Dicha ley, aprobada por unanimidad, fue enviada  por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Con 474 votos de todas las bancadas, los diputados avalaron el dictamen que reforma el artículo 73 de la Constitución Política en materia de extorsión.

Tras ser aprobado, el documento se remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

De acuerdo con el comunicado, en el régimen transitorio se expone que el Congreso deberá expedir la ley general de la materia en un plazo no mayor a 180 días. Contados a partir del día siguiente de su entrada en vigor.

Asimismo, señala que las disposiciones legales de la Federación y los estados en la materia continuarán vigentes hasta en tanto el Congreso emita la ley general. En el régimen transitorio, se establecerán los plazos y condiciones para realizar las adecuaciones normativas correspondientes.

Con el cambio constitucional, el Congreso expedirá una ley general para unificar y contemplar, entre otras cosas, el tipo penal de extorsión, sus agravantes, los delitos vinculados y sus sanciones. Y se cumplan con los objetivos generales de prevención, investigación y mecanismos de atención efectiva a las personas víctimas, ofendidas y testigos.

Con la nueva Ley General, se consolidará la Estrategia Nacional contra la Extorsión emprendida por la presidenta de la República. Y que será coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la que se plantearon cinco ejes:

• Detenciones mediante investigación e inteligencia
• Fomento a la creación de Unidades Antiextorsión locales
• Aplicación del protocolo de atención a víctimas
• Capacitación a operadores en manejo de crisis y negociación
• Implementación de una campaña de prevención nacional

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El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el decreto con la reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.

Esta reforma establece la obligación para las autoridades federales, que en coordinación con los municipios o alcandías de la Ciudad de México deberán promover la instalación de clínicas veterinarias públicas.

Esto, con el objetivo de suministrar a los animales atención médica preventiva y, en caso enfermedad, brindarles tratamiento médico oportuno avalado por un médico veterinario.

De esta manera, los gobiernos, sin importar el partido político, deberán garantizar, en la medida de lo posible, la esterilización gratuita de animales.

Asimismo, deberán vigilar el trato digno y respetuoso en los Centros de Control Animal.

Además, tienen como obligación establecer las sanciones correspondientes para todo aquel que maltrate a los animales.

El decreto señala que el establecimiento de las clínicas veterinarias públicas estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria de las entidades federativas y los municipios.

La reforma de ley fue aprobada por el Congreso a finales de 2023, pero fue hasta este enero de 2024 que el Poder Ejecutivo promulgo el decreto.

Esta legislación destaca la importancia de impulsar el bienestar de los animales de compañía en todo el país.

Se espera que a través de estas clínicas públicas se promueva la tenencia responsable de los animales de compañía, el cuidado y la protección animal.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (Enbiare) 2021, en México, el 69.8% de los hogares cuenta con algún tipo de mascota.

La entidad con la porción más alta de familias con animales de compañía es Campeche, con 77.1%.

Mientras que la Ciudad de México reporta el porcentaje más bajo, con 61.4%.

Maltrato animal en México

El estudio titulado “El maltrato animal y sus sanciones en México”, realizado por el investigador César Alejandro Giles Navarro, estima que 7 de cada 10 animales domésticos en México son víctimas de alguna forma de maltrato.

Pese a que la legislación mexicana no reconoce los derechos de los animales, sí existe un marco jurídico que los protege.

Parte del derecho al medio ambiente sano expuesto en la Constitución utiliza los conceptos de “bienestar animal” y “trato digno y respetuoso a los animales”.

Mientras que, algunas constituciones locales reconocen a los animales como “seres sintientes” para promover un trato respetuoso hacia ellos.

Actualmente, Chiapas es la única entidad que no considera el maltrato animal como delito, no obstante, el Congreso local ya analiza una reforma para incorporar esta conducta en su Código Penal.

El estudio revela que 27 de las 32 entidades tienen leyes de protección o bienestar animal que buscan garantizar el trato digno a los animales.

La ausencia de denuncias, la falta de capacitación y de recursos de las instituciones encargadas de vigilar el bienestar animal, impiden que dichas leyes se cumplan a cabalidad.

Se calcula que en México existen 80 millones de mascotas, de las cuales 43.8 millones son perros, 16.2 millones son gatos y los 20 millones restantes son diversas mascotas pequeñas.

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Debido a esto, las solicitudes de concesión en materia minera no podrán ser desechadas.

Por tal motivo, el gobierno federal puede impugar ante un tribunal colegiado para que determine si confirma, modifica o revoca el fallo a Fist Majestic.

El juez Ulises Rivera González, del Juzgado Cuarto de Distrito en materia Administrativa, comentó que, con este acuerdo, la medida cautelar no causa un perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público.

Comunicaron que esta suspensión no es de efecto general, sino que solo aplica para la empresa quejosa, la cual busca no verse afectada por la reforma.

“Se solicita al juzgador la suspensión para el efecto de que se paralicen todos los efectos y consecuencias derivados del tercer párrafo del artículo Quinto transitorio del Decreto impugnado»,

Firs Majestic Plata promovió, el pasado martes 30 de mayo, el recurso de impugnación contra una parte del Decreto.

Aunado a ello, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Minera, de la Ley de Aguas, Ley General del Equilibrio Ecológico.

Cabe señalar que la audiencia incidental próxima está programada para el próximo miércoles 7 de junio, en la que el impartidor de justicia deberá resolver si le concede a la empresa la suspensión definitiva.

Por su lado, Mary Ng, ministra de Comercio Exterior de Canadá, expresó a finales de abril su preocupación por las reformas a la Ley Minera en México.

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Por unanimidad de votos, el Congreso local de la entidad aprobó la ‘Ley Ácida‘; la cual sancionará los ataques realizados con ácido, hasta con 40 años en prisión.

Con 37 votos a favor, los ataques con ácido pasaron de ser una agravante del delito de lesiones a ser reconocido como tentativa de feminicidio.

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Estas agresiones se cometan por medio de sustancias corrosivas, cáusticas, tóxicas o inflamables que pueden provocar lesiones internas y externas a una persona.

Según reportes, a la reciente Sesión acudieron las activistas María Elena Ríos, sobreviviente de un ataque con ácido en 2019; asimismo asistió Carmen Sánchez, también sobreviviente a un ataque con ácido en 2014.

Las activistas opinaron ante los legisladores y exigieron que se castigaran las agresiones.

La diputada morenista del Congreso de Puebla, Tonantzin Fernández Díaz, refirió que en la entidad se registraron 12 casos de ataques con ácido a mujeres, del 2016 al 2022.

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La diputada fue una de las que propusieron que se castigara la violencia ácida, misma que avaló Puebla y denominó como ‘Ley Ácida‘.

A la ‘Ley Ácida’ se le une la ‘Ley Monzón»

Luego de darse a conocer que fue aprobada la ‘Ley Ácida‘, se reveló que también se avaló la «Ley Monzón».

Esta iniciativa permite quitar la patria potestad a feminicidas, así como suspenderla a las personas que son investigadas por feminicidio.

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El mandatario consideró recientemente que no lo necesita y añadió que es sorprendente que el dictamen sea autorizado en la Cámara.

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“Me sorprendió ayer que autorizan en la Cámara que el que insulta al presidente le van a aumentar el castigo, va a tener que pagar dos, tres veces más, yo no sé quién hizo eso […] no necesito eso, yo no lo promoví, lo voy a vetar, eso para qué, o sea, no, libertad de expresión», compartió durante su conferencia de prensa.

Asimismo, se informó que las multas por «injurias» al presidente podrían resultar más caras a quien lo haga si el dictamen avanza; ya que se planea subir el costo para las personas que insulten al presidente.

“(Se) propone sancionar las injurias al presidente de la República en el acto de ejercer sus funciones o con motivo de ellas, con multa que va de cinco a 40 UMA“, se lee en el comunicado de la Cámara de Diputados.

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Fue este martes cuando la Comisión de Gobernación y Población aprobó el proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley sobre Delitos de Imprenta; así como las multas por injurias al mandatario y otros funcionarios.

Además, en el dictamen se espera actualizar el artículo 33 de esa ley que se refiere a los castigos en contra de quien realice “ataques contra el orden y la paz pública».

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Este martes, el pleno del parlamento capitalino avaló por unanimidad de votos la iniciativa para que se establezca en la ley medidas ante dicha violencia.

Lo anterior se logró con 43 votos a favor por parte de las y los diputados del Congreso CDMX.

En ese sentido, esta dictamen aprobado se remitirá a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de CDMX.

Con esta modificación, se reconoce que se pueda evitar manipular, controlar a la mujer o dañar el vínculo afectivo de sus hijos o personas vinculadas a ellas.

La Violencia Vicaria puede ocasionar daño psicoemocional, físico, patrimonial u otro tipo, mismo que puede cometerse por familiares, parejas o ex parejas.

Esta iniciativa fue también apoyada por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para que existan castigos a quienes incurran en ello.

¿Qué es la violencia vicaria?

Es la omisión cometida, principalmente por los hombres en matrimonio o concubinato, y que a través de ello sustraen, ocultan, maltratan o amenazan la convivencia de una madre con sus hijos para manipular o controlarla.

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