La factura llega a plazos

La factura llega a plazos

El Ágora

Por Ana Gómez

Hace unos días el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, admitió que su capital vive una crisis de calidad del agua como nunca antes. Lo dijo después de semanas en que miles de familias tapatías denunciaron que de sus llaves salía un líquido café, con sedimentos y mal olor. La respuesta fue cerrar las compuertas de la presa Las Pintas, recortar cerca de un tercio del abasto y repartir la escasez en tandeos por colonia durante seis meses. Qué bonita forma de decir que se va a repartir la escasez. En Aguascalientes conocemos bien el tema.

El domingo pasado más de diez mil personas caminaron de La Minerva a Casa Jalisco para exigir agua limpia. Recibieron gas lacrimógeno, chorros de agua limpia a presión y una residencia oficial amurallada. Las organizaciones civiles contabilizaron 51 detenciones arbitrarias y decenas de heridos, entre ellos un periodista. El gobierno estatal reconoce 39 detenidos y reporta 28 policías lesionados, dos de gravedad. Que se esclarezca todo, de los dos lados, con nombres y expedientes. Pero hay algo que ninguna versión discute. Frente a una ciudadanía que pedía agua potable, la respuesta institucional llegó envasada en gas y en represión.

Conviene recordar cómo llegamos aquí, porque la memoria suele ser el primer servicio que nos cortan. En 2021 el presidente Andrés Manuel López Obrador fue tres veces a Temacapulín para cerrar un capítulo del neoliberalismo hidráulico, esa presa pensada para ahogar tres pueblos con tal de surtirle agua a las ciudades grandes. Se acordó no inundar Temacapulín, Acasico ni Palmarejo y terminar la obra de todos modos. La Federación puso la presa y el acueducto. Enrique Alfaro, entonces gobernador por Movimiento Ciudadano, celebró el acuerdo como histórico, se tomó la foto y soltó la frase que hoy merecería placa de bronce, Jalisco pondrá su parte.

Jalisco no puso su parte. Faltó justo lo que convierte el agua en agua de la llave, la potabilizadora, el ducto complementario, la red. Alfaro presumió que dejaba resuelto el abasto de Guadalajara por medio siglo y se fue. Hoy su propio sucesory compañero de partido admite que la presa será apenas una fuente complementaria y que faltan obras por siete mil millones de pesos. Cincuenta años de abasto que duraron dos.

La Universidad de Guadalajara exigió el esclarecimiento de los hechos y la liberación de tres estudiantes detenidos, y ofreció sus capacidades científicas para buscar soluciones. El ITESO pidió respetar la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y evitar la criminalización de quienes se manifiestan pacíficamente.

El negocio con otro nombre

Lo interesante es lo que Lemus propone ahora. Mandó al Congreso una iniciativa de dieciocho mil millones de pesos para un acueducto sustituto bajo un esquema llamado CMRO, con contratos a veinte o veinticinco años. Jura que no es deuda, que no es concesión y que no es privatización. Es apenas un particular que construye, mantiene, rehabilita y opera durante un cuarto de siglo. Para el Mundial, en cambio, sí hubo más de mil quinientos millones.

La presidenta Claudia Sheinbaum le puso un alto desde Palacio Nacional. Dijo que no están de acuerdo en apoyar la privatización de ningún servicio del agua, y ofreció resolver el problema con recursos federales y estatales en vez de entregarle la operación a un particular.

Aquí en Aguascalientes deberíamos dejar de ver Jalisco como una advertencia lejana. En octubre de 1993 el Congreso local, con mayoría del PRI, entregó el agua de la capital a una empresa privada. El PAN de entonces llamó diabólica a esa privatización. Tres años después el mismo Congreso amplió el contrato de veinte a treinta años, y el blanquiazul gobernó casi todo ese periodo sin moverle una coma.

Lo que esos treinta años heredaron no lo documentó Morena, sino la Universidad Autónoma de Aguascalientes y las propias instituciones del agua. Los acuíferos del estado arrastran un déficit de más de 136 hectómetros cúbicos al año. El principal se abate 1.7 metros anuales. Hay más de 300 kilómetros de grietas y 920 kilómetros cuadrados hundiéndose por sobreexplotación. Entre 45 y 50 por ciento del agua potable se pierde en fugas. Disponemos de 300 metros cúbicos por persona donde la región promedia mil cuatrocientos. Y del fondo de los pozos ya sube arsénico. Los investigadores de la UAA lo advierten sin ironía, el panorama apunta a escasez creciente, encarecimiento y reparto desigual.

Las marchas aquí todavía no llegan a la escala de La Minerva, pero el ensayo lleva meses. En mayo, vecinos de la colonia España y Barranca de Guadalupe bloquearon el Primer Anillo tras tres semanas sin agua, y llegó la policía. En julio protestaron los de El Cóbano frente a Palacio Municipal. Son protestas en escala de colonia. Todavía.

El último abono

Desde diciembre el país tiene una nueva Ley General de Aguas que reconoce el derecho humano al agua, prioriza el consumo doméstico y le quita a los particulares la facultad de comerciar concesiones entre ellos. Ese es el piso. Lo demás es decidir si el agua se administra como derecho o se opera como contrato a veinticinco años. Nadie firmó aquel pagaré de 1993 y aquí lo seguimos pagando todos, en grietas bajo la casa, en arsénico en el vaso y en tandeos toda la semana. Las privatizaciones no se cobran el día que se firman. Se cobran a plazos, y el último abono siempre lo pone la gente.