “con opiniones y argumentos a favor de los dictámenes que son materia de la deliberación”.

En días pasados, Enrique Inzunza acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, Sinaloa, a declarar como testigo en la investigación relacionada con funcionarios señalados por presuntos nexos con el crimen organizado.

La indagatoria involucra a 10 personas, entre funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, de los cuales dos, ya se entregaron a la justicia de Estados Unidos. 

Esto, tras la solicitud del gobierno estadounidense para detener “urgentemente”, con fines de extradición, a las citadas personas. Solicitud que el gobierno de México rechazó, y por ello indicó a la FGR iniciar las indagatorias.

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