Ante ello, la Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que procederá legalmente contra un juez y tres magistrados; esto por ir en contra de la procuración de justicia en el caso García Luna.

Puntualizaron que violaron el artículo 224 del Código Penal Federal.

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La autoridad judicial indicó que el juez de control Gerardo Genaro Alarcón negó llevar a cabo una orden de aprehensión por el ingreso injustificado de más de 43 millones de pesos de García Luna.

Esa cantidad de dinero no se estipulaba en sus declaraciones patrimoniales y fiscales, por lo que se obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

FGR procederá legamente contra magistrados en caso García Luna

Se dice que esos sobornos se llevaron a cabo cuando Genaro García era servidor público en los sexenios de 2000 a 2012. Esta decisión fue respaldada por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación.

Asimismo, la FGR informó que fue retirada una orden de aprehensión en contra de Genaro García Luna por enriquecimiento ilícito.

Debido a que esa suma de dinero no constaba en sus declaraciones patrimoniales y fiscales, se obtuvo una orden de aprehensión en su contra por el delito mencionado.

Es preciso mencionar que actualmente, Genaro García Luna se encuentra en el Centro Metropolitano de Detención de Nueva York, en Estados Unidos (EEUU).

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El exfuncionario fue declarado culpable de tres cargos de narcotráfico y uno de falso testimonio.

Cabe destacar que García Luna ha sido acusado por diversos actos de corrupción y vínculos con el crimen organizado.

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Por ello, el proceso judicial en contra del exfuncionario se encuentra en una situación complicada.

Anteriormente, la FGR había presentado comprobantes financieros de bancos suizos y de transferencias de recursos a empresas offshore, que ofreció como prueba de los sobornos a Lozoya.

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Es importante recordar que se trata de sobornos por 10.5 millones de dólares que Lozoya Austin recibió de la constructora brasileña.

Sin embargo, los magistrados del tribunal colegiado determinaron modificar la decisión del juez de control Gerardo Alarcón López.

Esto para admitir el medio de prueba relacionado con el procedimiento judicial iniciado en Nueva York contra Odebrecht.

En este sentido, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal confirmó el desechamiento de las pruebas bancarias que la FGR considera clave. A pesar de ello, la FGR puede impugnar vía amparo la decisión del Primer Tribunal Colegiado.

La exclusión de estas pruebas ha dejado a la FGR sin argumentos sólidos para comprobar los sobornos que Lozoya recibió de la constructora brasileña.

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El caso contra Lozoya es parte de una investigación más amplia sobre la corrupción en México, que ha involucrado a exfuncionarios y empresarios en un escándalo que ha sacudido a la política y los negocios del país.

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