Durante la audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo, Sonora, fue imputado por los delitos de delincuencia organizada y contra de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

En la comparecencia, la defensa solicitó la ampliación del plazo para presentar pruebas y alegatos. Por ello, la próxima audiencia se fijó para el sábado 23 de agosto, a las 17:00 horas, en donde se determinará si es vinculado a proceso.

Julio César Chávez Jr. permanecerá en Cefereso 11 de Sonora

Al dictarse la medida cautelar de prisión preventiva justificada, el acusado permanecerá en el Centro de Readaptación Social Número 11 de Sonora.

El boxeador enfrenta una acusación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) por supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa. Además de su presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas.

Desde antes de su detención en Estados Unidos, la FGR reveló que ya existía una orden de aprehensión en México desde 2023.

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Con 335 votos a favor y 108 votos en contra, se aprobó la modificación de este artículo, en donde se incluye la extorsión, el contrabando y delitos relacionados con el fentanilo y drogas sintéticas.

Dicha reforma ya fue enviada al Senado, además, se incluyó el mandato a los jueces para que ordenen prisión si se realiza algún delito grave incluidos en el catálogo.

Asimismo, a otros órganos del Estado se les prohibió hacer interpretaciones para dejar de aplicar la sanción.

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Uno de los delitos que se incluye son aquellos relacionados con drogas sintéticas como el fentanilo.

Lo que incluye la ilegal:

• Producción
• Preparación
• Enajenación
• Adquisición
• Importación
• Exportación
• Transportación
• Almacenamiento
• Distribución de precursores y de químicos esenciales empleados para la fabricación de esas sustancias.

También, la expedición, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados en los términos fijados por la ley.

Por su parte, el diputado Ricardo Monreal, líder de los diputados de Morena, planteó eliminar los delitos de defraudación fiscal y el narcomenudeo.

Cabe mencionar que estos delitos ya estaban en el dictamen original, el cual tras casi ocho horas de debate, se aprobó.

Morena argumentó para retirar el narcomenudeo, que optarán por dar “un tratamiento social” a ese delito.

Sobre la exclusión de la defraudación fiscal, Monreal, detalló que se ha platicado con diversos sectores económicos y “en este momento se necesita unidad nacional”.

Además, se aceptó la reserva, de que también exista prisión preventiva oficiosa para los distribuidores de precursores de “químicos esenciales” que tienen el mismo fin.

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Se le acusa por los delitos de homicidio doloso, lesiones dolosas y ejercicio indebido del servicio público.

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De acuerdo con la causa penal 235/2023, los hechos que se le imputan son por el homicidio de 40 migrantes y lesiones a 27 más, en el centro de detención de Ciudad Juárez, el pasado 27 de marzo.

El ex delegado del INM solicitó la duplicidad del plazo constitucional, por lo que el próximo viernes 21 de abril se resolverá su situación jurídica y se dará el dictamen si es o no vinculado a proceso.

La defensa de González solicitó al juez que le permitiera tener arraigo domiciliario por su estado de salud, ya que padece diabetes, o que la prisión preventiva sea en el Campo Militar número 1 en la Ciudad de México, por ser militar en retiro.

Pero el juez consideró improcedente ambas peticiones. El imputado será atendido en el Centro de Reinserción Social número 3, donde estará recluido en Ciudad Juárez.

Y aunque la defensa del ex delegado advirtió que corre riesgo al estar en el Cereso número 3, porque ahí se encuentran migrantes detenidos; el juzgador giró la instrucción de que se salvaguarde la integridad física del imputado dentro del penal.

El día de mañana, será la audiencia donde se determinará si son vinculados a proceso por los delitos de lesiones, ejercicio ilícito del servicio público y homicidio, a Eduardo Apodaca Magallanes, ex jefe del Departamento de Recursos Materiales de la oficina de representación del INM, Juan Carlos Meza Cumplido, ex coordinador del Grupo Beta de Protección a Migrantes, y Cecilia Rivera Tena, ex agente de Migración “B”.

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Por el caso Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortíz, la CIDH sostiene que México deberá adecuar a estándares internacionales su ordenamiento jurídico interno sobre la prisión preventiva oficiosa y el arraigo.

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La CIDH encontró al Estado de México responsable por la violación de diversos derechos de dos hombres a quienes las autoridades judiciales enviaron a prisión preventiva oficiosa por 17 años y que además sufrieron torturas en el periodo que estuvieron detenidos.

“Para esta Corte es claro que la extensión por más de 17 años de la prisión preventiva significó en los hechos que se aplicará a los procesados una pena encubierta sin una condena, puesto que constituyó una medida punitiva sin previo juicio acompañado de sus garantías, y por un lapso que excede todo plazo razonable ya que este correspondió aproximativamente a la mitad de la pena que se impuso en la sentencia condenatoria”, indica el fallo de la CIDH.

Los derechos que fueron violentados fueron: a la integridad personal, la libertad personal, las garantías judiciales, la igualdad ante la ley, la protección judicial, a ser oído, a la presunción de inocencia y al principio de plazo razonable.

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En 2001, Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortíz, fueron acusados de haber asesinado a la regidora de Atizapán, María de los Ángeles Tamés.

La orden de la Comisión Interamericana a México es determinar los proceso penales, revisar la pertinencia de mantener las medidas cautelares y excluir los antecedentes incriminatorios que se obtuvieron bajo tortura.

La CIDH solicitó “la eliminación del orden jurídico interno la figura de la prisión preventiva bajo la figura legal del delito grave y la figura constitucional de prisión preventiva automática”.

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Este lunes 10 de abril, fue la audiencia pública en el Centro de Justicia Penal Federal de Reynosa, Tamaulipas, la  que comenzó por la mañana y terminó a las 2:21 de la tarde. 

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La FGR imputó de manera formal a los cuatro militares en activo, identificados como: Agustín “N”, Juan Carlos “N”, Bernardo “N” y Jorge Nicolás “N”, por los delitos de homicidio calificado en agravio de cinco jóvenes y por el ilícito de tentativa de homicidio en agravio de los dos sobrevivientes.

Se les dictaminó la medida de prisión preventiva oficiosa en el Campo Militar 1 de la Ciudad de México. Los militares solicitaron la duplicidad del plazo constitucional, que será reanudada para el próximo miércoles 12 de abril a las 16:00 horas.

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Los abogados de los jóvenes asesinados buscarán ampliar la imputación para que los otros 17 militares que también se vieron involucrados en el caso de Nuevo Laredo, sean investigados y se les aplique la ley, incluido el capitán Elio “N” que se encontraba al mando del operativo que asesinó a los cinco jóvenes.

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Humberto Chávez, juez de Control, rechazó al exgobernador prisión domiciliaria; luego de que la defensa argumentó que César Duarte Jáquez tiene problemas de salud.

Este jueves se realizó la audiencia de revisión de medidas cautelares, en la que se informó que el exgobernador continuará en prisión.

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El exmandatario César Duarte fue acusado del desvío de más de 96 millones de pesos del erario; por lo que seguirá internado en el Centro de Reinserción Social No. 1, Aquiles Serdán.

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El juez informó que las condiciones que justificaron la prisión preventiva desde el inicio de su proceso para ser extraditado a Estados Unidos en 2022, no han cambiado.

Asimismo, en la revisión de argumentaciones, consideró inviable la revisión de las medidas, ya que no se está violentando ningún precepto de Derechos Humanos para el imputado.

Aseguró que se le brinda atención médica y demás beneficios a los que tiene derecho toda persona privada de la libertad.

Por otra parte, el juez le dio a la defensa una ampliación de plazo de dos meses para realizar una audiencia intermedia, el 3 de abril, para presentar pruebas; después iniciará su juicio formal.

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La conductora mexicana se encuentra prófuga de la justicia por estar presuntamente implicada en lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal.

Recordemos que, desde el año 2021, Inés Gómez Mont tiene una ficha de búsqueda en su contra; sin embargo, se desconoce su paradero, por lo que es prófuga de la justicia.

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Cabe mencionar que la presentadora de televisión lleva tres mandamientos judiciales que eran de conocimiento público; este es el único, hasta el momento, que no podrá realizar en libertad si las autoridades lograran detenerla.

Por su parte, Gómez Mont solicitó un amparo ante el Juez Décimo Primero, en el que solicitó no ser detenida, pero se le negó.

La orden de aprehensión en contra de la artista mexicana se emitió por un juez de control en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur; a causa de un supuesto fraude fiscal que se registró en el 2017 al Impuesto Sobre la Renta (ISR), mismo que tiene un precio de 3 millones 631 mil 745.01 pesos.

Las órdenes de aprehensión anteriores de la defraudación fiscal se realizaron por un juez de control de los centros de Justicia Penal Federal de los Reclusorios Oriente y Norte. Inés Gómez Mont libró el primero pagando 12 millones 921 mil 762 pesos, mientras que el segundo lo libró por 6 millones 613 mil 867.

El juez de control del Centro de Justicia Penal en Almoloya de Juárez, que se encuentra en el penal del Altiplano, giró la orden de captura contra la conductora por un presunto fraude de 13 millones 572 mil 444 al ISR de 2016, situación que ameritaría prisión preventiva.

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Por medio de redes sociales, el mandatario de Jalisco pidió la mejor opción para los jóvenes Javier, José e Iván; estudiantes que pertenecen a la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU).

Muy pronto se reanudará la audiencia en el proceso legal que tres jóvenes, estudiantes de la UdeG, deben enfrentar al ser acusados de Despojo.

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«El gobierno de Jalisco no forma parte de esta disputa legal y corresponde estrictamente al Poder Judicial resolver el asunto conforme a derecho. Sin embargo, no puedo guardar silencio cuando con mentiras vulgares se ha pretendido construir la idea de que hay un grupo de estudiantes en la cárcel por manifestarse y que esto es producto de las instrucciones del Gobernador. Esto es absolutamente falso y quiero, como siempre lo he hecho de frente y hablando con la verdad, explicar por qué”, agregó el mandatario.

Enrique Alfaro compartió que ni él ni las autoridades del estado buscan entrometerse en la disputa legal entre la empresa inmobiliaria y estudiantes de la UdeG, tras una denuncia interpuesta por los particulares.

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Asimismo, el gobernador Alfaro Ramírez refirió que son falsas las acusaciones en su contra, que indican que él gira instrucciones para presionar el futuro de los jóvenes.

En la grabación, recalcó que el proceso que enfrenta Javier Armenta, José Alexis Rojas e Iván Ilich Vladimir no es por protestar; si no por una denuncia que se realizó por un particular por el presunto despojo de inmuebles.

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Luego de que se programó para este jueves la discusión de esta propuesta del Ministro Luis María Aguilar Morales, faltó la intervención de algunos ministros en el tema de la Prisión Preventiva.

Solo seis de 11 ministros presentes votaron a favor de este proyecto.

Aun así, la votación sobre el dictamen no alcanzó los votos necesarios para que esta medida deje de ser obligatoria, es decir, los cambios sobre la aplicación de la prisión preventiva oficiosa seguirán; excepto para los delitos de contrabando, defraudación fiscal y facturación falsa

El documento de 226 hojas emitido por la Suprema Corte establece que los delitos fiscales mencionados no constituyen un atentado contra la seguridad del país, por lo que consideraron no necesaria la prisión preventiva oficiosa.

Ahora se declare la invalidez de las normas que contemplan la prisión preventiva oficiosa para los delitos fiscales, lo único que implica es que a juicio de este Alto Tribunal, estos ilícitos fiscales no constituyen un atentado grave contra la seguridad de la Nación”, insistió.

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Esta propuesta es del Ministro Luis María Aguilar Morales, y busca que esta medida cautelar no se aplique de forma automática por los jueces, es decir, que haya primero debate entre el ministerio público y la defensa del acusado.

Aguilar Morales planteó la invalidez de la reforma que adiciona los delitos fiscales a la Ley de Seguridad Nacional y la de Delincuencia Organizada, al considerar que estos no representan un riesgo a la seguridad nacional.

“No debemos entender que oficioso debe ser automático y que en todos los casos debe considerase sin mayor análisis”

Por ello, incluye la resolución de las acciones de inconstitucionalidad en contra de la adhesión de tres delitos fiscales en la Ley de Seguridad Nacional para integrarlos al catálogo de delitos que merecen PPO.

Se avanza en la discusión sobre la Prisión Preventiva Oficiosa

Hoy se había avanzado en la discusión de esta propuesta, quedando sin votación definida, por lo que la SCJN suspendió el debate y retomarán el tema el próximo jueves 24 de noviembre.

En septiembre pasado los jueces de la SCJN discutieron el mismo tema pero se llegó a la suspensión de ella.

Ahora, el nuevo proyecto no busca desaparecer la medida, sino obligar a la autoridad a que haya una argumentación para poder así solicitar al juez de control la Prisión Preventiva.

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