«En el estado de Guerrero, como resultado de trabajos de investigación y seguimiento, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y Guardia Nacional detuvieron a un hombre relacionado en el delito de delincuencia organizada», se lee en el comunicado.

Asimismo, señala que Mauro Antonio ‘N’ fue detenido con base en «datos de prueba suficientes que fueron presentados ante un juez de control». Mismo que otorgó la orden de cateo para intervenir un inmueble ubicado en el fraccionamiento Villas del Rey, en Iguala.

Durante la diligencia se le aseguraron dos armas de fuego, cartuchos, un cargador y dosis de droga.

De acuerdo con las líneas de investigación, el detenido está relacionado en la desaparición de los 43 normalistas, conocido como el caso Ayotzinapa, ocurrido en septiembre de 2014.

Específicamente, se le señala de haber utilizado un equipo telefónico perteneciente a uno de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, el 27 de septiembre de 2014.

El detenido fue puesto a disposición de un agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

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El Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales del estado de Tamaulipas impuso a José Luis Abarca una pena de 92 años y seis meses de prisión.

Del mismo modo, se le multó con 15 mil días de salario, equivalente a 920 mil 700 pesos,

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Abarca está acusado bajo el mismo esquema que absuelve al integrante del grupo de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias, por el delito de delincuencia organizada en el caso Ayotzinapa.

En este sentido, cuenta con el delito de secuestro en agravio del dirigente social y activista Arturo Hernández Cardona.

Las investigaciones apuntaron que José Luis Abarca ordenó el secuestro de Hernández Cardona, así como de Ángel Román Ramírez, Rafael Balderas Román, Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna y Nicolás Mendoza Villa.

Los eventos ocurrieron en 2013, días después del secuestro de Hernández Cardona que fue hallado muerto junto a dos personas.

Asimismo, el impartidor de justicia de distrito, Samuel Ventura Ramos, apuntó que conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los criterios de la Suprema Corte “se excluyeron diversas pruebas sobre el caso Abarca

A pesar de ello, comentó que la Fiscalía General de la República (FGR) violó los derechos fundamentales de libertad personal de los implicados en el caso.

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Cumplirá su condena en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez”.

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Alejandro Encinas reveló que durante su encuentro con Tomás Zerón de Lucio, no quiso revelar el paradero de los 43 normalistas desaparecidos en el caso Ayotzinapa.

Según el medio The New York Times, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación dio a conocer que el febrero pasado voló a Israel para reunirse con Tomás Zerón de Lucio.

Recordemos que Tomás Zerón de Lucio fue acusado de comprometer información del caso Ayotzinapa, por lo que Encinas le pidió apoyo y ser testigo protegido.

“Encinas le suplicó a Zerón información sobre los restos de los estudiantes que pudo haber ocultado mientras estuvo en el poder, ofreciendo el ‘apoyo del Presidente’ a cambio de su cooperación”, informó el medio.

Durante una entrevista a un medio internacional Alejandro Encinas, comentó que se encontraba en platicas con Zerón de Lucio, para que cooperara con la investigación de Ayotzinapa.

El caso Ayotzinapa otra vez ha llamado la atención después de la información filtrada, en la que varios funcionarios se veían comprometidos.

“Desde entonces les comenté que el informe debe verse de una manera integral. Les comenté que desde un principio nosotros hemos venido identificando 154 eventos para armar este rompecabezas. Son 150 eventos que se consideran relevantes por tratarse de datos vinculados a la desaparición de los estudiantes, como lo son modo, motivo, lugar, participantes y destino”, informó desde Palacio Nacional.

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¿Quién es Rosendo Gómez Piedra, nuevo fiscal para el caso Ayotzinapa?

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Rosendo Gómez ahora será el encargado de la investigación sobre el caso de la desaparición forzada de los 43 estudiantes en Iguala en el año 2014.

¿Quién es Rosendo Gómez Piedra?

Rosendo Gómez es doctor en Ciencias Penales y Política Criminal, así como una licenciatura en Derecho y Maestría en Derecho Penal.

El nuevo fiscal para el caso Ayotzinapa ha realizado su carrera política en la Ciudad de México y Tabasco, por lo que es muy cercano al mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador.

Asimismo, Rosendo Gómez es consejero y presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPCT) y Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Tabasco.

Gómez Piedra también fue subprocurador de Procesos de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y en Tabasco fue secretario de Gobierno con Arturo Núñez Jiménez.

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Según revelaciones de funcionarios federales, Omar Gómez Trejo pide la renuncia después de que se realizaron acciones a sus espaldas, como solicitudes de diversas órdenes de aprehensión, entre ellas la de Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República, cuando aún no había pruebas suficientes para que su detención se llevara a cabo y procediera. 

Asimismo, recientemente la FGR retiró 21 órdenes de aprehensión, 16 de ellas habían sido otorgadas por un juez federal contra mandos militares que formaban parte de los batallones 27 y 41 en Iguala. 

Omar Gómez Trejo fue nombrado como titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Iguala en junio de 2019 por la FGR. Esta fiscalía especializada se encarga de investigar minuciosamente los delitos y pruebas alrededor del suceso e incluso de concluir los procesos penales correspondientes que estén vinculados con la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en el 2014. 

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El abogado del matrimonio, Alejandro Rojas, confirmó que el juez de Distrito de Procesos Penales en el Estado de México, Enrique Beltrán Santes, dictó auto de formal prisión al exalcalde Abarca y a su esposa, quienes presentarán un proceso penal por el delito de delincuencia organizada 

Asimismo, el juez Beltrán, sentenció el auto de formal prisión a Felipe Flores, ex titular de la policía municipal de Iguala, y a Fabián Alejandro Pirita Ochoa, teniente del Ejército mexicano, quienes también enfrentarán procesos por los delitos de desaparición forzada de los 43 normalistas y delincuencia organizada. 

De igual forma, la misma mañana, el juez volvió a dictar auto de formal prisión por las mismas razones al General José Rodríguez Pérez, al capitán José Martínez Crespo y al cabo Eduardo Mota Esquivel, ya que los tres militares colaboraron de manera directa en la desaparición forzada de los estudiantes, según un informe de la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa. 

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José Rodríguez Pérez, quien es ex comandante del batallón 27 de infantería en Iguala, Guerrero, fue detenido en la Ciudad de México por la policía ministerial y se encuentra en la Prisión Militar Campo Número 1, ubicada en Naucalpan, Estado de México.

De acuerdo a las declaraciones de Alejandro Encinas, quien es subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, esta información fue verificada mediante llamadas al teléfono de emergencia 089, en donde se acredita que los 43 estudiantes estuvieron retenidos durante 4 días en la “bodega vieja” del 27 batallón de infantería.

El llamado ‘Coronel’ fue quien dio la orden e instrucciones para que se visitaran los hospitales la madrugada del 27 de septiembre del 2014 cuando los estudiantes fueron agredidos, además de esta declaración, Alejandro Encinas logró comprobar que hay relación entre los militares y la delincuencia organizada.

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El cambio se llevó a cabo luego de que un juez determinara que no hay pruebas suficientes que relacionen al ex presidente municipal con los delitos de secuestro, la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro burgos” en Ayotzinapa y la delincuencia organizada. Lo anterior después de que en 2014 Abarca Velázquez fue capturado en el Penal del Altiplano junto a su esposa, María de los Ángeles Pineda. 

Sin embargo, la absolución no deja en libertad al ex presidente municipal, ya que el político es acusado de asesinato a Arturo Hernández Cardona, ex dirigente de la organización “Unidad Popular”, en el 2013. Asimismo, el abogado de Abarca Velázquez, Luis Argüelles, ha insistido en que las pruebas en contra del perredista fueron recreadas por la Fiscalía de Guerrero y por la de la República, y asegura que múltiples de estas son presunciones y afirmaciones sin sustento. 

De igual forma, el abogado indicó que se encuentran indagando el arraigo domiciliario del ex presidente municipal, ya que en meses anteriores se le diagnosticó cáncer de próstata y se le comunicó que su salud está en riesgo. 

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Recordemos que al ser arrestado por las autoridades de la Ciudad de México, Murillo Karam ganó un amparo contra la incomunicación y a favor del cuidado de la salud, sin embargo, este miércoles 24 de agosto, fue vinculado a proceso por el Caso Ayotzinapa.

El exprocurador general se encuentra detenido por tres delitos que son: contra la Administración de Justicia; Tortura; Desaparición Forzada, el cual fue reclasificado con base en el Código Penal Federal.

Según la información disponible, a las 9:00 de la mañana del miércoles inició la audiencia en la que se determinó la vinculación a proceso por los delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia en el Caso Ayotzinapa.

Por su parte, Murillo Karam dio a conocer que su llamada «verdad histórica» no fue refutada y «se pudieron cometer fallas, pudo hacerse mejor, puedo aceptar algunos errores, pudo haber fallas, y aceptar cosas que se hicieron mal, pero ninguno la ha podido tirar».

El exprocurador mexicano fue detenido el pasado viernes por la Fiscalía General de la República (FGR) acusado de fabricar la «verdad histórica», la que señala que los 43 normalistas desaparecidos fueron secuestrados, asesinados y quemados en un basurero de Cocula.

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La Fiscalía General de la República señaló a 20 integrantes del Ejército mexicano, señalados por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero; siendo el General Alejandro Saavedra Hernández el militar de mayor rango de la lista de los señalados.

Enlaces para construir la verdad histórica: Alejandro Saavedra Hernández, comandante de la Zona Militar en Chilpancingo; el exgobernador guerrerense Ángel Aguirre Rivero, y el entonces procurador general de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera. pic.twitter.com/ufmQhHduxb

— Francisco Cruz (@pacocruzjimenez) August 20, 2022

La Secretaría de la Defensa Nacional ya fue notificada sobre las 20 órdenes de aprehensión que se emitieron en contra de los integrantes del Ejército mexicano, sobre los hechos ocurridos el pasado 2014 referentes a la desaparición de los 43 normalistas.

El General Alejandro Saavedra Hernández es acusado de haber ignorado las llamadas de alerta relacionadas con la desaparición de los 43 normalistas, al igual de haber pasado por alto los reportes referentes al asesinato de 6 personas más, la noche del 26 de septiembre en Iguala.

Después de la investigación, se tiene conocimiento de que los 27 miembros del batallón de Infantería tenían los reportes de los hechos que se le notificaron a José Rodríguez Pérez, quien le notificó a Saavedra, quien pasó por alto dichas notificaciones.

Puede ser que reconocer que FUE EL ESTADO el responsable de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa crea mucha tensión entre el gobierno y los mandos castrenses, pero son tragos amargos que se deben echar.
Elemento clave es Alejandro Saavedra Hernández comandante del

— Irene Guerrero (@IreneGu23130032) August 20, 2022

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