Redacción México Habla 
Foto: WIRED.
Este martes el Senado aprobó el proyecto para expedir la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.
La nueva legislación busca reducir el uso de dinero en efectivo. Promueve la adopción de pagos electrónicos y digitales en los trámites gubernamentales, así como en la adquisición de bienes y servicios.
El documento fue aprobado con 72 votos a favor por parte de Morena y aliados, y 34 en contra del PAN, PRI y MC. Tras su aval, fue remitido al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Con la nueva ley, la CURP Digital será aceptada para la contratación de servicios financieros. Asimismo, contempla los códigos QR, dispositivos de comunicación de campo cercano (NFC), tarjetas bancarias, domiciliación y las transferencias, entre otros, como nuevas formas de pago.
Además, ordena a las autoridades de los tres órdenes de gobierno a aceptar este tipo de pagos en línea en trámites y servicios.
Hacienda determinará dónde serán obligatorios los pagos digitales
También faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a determinar, en un plazo de 15 días hábiles, los sectores estratégicos y actividades relevantes en los que los pagos digitales serán la única forma de pago.
Al respecto, el senador de Morena, Ricardo Sheffield, advirtió que dejar en manos del titular de Hacienda esa decisión podría generar monopolios y control de precios. Consideró un gravísimo error que un tecnócrata designado es el que tenga la facultad de poder decidir en algo tan delicado.
Por su parte, el senador panista José Máximo García cuestionó que la Secretaría de Hacienda pueda determinar los sectores en los que el pago digital será obligatorio, sin que existan criterios suficientemente claros.
Senadores del PAN, PRI y MC, advirtieron también que la nueva ley podría imponer costos adicionales a comerciantes y consumidores. Además de ampliar la vigilancia gubernamental sobre las operaciones financieras.
La nueva Ley de Economía Digital también generó cuestionamientos por parte de legisladores de oposición al señalar las dificultades que podría representar para la población que no tiene acceso a internet o a servicios bancarios.
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