La extradición de Rocha Moya

La extradición de Rocha Moya

Están moralmente putrefactos.
El obradorato vive su peor crisis. El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó al gobierno mexicano detener con fines de extradición al gobernador Rubén Rocha Moya, al senador Enrique Inzunza, al alcalde Juan de Dios Gámez y a otros siete funcionarios, después de que un gran jurado en Nueva York encontrara su probable responsabilidad por contubernio con el Cártel de Sinaloa.

Pero en lugar de cumplir con el tratado suscrito, decidieron proteger a sus criaturas. Ahí se establece la detención cautelar de los acusados y el país requiriente tiene sesenta días para presentar las pruebas al juez de la causa. En lugar de eso, la cancillería mexicana pidió una opinión no estipulada a la Fiscalía General que, como es del dominio público, sirve a los intereses facciosos del régimen y se negó a proceder.

Quienes extendieron la prisión oficiosa, tienen más de 100 mil presos sin sentencia y le entregaron a ese país 92 mexicanos sin juicio, alegan presunción de inocencia y defensa de la soberanía para justificar la protección de sus correligionarios. Es verdad que Rocha Moya se vio obligado a pedir licencia, pero dejó en su lugar a quien garantiza la continuidad de su gobierno coludido.

Piden pruebas, pero desde su elección en 2021 quedó documentada la participación criminal para favorecerlo, al grado de levantar a más de 200 operadores de su rival. El Mayo Zambada aseguró que lo secuestraron donde se iba a encontrar con él y Melesio Cuén, a quien ahí mismo privaron de la vida, pero la fiscalía estatal realizó un montaje para decir que fue en una gasolinera.

El problema es grave y rebasa Sinaloa. Son muchos lugares donde un cártel decide quiénes compiten y quiénes ganan los comicios, lo que les da control del presupuesto, de la policía y del territorio. Es el resultado de los abrazos de López Obrador, quien para ganar no dudó en aliarse con el diablo. Luchar por la soberanía pasa por recuperar al país del crimen.