Las juventudes, la deuda que el Estado no termina de pagar

Las juventudes, la deuda que el Estado no termina de pagar

El Ágora

Por Ana Gómez

Hay una pregunta que debería quitarnos el sueño a quienes legislamos y gobernamos. ¿Qué le estamos ofreciendo a las juventudes de este país, además de discursos y minutos de silencio?

La semana arrancó con una herida en Torreón. El jueves pasado dos agresores entraron a la Secundaria General número 13 y dejaron sin vida a una integrante del personal directivo y a cuatro personas heridas. Una escuela, que debería ser el lugar más seguro después de casa, convertida en escena de la violencia que nos acostumbraron a ver como paisaje.

La respuesta del gobierno federal llegó rápido, y eso hay que reconocerlo. La Presidenta Claudia Sheinbuam anunció un grupo de trabajo coordinado por Luisa María Alcalde y un decreto para obligar a las plataformas digitales a bajar los contenidos que inciten a la violencia. Se reforzará el programa ABC de las Emociones con asambleas para madres y padres, y se instalarán buzones confidenciales en las escuelas. Son medidas que apuntan a la prevención y no solo a la foto del operativo, algo que no veíamos en los sexenios en que la seguridad se medía en comunicados.

Conviene, eso sí, no caer en la tentación fácil. El propio Secretario de Seguridad Omar Garcia Harfuch lo dijo con todas sus letras, consultar un contenido o escribir algo en internet no convierte a nadie en delincuente. Regular a las plataformas es necesario, pero la pantalla es el síntoma y no la enfermedad. Si el país le falló a esos jóvenes, no fue culpa solo de un algoritmo. Fueron años de abandono que ningún decreto borra por decreto.

Y aquí viene la parte incómoda. Mientras a la niñez le llega un decreto en veinticuatro horas, a los universitarios les llega, con suerte, una veladora.

En Morelos, la comunidad de la UAEM (Universidad Autónoma del Estado de Morelos) lleva meses enterrando a los suyos. Seis estudiantes asesinados en lo que va del año, entre ellos dos alumnos de la Prepa 2 acribillados en Cuernavaca, y los feminicidios de Kimberly, Karol y Claudia, esta última una joven española que vino de intercambio. Las y los estudiantes salieron a marchar y lo dijeron sin rodeos, no se sienten seguras ni en las aulas. El colectivo Existimos Porque Resistimos acusa a la institución de administrar la violencia en lugar de enfrentarla. No nos toca calificar a cada autoridad, pero podemos escuchar a las muchachas que gritan lo evidente, que ninguna debería tener miedo de ir a clase. El gobierno federal ya pidió reforzar la prevención y coordinarse con la universidad y con las propias estudiantes.

En Jalisco la historia rima, aunque la gobierne otro color. La Universidad de Guadalajara carga una crisis de desaparición que ya es parte del paisaje tapatío. Más de quince mil personas desaparecidas en el estado, según las propias cifras que citó la rectora. Año con año la Federación de Estudiantes hace paros y marchas para exigir lo mínimo, que sus compañeros aparezcan con vida. Y la respuesta del gobierno estatal ha sido, sobre todo, presupuestal. Doscientos millones de pesos para cámaras y luminarias del programa Senderos Seguros. Ojalá sirvan. Pero cuesta creer que una desaparición se resuelva con más focos, cuando lo que falta es voluntad para investigar y para dejar de simular.

La seguridad de un joven no debería depender de quién gobierna ni de qué tan mediático resulte su caso. Es un derecho, no un favor que se concede cuando conviene.

Escribo esto recién pasado el aniversario de Ayotzinapa. Se cumplieron doce años de aquella noche en que el Estado desapareció a cuarenta y tres normalistas y, durante años, prefirió una verdad inventada antes que la justicia. Que no se nos olvide, esos también eran estudiantes. Jóvenes querían ser maestros rurales.

La diferencia es que hoy, por primera vez en mucho tiempo, hay avances reales. El gobierno de la presidenta Sheinbaum abrió nuevas líneas de investigación, revisó las llamadas de aquella madrugada y detuvo al exgobernador Ángel Aguirre por su presunta responsabilidad en el ocultamiento de pruebas. Ayotzinapa dejó de ser un expediente cerrado a conveniencia. No está resuelto, y las familias tienen toda la razón en exigir que cada detención se traduzca en verdad. Pero por fin alguien dejó de barrer la basura debajo de la alfombra.

Esa es la vara. Si con Ayotzinapa se puede, con Torreón, con Morelos y con Jalisco también se puede. La deuda con las juventudes de este país es vieja y es enorme. La buena noticia es que ya sabemos que pagarla no es imposible. La mala es que seguimos contando pupitres vacíos mientras decidimos si por fin nos tomamos en serio a quienes vienen detrás.