Fernando Belaunzarán 
El lunes 20 de junio asesinaron a dos jesuitas en Cerocahui, comunidad de Urique, en la sierra tarahumara de Chihuahua. Los sacerdotes Javier Campos de 79 años y Joaquín Mora de 80 fueron ultimados cuando auxiliaban a Pedro Heliodoro Palma, guía de turistas que buscó refugio en la iglesia mientras era perseguido por el matón del pueblo, conocido como “El chueco”, a quien se le vincula con el cártel de Sinaloa.
El atroz crimen dio la vuelta al mundo y el Papa Francisco expresó su consternación por el cobarde asesinato de dos miembros de su congregación. No era para menos. Ambos religiosos dedicaron su labor pastoral a servir en una zona de ancestral pobreza, marginación y arbitrariedad, acompañando al pueblo rarámuri con el que se tiene una inmensa deuda de justicia.
No solo profanaron el templo, también robaron los cuerpos, quitándoles el derecho a cristiana sepultura. La Compañía de Jesús emitió un comunicado en el que hizo notar el dolor del pueblo por la violencia imperante y se solidarizaron con tantas víctimas cuyo sufrimiento no suscita la misma empatía y atención pública. Tienen razón. En solo tres años y medio del presente gobierno ya se rebasaron los 121 mil homicidios dolosos, más de los que hubo en todo el sexenio de Felipe Calderón.
Pero no solo los asesinatos están fuera de control. Las desapariciones aumentan, lo mismo que la extorsión, el secuestro, la trata y el robo con violencia. Evitar confrontarse con el crimen organizado ha permitido que este domine cada vez más territorios, dejando a la población desamparada. Apostar al establecimiento de un cártel hegemónico que ayude a pacificar es resignarse a cogobernar con criminales.
Es innegable el fracaso de la estrategia, aunque la necedad de López Obrador le impida reconocerlo. Aseguró que combatiría las causas, enfrentando la pobreza, pero hoy hay millones de pobres más que cuando asumió la presidencia. Es momento de tomar las calles y gritar ¡Ya basta!
