A través de la Ley General de víctimas, se reconocen dos tipos de víctimas. Por un lado, la víctima del delito, es decir, cuando otra persona o un agente del Estado comete un delito en su contra. Y por otro lado, víctima de violación de derechos, cuando hay una violación a su derechos humanos por parte del Estado.

¿Cómo va México en cuanto al acceso de la justicia para las víctimas? ¿Cómo ha avanzado la ley en este sentido? La Ley General de Víctimas, la Ley General contra el secuestro, la Ley General contra la trata de personas, ¿han contribuido a ampliar los derechos de las personas? De esto y más, nos platica Julio sobre este tema tan relevante.

Julio César Guillén Bonifaz 

Es abogado egresado de la Universidad del Valle de México, experto en justicia, seguridad pública y derechos humanos. Además, es miembro de la Asociación Mexicana de Derecho Penal y Criminología.

Especialista en el acceso a la justicia para las víctimas, en la investigación del delito con perspectiva de género y en análisis forense de procesos penales con perspectiva victimal.

Fue Consultor Externo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México, en el marco del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad de Grupos en Situación de Vulnerabilidad. Así como de la organización Atlas Free. 

Integrante del Grupo de Personas Expertas para la Alerta de Género de la Ciudad de México. 

En lo internacional, tuvo a su cargo la elaboración del Plan de Acción Nacional de El Salvador derivado de la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas 1325; coordinó los trabajos del Estudio Jurimétrico del Nivel de Cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, relacionado con las políticas públicas de protección integral en materia de niñez y adolescencia en Guatemalapara UNICEF. Además asesoró para el desarrollo del Estado del Arte de la prevención, investigación, sanción y reparación del Feminicidio/Femicidio en América Latina, auspiciado por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Ha participado a través de la Comisión de Igualdad de la Cámara de Diputados de la LXIII Legislatura en la elaboración de proyectos para eliminar normas que promueven o constituyen discriminación en contra de las mujeres y niñas en los Códigos Penales de las Entidades Federativas. 

Participó desde la sociedad civil en los equipos de trabajo para generar los proyectos de iniciativas de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro; de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos y del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

Conferencista en la International Summit Against Human Trafficking en Washigton D.C. patrocinado por Untrafficked, CPAC y otras organizaciones. 

Asesor Jurídico de la Víctima en la Recomendación 22/2017 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de la Procuraduría General de la República, con motivo de la violación de los derechos humanos de una mujer trabajadora esa institución. 

Ha publicado “Conociendo la Nueva Ley de Trata de Personas”, y es coautor de “La Redefinición del Concepto de la Seguridad Pública en la Constitución Mexicana y la Evolución de la Jurisprudencia en la Materia”, así como de la “Situación del acceso a la justicia en casos de Abuso Sexual Infantil en el Estado de México”.

Actualmente es socio de Aquesta Terra Comunicación, empresa enfocada a consultoría, evaluación, auditoría y formación en Seguridad Privada, Seguridad Pública y Justicia.

Escucha el podcast aquí:

*Toda opinión emitida en cada episodio es responsabilidad de quien la formula. El contenido y material expuesto tiene como finalidad compartir a nuestra audiencia diversos puntos de vista, pero no refleja la postura de México Habla, ni del podcast en general.

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En su reporte, Estados Unidos señaló que las autoridades mexicanas no investigaron ni enjuiciaron la mayoría de homicidios, torturas, secuestros, trata de personas y extorsiones, razón por la cual los niveles de violencia y explotación se mantienen altos.

Asimismo, aseguró que no “detectó cambios significativos en la situación de derechos humanos en México”.

El reporte menciona que las organizaciones criminales actúan en contubernio con las autoridades mexicanas.

Entre las problemáticas de derechos humanos de mayor relevancia que se presentaron en México durante 2023 destacan:

• Ejecuciones extrajudiciales
• Desapariciones forzadas
• Detenciones arbitrarias
• Feminicidios
• Actos de tortura
• Intimidación a trabajadores
• Violencia contra personas LGBTIQ
• Independencia del poder judicial
• Violencia contra periodistas
• Violencia de género

El informe de Derechos Humanos 2023 se divide en 7 apartados:

• Integridad de la persona: En este apartado se incluyen las condiciones de los centros penitenciarios.

De acuerdo con el informe, en México existe una sobrepoblación de personas privadas de su libertad.

También, se indica que los presos son víctimas de abuso físico y psicológico.

“El Estado de México tuvo la tasa más alta de hacinamiento con 242% capacidad”.

Por su parte, las personas migrantes denunciaron amenazas, comida en mal estado, tratos degradantes y detenciones arbitrarias.

• Libertades civiles: El informe menciona que el Gobierno de México “respetó en general” el derecho a la libertad de expresión, no obstante, realizó descalificaciones contra periodistas y medios de comunicación.

Debido a ello, señaló que los comunicadores sufrieron acoso, ciberataques, intimidaciones, hostigamiento y asesinatos debido a su labor informativa.

• Libertad de movilidad: Estados Unidos indica que la presencia de grupos armados limitó la movilidad en territorio mexicano de las personas migrantes.

Respecto al desplazamiento forzado, Chiapas, Michoacán y Zacatecas concentraron casi el 90% del número total de desplazados en México.

• Libertad para participar en procesos políticos: El informe indica que se otorgó a la población los elementos necesarios para elegir a sus gobernantes mediante elecciones libres y justas.
• Postura hacia abusos de derechos humanos.
• Discriminación y abusos sociales: El reporte asegura que la discriminación, mayormente, iba dirigida a personas de la comunidad LGBTQI+, migrantes y población indígena.
• Derechos de los trabajadores: Estados Unidos señala que la situación de los trabajadores agrícolas sigue siendo precaria.

No obstante, también reconoció un adelanto en esta materia debido a que las vacaciones aumentaron a 12 días.

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El 17 de mayo de 1990, la Asamblea General de Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la clasificación internacional de enfermedades mentales.

Por ello, este día fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el año 2004, como el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia.

El objetivo de esta conmemoración, busca visibilizar la situación de violencia que enfrentan las personas con diversa orientación sexual, identidad o expresión de género.

Al respecto, el Secretario General de la ONU, emitió un mensaje en el que aseveró que los derechos humanos son innegociables.

Asimismo, hizo un llamado a todos los Estados Miembros para que defiendan la Declaración Universal de Derechos Humanos y se ponga fin al estigma, la discriminación y la violencia que padecen las personas LGBTQI+.

La CDMX se ilumina en el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia

Para conmemorar este día, cada año, monumentos y edificios emblemáticos de la Ciudad de México se iluminan con los colores del arcoíris, que son el símbolo internacional de la diversidad sexual y de género.

Estas acciones buscan promover una cultura de inclusión, igualdad de derechos y de no discriminación.

Algunos de los monumentos históricos que se iluminan son: el Ángel de la Independencia,el Monumento a la Revolución, la Diana Cazadora entre otros, así como el edifico de Gobierno de la CDMX.

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AMLO rechazó los señalamientos de la dependencia, encabezada actualmente por Antony Blinken, cuyo reporte mencionó que estos actos de violación van desde homicidios extrajudiciales o desapariciones forzadas, hasta agresiones a la prensa, agregando los presuntos vínculo que hay entre autoridades y grupos criminales.

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«No es cierto, están mintiendo, es pura politiquería, con todo respeto, es su naturaleza, no quieren abandonar la doctrina Monroe y antes el llamado ‘destino manifiesto’. No quieren cambiar, se creen el gobierno del mundo, se asumen como el gobierno del mundo y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio».

criticó el presidente López Obrador.

En 2022, el reporte ‘Country Reports on Human Rights Practices: Mexico’, mencionó que miembros del Ejército Mexicano, policías municipales y oficiales gubernamentales han sido señalados por atentar contra los derechos de la ciudadanía.

AMLO cuestiona el caso Julian Assange

Al mencionar en este reporte, la violación de los Derechos Humanos de los periodistas, López Obrador saco a la luz el caso del fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

«Si hablan de periodismo y de libertad, porque tienes preso a Assange, si se habla de actos de violencia, cómo es que un periodista premiado en Estados Unidos asegura que el gobierno de ese país saboteó el ducto de gas de Rusia a Europa».

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Los diputados federales rechazaron las amenazas de muerte en contra la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández.

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Las intimidaciones se han presentado por medio de redes sociales, luego de que el mandatario Andrés Manuel López Obrador criticara su llegada al Poder Judicial.

Anteriormente López Obrador consideró que, desde la llegada de Norma Piña al Poder Judicial, se han desatado resoluciones a favor de presuntos delincuentes.

Los diputados del PRI informaron que las amenazas merecen una condena, así como el repudio del público.

“Pedimos a las autoridades competentes que investiguen y se dé castigo a quienes han llevado a cabo este hecho tan lamentable e imprudente en las redes sociales”.

Por su parte, el grupo parlamentario envió su solidaridad a Norma Piña, tras las amenazas de muerte de las que ha sido víctima.

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“Este suceso atenta contra la integridad personal y acentúa la violencia generada por la polaridad que se ha generado entre la población y los discursos políticos que pretenden incidir en la independencia y labor de la Corte”.

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Por unanimidad de votos, el Congreso local de la entidad aprobó la ‘Ley Ácida‘; la cual sancionará los ataques realizados con ácido, hasta con 40 años en prisión.

Con 37 votos a favor, los ataques con ácido pasaron de ser una agravante del delito de lesiones a ser reconocido como tentativa de feminicidio.

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Estas agresiones se cometan por medio de sustancias corrosivas, cáusticas, tóxicas o inflamables que pueden provocar lesiones internas y externas a una persona.

Según reportes, a la reciente Sesión acudieron las activistas María Elena Ríos, sobreviviente de un ataque con ácido en 2019; asimismo asistió Carmen Sánchez, también sobreviviente a un ataque con ácido en 2014.

Las activistas opinaron ante los legisladores y exigieron que se castigaran las agresiones.

La diputada morenista del Congreso de Puebla, Tonantzin Fernández Díaz, refirió que en la entidad se registraron 12 casos de ataques con ácido a mujeres, del 2016 al 2022.

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La diputada fue una de las que propusieron que se castigara la violencia ácida, misma que avaló Puebla y denominó como ‘Ley Ácida‘.

A la ‘Ley Ácida’ se le une la ‘Ley Monzón»

Luego de darse a conocer que fue aprobada la ‘Ley Ácida‘, se reveló que también se avaló la «Ley Monzón».

Esta iniciativa permite quitar la patria potestad a feminicidas, así como suspenderla a las personas que son investigadas por feminicidio.

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Luego de que Aeromar finalizó sus operaciones y sus empleados realizaran una protesta, ASPA buscará proteger los sueldos adeudados y hacer valer la ley.

José Humberto Gual, secretario general de ASPA, informó que se han puesto en contacto con autoridades; buscan establecer un embargo precautorio de bienes que tiene la compañía.

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Asimismo, el secretario general de ASPA informó que tiene conocimiento que Aeromar tiene tres aviones disponibles, así como motores y otros aspectos.

Humberto Gual manifestó que se planea demanda a los dueños de Aeromar; esto es debido a que tiene adeudos con los pilotos, mismos que ascienden a 103 millones de pesos.

Recalcó que se promoverá una iniciativa de reforma a la Ley de Aviación; la cual busca establecer un fondo de protección a los empleados por posibles quiebras de otras aerolíneas.

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Con esta propuesta cada aerolínea debe aportar capital a este fondo; en el momento que cese operaciones ese dinero sería para los trabajadores y prevenir que se queden sin sustento.

López Obrador demandará a Aeromar

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, informó que la aerolínea Aeromar suspendió sus actividades definitivamente; asimismo, el mandatario indicó que era una compañía mal administrada, por lo que se busca realizar una denuncia.

Durante la conferencia de esta mañana, el mandatario indicó que los propietarios abandonaron Aeromar antes de la llegada de la pandemia y no pagaban a los empleados.

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El 12 de enero se trasladó a la mujer al Centro Femenil de Reinsersión Social de Santa Martha Acatitla; se le acusó de sabotear al Metro.

Días después, el secretario de gobierno Martí Batres indicó que se exoneró a Salgado de la acusación; ya que no se encontraron pruebas suficientes para un proceso penal.

Hoy, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) informó que se abrió una investigación por la denuncia realizada por Viviana Salgado.

Esto ocurrió luego de que la Fiscalía General de Justicia y el Poder Judicial acusó a la mujer del delito de ataques a las vías de comunicación del Metro; posteriormente se envió a prisión.

“El despacho del abogado Teófilo Benítez que lleva el caso de esta señora, fue quien presentó la queja. Se está contra el Metro, el cual no aportó las pruebas vía los videos que demostraran que su acto no fue sabotaje, sino un accidente. Contra la Fiscalía General de Justicia de la CDMX por el procedimiento y al Poder Judicial, por la sentencia, el proceso y a la Secretaria de Gobierno por dichos”, emitió la presidenta del organismo, Nashieli Ramírez.

Asimismo, el abogada de la afectada notificó que Viviana Salgado presenta secuelas familiares, económicas, sociales y de salud.

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Desde el 8 de febrero, la mujer denunció que pide la reparación del daño psicosocial y económico; además, pude una disculpa del Gobierno de la CDMX.

Viviana Salgado mencionó que las autoridades intentaron mantenerla en prisión y «justificar los supuestos actos de sabotaje de que es objeto el Sistema de Transporte Colectivo».

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Este martes, la autoridad talibanes, a través de su vocería, declaró que las mujeres están vetadas de asistir a universidades e institutos de Afganistán.

Según el documento emitido por la Educación Superior de Afganistán, la medida entra en vigor desde ahora y hasta nuevo aviso.

Actualmente, las mujeres talibanes ya se encuentran excluidas de la mayoría de las escuelas de educación secundaria, ahora también en nivel superior.

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La noticia despertó indignación entre la comunidad de ese país, pues hace algunas semanas, miles de adolescentes y mujeres presentaron exámenes de admisión a las universidades.

Entre las ramas de estudio que quedaron estrictamente prohibidas para las mujeres son las carreras de ingeniería, ciencia veterinaria, agricultura y economía.

La licenciatura en periodismo esta severamente restringida para este sector en Afganistán.

Asimismo, las jóvenes actualmente no pueden ir a los gimnasios y los parques, y no pueden ser contratadas en diversos trabajos.

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Luego de que los talibanes tomaran el poder el año pasado, la sociedad en ese país esperaba un gobierno más moderado y con respeto a las minorías.

Consideran que se encuentran aplicando de manera extrema la Ley islámica.

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Vivimos en una época en la que, la tecnología está literalmente en las manos de todos, el acceso a información y contenidos es universal y de forma inmediata.

Esto trae importantes ventajas pero también implica mucha responsabilidad, pues los contenidos que se publican y comparten no son siempre ciertos o positivos, esto nos hace estar expuesto a diversas modalidades de peligro y violencia.

Hay que hacer conciencia de que tener acceso a publicar, compartir y comentar contenidos muchas veces de forma anónima trae consigo responsabilidades en el mundo real, ya que no sólo viven en la red, estas interacciones impactan en la vida “real” y las conductas que se realizan en el ámbito digital de hecho pueden tener más impacto que los que realizamos de forma presencial o física debido a la inmediatez y la falta de límites digitales.

El impacto que tiene la información, depende de la cantidad de personas a las que llega y la velocidad con la que se difunde, en Internet, con dispositivos como teléfonos, computadoras, tabletas, etc., los contenidos son difundidos y observados casi de forma inmediata y vistos por grandes audiencias, factores que pueden potencializar el impacto de los mismos.

La violencia, es un concepto en constante actualización y se amplía con los medios de distribución  y las herramientas que se emplean para ejercerla, en el caso de la violencia digital se manifiesta con actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, difusión, sin consentimiento, de datos e imágenes personales, difamaciones, mensajes de odio, difusión de contenido sexual, textos, fotografías, vídeos y/o asuntos personales, constituyen conductas como el ciberbullying, el sexting, el stlaked, el grooming, el shaming y el doxing, todas ellas formas de violencia digital. 

Los medios que se utilizan para ejercer violencia digital son redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea, entre muchas otras plataformas y páginas de internet, a través de teléfonos móviles, correos electrónicos,  fotografías, videos, chats e incluso videojuegos interactivos.

La violencia digital representa un riesgo al acceso a las comunicaciones e información digital, genera consecuencias psicológicas, emocionales y sociales para las víctimas y limita el uso, goce y disfrute de los derechos humanos de todas las personas, especialmente de las mujeres, adolescentes y niñas.

En la legislación actual existen un conjunto de reformas dirigidas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos constitutivos de violencia ejercida a través de medios digitales. Pero no es suficiente. 

Reconocer la violencia digital es el primer paso para prevenirla, combatirla y erradicarla. Romper el ciclo de violencia digital está en nuestras manos, no sólo al no compartir contenidos y no ejercerla, sino denunciándola cuando la detectamos. 

No estás sola ni solo, no dejemos que la violencia digital escale y se normalice, alcemos la voz, señalemos y denunciemos sin dudarlo estas conductas.

Los textos publicados en la sección de Opinión son responsabilidad del autor que lo emite y no plasma el criterio de México Habla.  

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