¿Fiscalización o blindaje? El «Traje a la medida»

¿Fiscalización o blindaje? El “Traje a la medida”

El Ágora

Por Ana Gómez

La convocatoria pública inicia con el registro de aspirantes ante el Congreso, seguido por comparecencias técnicas y concluye con la votación de mayoría calificada parlamentaria.

¿Qué es el OSFAGS?

El Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Aguascalientes (OSFAGS) representa la piedra angular de la rendición de cuentas en la entidad. Jurídicamente, se define como un órgano técnico auxiliar del H. Congreso del Estado, dotado de autonomía técnica y de gestión, además de contar con personalidad jurídica y patrimonio propios. 

Su función primordial, estipulada en la normativa estatal, consiste en la revisión y fiscalización de las cuentas públicas de los tres poderes del Estado, los Ayuntamientos, los organismos autónomos y cualquier ente que ejerza recursos públicos. 

Bajo los principios de legalidad, imparcialidad, confiabilidad y anualidad, el OSFAGS tiene la potestad de realizar auditorías, visitas domiciliarias e inspecciones para verificar que el gasto se haya ejercido conforme a los presupuestos aprobados. Además de la revisión contable, el órgano evalúa el desempeño de las políticas públicas para asegurar que los planes y programas cumplan con sus objetivos sociales, teniendo la facultad de promover responsabilidades administrativas o resarcitorias ante el Tribunal de Justicia Administrativa cuando se detectan daños al erario.

Nuevo titular del OSFAGS

Para el proceso de designación de la persona titular para el periodo 2026-2034, el escenario político se ha tornado complejo tras el cierre de los registros. Según la información oficial de marzo de 2026, cinco perfiles han logrado avanzar hacia las etapas finales de evaluación ante la Comisión de Vigilancia. 

La lista está encabezada por Juan Pablo Gómez Diosdado, quien se desempeñaba como titular de la Contraloría del Gobierno del Estado desde 2022 y posee antecedentes legislativos como diputado local. Junto a él compite Hugo Castañón Mercado, con experiencia previa en auditoría dentro del municipio de Aguascalientes. También figura Luis Fernando Serrano Martínez, contador público que ya había participado en el proceso de selección del año 2023. La terna de aspirantes se complementa con Martha Edith Cortés Bernal, cuya trayectoria se ha centrado en el departamento de auditoría gubernamental de la administración estatal, y Daniela Calderón Marín, quien cumplió satisfactoriamente con los requisitos documentales exigidos por la convocatoria.

Sin embargo, este proceso de selección está profundamente marcado por la reciente y controvertida reforma aprobada por la mayoría panista del Congreso del Estado en febrero de 2026. La LXVI Legislatura modificó el marco legal para eliminar la restricción que impedía a exfuncionarios públicos de alto nivel y dirigentes partidistas aspirar a la titularidad del OSFAGS de manera inmediata. Anteriormente, la ley exigía un periodo de «enfriamiento» de cuatro años para evitar conflictos de interés, asumiendo que un funcionario no podría fiscalizar con imparcialidad la administración de la que formó parte recientemente. 

Está reforma ha sido señalada como un «traje a la medida» por diversos analistas y sectores de la oposición, quienes consideran que vulnera la autonomía técnica del órgano y abre la puerta a un posible blindaje de la gestión actual.

Al analizar la celeridad con la que se operaron estos cambios legales, resulta obvio a quién se está beneficiando con este andamiaje institucional. La modificación del artículo 27 B de la Constitución local fue el paso necesario para que alguien pudiera saltar directamente desde la vigilancia interna del Ejecutivo hacia la fiscalización superior externa sin cumplir con los plazos de independencia que antes se consideraban sagrados. 

Es una contradicción evidente que quien fue el responsable de prevenir y sancionar las faltas desde la Contraloría sea ahora el favorito para encabezar el órgano que debe auditar esos mismos procesos desde afuera. 

Al final, sus «estrategias» políticas de transición inmediata no solo empañan la legitimidad del OSFAGS, sino que, en su ambición por asegurar un cargo transexenal de ocho años, dejaron sola a la Contraloría del Estado, abandonando su trabajo en dicha dependencia en un momento crítico para la transparencia con tal de consolidar un grupo político en la estructura de fiscalización, para mejorar su blindaje.

Tenemos que esperar a ver en las próximas semanas quién se beneficia con los votos de la mayoría en el Congreso del Estado y ver si todos los inscritos recuperan sus trabajos, porque de ser así, solo fueron parte de un proceso maquillado para designar a la persona por la que se cambió la ley. 

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*Los textos publicados en la sección de Opinión son responsabilidad exclusiva del autor.

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