En su mensaje ante el pleno del máximo tribunal del país, Norma Piña aseguró que durante su administración el Poder Judicial de la Federación ejerció los recursos públicos con estricto apego a la legalidad, transparencia y rendición de cuentas.

 «Los recursos públicos que se asignaron a La Corte se ejercieron en estricto cumplimiento a la ley», expresó la ministra presidenta

Asimismo, afirmó que, pese al asedio sin precedentes, la Corte defendió los pilares de la Constitución con sentencias y no con estridencias.

«No respondimos con estridencias, respondimos con sentencias. No apelamos nunca a la confrontación, apelamos a la razón, al diálogo y al derecho, que es la manera que las sociedades han desarrollado para resolver sus problemas y diferencias con justicia, respeto y objetividad».

Piña Hernández aseguró que, en cada asunto, grande o pequeño, honraron el juramento de impartir justicia.

«En cada asunto, grande o pequeño, honramos el juramento de impartir justicia, conscientes de que la independencia judicial no se ostenta, se ejerce».

«Hoy tan solo concluye una etapa, no la misión. La ley fundamental permanece. Los derechos reconocidos por ella permanecen. Pero aún existe una enorme deuda con su pleno ejercicio», expresó.

Norma Piña fue la primera mujer en presidir la SCJN. Cargo que asumió en enero de 2023 y en el que enfrentó un periodo de tensiones políticas con el Poder Ejecutivo y el Legislativo por temas presupuestales y reforma judicial.

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Durante su mensaje, la ministra indicó que los resultados de la reforma no se verán inmediatamente, sino a través del tiempo.

“La reforma judicial no es una historia de vencedores o vencidos, todo demócrata y con mayor razón todo servidor público desea lo mejor para su país.

No es posible saber, al menos en este momento, cuál será el resultado de dicha reforma. Se necesita de la sabia virtud de conocer el tiempo”.

Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Asimismo, declaró que desea por el bien de México que la reforma funcione y garantice los derechos de los y las mexicanos.

“Espero que la finalidad de esta reforma por el bien de México no consiste en destruir, sino en construir un mejor sistema de protección de los derechos humanos, un mejor control de regularidad constitucional, un mejor sistema de contrapesos entre los poderes del Estado”.

Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

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Reforma judicial, caso de postverdad: ministra Piña

Por otra parte, Piña Hernández explicó que esta reforma tiene una narrativa falsa que ha parecido en convertirse en verdad.

Indicó que se trata de un caso de postverdad, en el que se le da mayor peso a las emociones, creencias y sentimientos en la opinión pública.

Explicó que, hace seis años, inició una campaña para anular la autonomía del Poder Judicial, que se intensificó cuando la SCJN y sus integrantes emitieron decisiones amparados como “un tribunal constitucional”.

Recordó que se les llamó de traidores al pueblo y se les acusó de no ser parte de un proyecto político dominante.

De igual forma, mencionó que la campaña contra el Poder Judicial se intensificó en tres momentos:

• La reforma a la Guardia Guardia Nacional que la hizo dependiente de la Secretaría de la Defensa Nacional;
• El decreto presidencial que declaró todo los proyectos prioritarios del Gobierno de López Obrador como un asunto de seguridad nacional;
• La invalidación del Plan B de López Obrador derivado de graves violaciones al proceso legislativo.

Reconoció que cada vez que la SCJN resolvió estos casos, las y los ministros que emitieron un voto en contra, fueron acusado de traidores y corruptos.

Por otra parte, cuestionó que se eliminó la carrera judicial y, en su lugar, se impusiera un nuevo método que politiza la impartición de justicia.

Finalmente, la ministra Piña reconoció a sus colegas, al personal jurisdiccional, administrativo y operativo.

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La entrada Ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, rinde último informe se publicó primero en México Habla.

Norma Piña, junto con tres ministros y tres integrantes del Poder Judicial, planteó una serie de propuestas, las cuales podrían contribuir a un sistema integral de seguridad pública y justicia en el país.

“Esta propuesta parte de un ejercicio amplio de escucha y diálogo con todos los actores de los sistemas de seguridad y justicia federal y locales, así como con legisladores, organizaciones de la sociedad civil, academia, estudiantes y víctimas de violencia”.

Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Además, explicó que uno de los documentos se encuentra a disposición de la ciudadanía y que este documento toma en cuenta las necesidades de trabajadores de seguridad y justicia como de personas que interactúan con ellos.

Asimismo, dijo que la propuesta nace desde el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a partir de la experiencia directa de personas impartidoras de justicia.

Agregó que esta surgió de la autocrítica y reflexión de jueces y juezas federales, magistradas y magistrados federales, personal de órganos jurisdiccionales y 11 sistemas de justicia locales.

“Ambos documentos coinciden plenamente con las múltiples recomendaciones y decisiones que se han dirigido al Estado mexicano desde los organismos internacionales e interamericanos de derechos humanos”.

Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

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También, aseguró que dentro de las propuestas se abordan las preocupaciones que han manifestado diversas organizaciones de la sociedad civil.

«Debemos escucharnos entre poderes de la Unión»: Norma Piña

La ministra Norma Piña hizo hincapié en que es necesario generar un diálogo entre legisladores y autoridades del sistema de seguridad y justicia para discutir las propuestas alternativas a la reforma judicial.

“Debemos escucharnos entre poderes de la Unión. Escuchemos a las víctimas de la violencia y a las personas que dedican su vida a defender los derechos humanos. Escuchemos a los organismos de justicia internacional, a los estudiantes y a los jóvenes que han salido a las calles para reclamar su derecho a un futuro libre y a un país en paz”.

Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Aseguró que no se puede culpar a los jueces de todos los problemas de seguridad y justicia en el país.

En cuanto a su postura en contra de la reforma judicial, mencionó que su resistencia y la de otros integrantes del Poder Judicial es en función de su convicción y compromiso con las futuras generaciones.

Propuesta alterna de reforma judicial anunciada por Norma Piña

El documento tiene como título “Reforma integral al sistema de justicia en México: desafíos y propuestas”.

Busca identificar los principales desafíos y contribuir con una visión para avanzar hacia una reforma integral al sistema de justicia en México.

Atiende desafíos en el campo de la protección de los derechos humanos y las garantías de acceso a la justicia para toda la población.

“En particular de aquellos grupos especialmente afectados por la violencia y la discriminación. Este documento incorpora recomendaciones y propuestas específicas en distintas áreas y dimensiones identificadas y que dan cuenta de la necesidad de contar con una mirada comprensiva, multisistémica e integral al repensar la justicia en México”.

Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La ministra Piña indicó que cualquier propuesta seria para una reforma al sistema de justicia involucra a todos los poderes judiciales de los estados y a todas las autoridades que tienen una función en el ejercicio del derecho de acceso a la justicia.

También, dijo que diversos organismos especializados han advertido que México atraviesa una profunda crisis en materia de derechos humanos y que impacta de manera diferenciada a grupos que han resentido los efectos de múltiples violencias.

Reforma integral al sistema de justicia en México: desafíos y propuestas; consulta aquí el documento que presentó la ministra Norma Piña.

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/agenda/documento/2024-09/reforma-integral-al-sistema-de-justicia-en-mexico.pdf

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En lista de acuerdos, se menciona que Norma Piña, con carácter de urgente, ordenó turnar las consultas, a la ministra Lenia Batres Guadarrama, quien apoya a la reforma judicial.

La presidenta de la SCJN investiga si puede intervenir en este asunto para detener la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López obrador.

Jueces y magistrados de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (PJF) están en desacuerdo con la aprobación de la reforma judicial.

Asimismo, la JUFED busca frenar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución en materia de reforma al Poder Judicial.

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La reforma judicial, que entre otras cosas busca que sean elegidos jueces, magistrados y ministros por medio de voto popular, ha sido controversial para todo el país.

Por ello, trabajadores de la SCJN y del PJF se han manifestado en diferentes puntos de la Ciudad de México y alrededor de la República Mexicana.

Las protestas tienen como fin exigir respeto a sus derechos laborales y a su carrera judicial.

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El presidente López Obrador explicó que hay que aprovechar que el máximo tribunal no se encuentra como los trabajadores del Poder Judicial.

Indicó que le hará llegar el escrito por medio de la Secretaría de Gobernación y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

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Aclaró que, desde hace unos meses, este asunto se encuentra en el escritorio de la ministra presidenta, sin embargo, no lo ha resuelto.

Asimismo, dijo que el caso no aplica ningún criterio de excepción.

Por otra parte, el presidente López Obrador llamó a la ministra Norma Piña a resolver este caso, desde la semana pasada; antes de que se llevará a cabo el paro de los trabajadores en el Poder Judicial.

La presidencia de la SCJN, desde hace más de un mes, tiene retenidos dos casos que imposibilitan al Servicio de Administración Tributaria (SAT) cobrarle a Grupo Elektra cerca de 35 mil millones de pesos.

La revista Proceso indicó que se trata de dos amparos de Grupo Elektra ante la justicia administrativa, pero que la Corte no ha resuelto.

En su momento, el gobierno informó que, derivado de las auditorías de 2008 a 2013, la empresa adeudaba cerca de 33 mil millones de pesos.

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Ya salió el peine.

La reforma judicial del plan C nació del rencor y el deseo de venganza de López Obrador. Así lo han dejado claro distintos voceros oficialistas, los cuales culpan a Norma Piña de esta iniciativa tan radical que pondría al Poder Judicial de cabeza, pero bajo el control del Presidente y su partido, cuando no del crimen organizado, pues los ministros, magistrados y jueces que resulten electos por el voto popular, se deberán a quienes les hagan campaña y lleven a sus clientelas y bases sociales a las urnas.

El todavía titular del Ejecutivo no le perdona a la presidenta de la Corte que haya asumido a cabalidad su alta responsabilidad de velar por la independencia judicial, rehusandose a servir a los intereses del poder político, preservando así los derechos de las minorías y la protección de particulares frente a abusos de autoridad.

La contradicción de concepciones es evidente. Mientras López Obrador piensa que él encarna al pueblo y nada puede oponerse a su voluntad, ni siquiera la ley suprema, la ministra Piña defiende la letra y espíritu de la Constitución que establece límites al poder presidencial.

La primera concepción corresponde al despotismo y lleva a la dictadura. La segunda es propia de la convicción democrática que ve en la división de poderes y el estado de Derecho, condiciones necesarias para que se respeten los derechos de todos y no solo los de la mayoría.

Es un despropósito tirar a la basura 30 años de carrera judicial basada en el mérito para controlar la impartición de justicia con incondicionales sin conocimientos.

El daño sería mayúsculo y pondrían en vilo miles de asuntos que merecen ser tratados con profesionalismo e imparcialidad.

Es sintomático que la ministra por dedazo, la ministra plagiaria y el obediente exministro Zaldívar promuevan la campaña de infamias contra Norma Piña con la intención de llevarle su cabeza al tirano.

No lo permitamos, defender a la ministra presidenta es defender a la república.

Fernando Belaunzarán en Instagram: @fer_belaunzaran

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Expresó que no hace falta la renuncia de nadie, sino que que se debe continuar con el debate sobre la reforma.

El presidente negó que el tema es una «concertación» como ocurría en el periodo del expresidente priista, Carlos Salinas de Gortari.

“No, no, no es una concertación, como era la costumbre en la época de Salinas.

Que sea de conformidad con la Constitución y de conformidad con la ley. El procedimiento está muy claro”.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

Agregó que la iniciativa de reforma avanzará, ya que hay un proceso legislativo para su aprobación.

Recordó que los diputados y senadores son los encargados de aprobar o rechazar los 16 cambios propuestos a los artículos constitucionales.

Dejó en claro que no hay margen para la negociación, porque está en puerta la elección de jueces, magistrados y ministros.

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“¿Para qué negociar? A ver qué pasa si renuncio, podrían ustedes aceptar, si dijera un ministro o una ministra, podrían aceptar que solo se eligiera a los ministros y no a los magistrados o jueces».

“Si aceptamos, renunciamos o vamos a aprobar la reforma, pero que no dejemos nuestros cargos hasta dentro de tres años, no, que lo decida la legislatura y luego que lo decida el pueblo”.

Andrés Manuel López Obrador , presidente de México

El presidente López Obrador confirmó que va por buen camino el debate de la reforma al Poder Judicial.

Expresó que la propuesta de reforma no es un asunto en contra de la ministra Piña; sin embargo, argumentó que tiene procedimientos que no se pueden aceptar o compartir.

Por lo que reconoció que hay una crisis en el Poder Judicial y se trata de enfrentarlo mediante una reforma, no parchándolo.

AMLO mencionó que el pueblo es quien debe elegir a los jueces, magistrados y ministros; lo que les permitirá sentirse libres, ya que no deberán favores a ningún grupo de interés.

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Sin embargo, la magistrada aseguró que los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) están dispuestos a dialogar con los legisladores respecto a la reforma.

“Estamos abiertos a entablar un diálogo real, un diálogo responsable. Pero para dialogar se requiere voluntad de reflexión. Resolvamos nuestras diferencias en el ancho camino del entendimiento, diluyendo así la idea de una decisión tomada. El paso veloz ante modificaciones estructurales sólo puede dar entrada a problemas mayores”  

Norma Lucia Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante el primer parlamento sobre la reforma al Poder Judicial, realizado en la Cámara de Diputados, la ministra Piña aseguró que jueces, ministros, magistrados y trabajadores del PJF participarán en los nueve foros de discusión.

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En su participación, dijo que la justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial y que para una reforma como esta se tiene que reflexionar sobre el papel que desempeña este poder como piedra angular para mantener la paz y la cohesión.

Dio a conocer que la SCJN lleva más de cuatro meses escuchando juzgadores de diferentes lugares del país, así como a policías, fiscales, defensores públicos, peritos, defensores de derechos humanos, madres buscadoras y estudiantes, para poder solucionar los principales temas de seguridad y justicia.

Asimismo, señaló que las víctimas y quienes recurren al sistema de justicia merecen ser atendidos por personas honradas y con vocación de servicio, empáticas y capacitadas.

Por otro lado, resaltó que el Poder Judicial tiene propuestas para mejorar el sistema de seguridad y justicia en México, mismas que mostró a los legisladores.

A la reunión acudieron los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, entre otros participantes.

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Esto, luego de que la dirigencia nacional de Morena y el exministro Arturo Zaldívar dieran a conocer que promoverán un juicio político en su contra. 

A través de un comunicado, los jueces y magistrados rechazaron la “campaña difamatoria” contra la también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

“La JUFED rechaza cualquier intento de vincular su obligación de someter a investigaciones administrativas denuncias que son de su conocimiento por probables actos irregulares, como una estrategia maquinada para incidir en el proceso electoral y, lo más grave, actuar contra una candidata en específico”. 

Comunicado Jufed.

Asimismo, destaco que el juicio político es un instrumento Constitucional para hacer efectivas sanciones a servidores públicos en casos específicos.

Sin embargo, aseguró que se ha utilizado recurrente para intimidar a las y los juzgadores de manera constante.

“Resulta paradójico que se pretenda iniciar una campaña difamatoria contra la ministra presidenta, por cumplir con la obligación que los ciudadanos le demandan”.

Comunicado Jufed.

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Los jueces y magistrados señalaron que no es poco común que se presenten quejas y denuncias en contra de los juzgadores ante el CJF.

Esto, debido a que alguna de las partes considere que no se actuó conforme a determinados parámetros o porque no resultó ganadora de su proceso. 

Incluso, agregaron que en los últimos años el número de quejas presentadas en contra de las personas juzgadoras se ha incrementado, a tal grado que ha puesto en riesgo su integridad y la de sus familias. 

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En conferencia de prensa, acompañado por el dirigente de Morena, Mario Delgado, el exministro adelantó que también iniciará una demanda de juicio político en contra de la ministra.

Sin embargo, puntualizó que “no es revancha ni venganza”.

“Nos obliga a presentar una denuncia de inicio de juicio político en contra de la ministra presidenta de la Suprema Corte (…) por realizar actos que redundan en un ataque a las instituciones democráticas”.

Arturo Zaldívar.

Zaldívar acusó a la ministra Piña de incurrir en responsabilidades que pudieran dar lugar a delitos en responsabilidades electorales, administrativas y políticas.

“Es indigno usar a la Corte para pretender obtener beneficios que una candidata de la derecha conservadora y para tratar de detener la reforma judicial que estamos empujando”.

Arturo Zaldívar.

Las denuncias serán presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) y el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Otra denuncia será ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión del delito del ejercicio ilícito del servicio público. En particular por la sustracción y el uso ilícito de información bajo su custodia en virtud de su cargo previsto en el artículo 214 la acción cuarta del código penal federal, esto por la distribución masiva de la denuncia”.

Arturo Zaldívar.

Respecto a la denuncia ante la Fepade, detalló que esta se presentará “por el probable delito electoral de uso ilegal de fondos bienes o servicios a su disposición”.

Argumentando que Piña ha incurrido en el artículo 11 fracción tercera de la Ley General en materia de Delitos Electorales.

“Por la probable comisión del delito electoral consistente en apoyar de cualquier forma a un candidato o perjudicar a otro candidato”.

Arturo Zaldívar.

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Otras acusaciones a Norma Piña

Señaló que Piña ha coaccionado y amenazado a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que no hubiera cambio de presidencia.

Además, la acusó de reunirse de manera privada con líderes partidistas para diseñar un ataque en su contra.

Así como filtrar el acuerdo de inicio de la investigación, violando el derecho de presunción de inocencia y debido proceso.

Aseguró que, al revelar este documento, Norma Piña pretendía influir en campañas electorales.

Zaldívar añadió que también interpondrán una denuncia ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por la filtración y demás irregularidades.

En tanto, Mario Delgado informó que el juicio político se realizará a través de la Cámara de Diputados, el cual podría iniciar en septiembre con el nuevo Congreso.

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