Luego de que el viernes se dieran a conocer versiones del bloqueo de cuentas de los señalados por EU, este lunes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la UIF, emitió un comunicado donde explicó que se realizaron “adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con carácter estrictamente preventivo”. 

En este sentido, señaló que la medida fue derivada de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano.

La UIF indicó que dichos reportes derivaron de los señalamientos realizados por el gobierno estadounidense y difundidos públicamente.

“Por lo que los bancos mexicanos al mantener relaciones de corresponsalía con entidades financieras de los Estados Unidos emitieron alertamientos respecto de clientes considerados como Personas Políticamente Expuestas (PEP) conforme a sus mecanismos de cumplimiento y monitoreo”.

Con base en dichos reportes bancarios, “la UIF llevó a cabo la inmovilización preventiva, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional”, señaló.

Asimismo, insistió en que la medida no constituye una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna. Dijo que es una acción preventiva de carácter administrativo.

Además, señaló que las personas señaladas cuentan con los medios de defensa y garantías previstos en la legislación, entre ellos la garantía de audiencia

Sheinbaum confirma que la UIF congeló cuentas a 10 funcionarios señalados por EU

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la UIF congeló las cuentas bancarias del gobernador con licencia, Rubén Rocha, además de nueve funcionarios de Sinaloa señalados por autoridades de EU, como parte de una medida preventiva.

“Dado que hay una orden de aprehensión en Estados Unidos contra 10 personas, los bancos de aquí, como tienen relación con los bancos de allá, toman una serie de medidas y de manera automática preventivamente lo hace la UIF”, señaló.

Se entregan dos exfuncionarios del gobierno de Rubén Rocha

El viernes pasado dos exfuncionarios del gobierno de Rocha Moya se entregaron en Estados Unidos.

Primero se informó sobre la detención de Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa.  Posteriormente, se supo que Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, se habría entregado a las autoridades estadounidenses.

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En la sesión de este lunes, el pleno del máximo tribunal aprobó el proyecto de la ministra Loretta Ortiz, que planteó validar el artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito. Con este debate se resolvió la acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición.

Durante la sesión, los ministros coincidieron en que el bloqueo de cuentas bancarias no es una sanción penal, sino una medida cautelar administrativa y preventiva para proteger el sistema financiero nacional.

Los ministros determinaron que el congelamiento de activos financieros no representa una condena anticipada ni una pena. El Pleno de la Corte sostuvo que el bloqueo es una medida cautelar, no una sanción definitiva.

La SCJN precisó que esta acción se implementa ante la existencia de indicios de operaciones ilícitas y aclaró que no sustituye las facultades de las autoridades encargadas de la investigación criminal. 

En este sentido, concluyó que la disposición respeta la seguridad jurídica. Ya que contempla un procedimiento que garantiza el derecho de audiencia y defensa de las personas afectadas. Mismas pueden impugnar estas decisiones por las vías legales correspondientes.

Así, la Corte validó que la UIF no necesita una solicitud extranjera formal y detallada para congelar cuentas. Según el criterio judicial emitido, la unidad puede actuar con base en información nacional o internacional, conforme a estándares como los del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

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Este anuncio se da tras la salida de Pablo Gómez de dicho organismo, quien se incorporará a la Comisión Presidencial para la reforma electoral.

Durante su conferencia matutina, la mandataria destacó que Reyes Colmenares es muy buen perfil, especialista en inteligencia.

«Ahora estaba en el área de centros penitenciarios, también estuvo conmigo trabajando en la Ciudad (de México), primero en un área de inteligencia, después también estuvo de responsable de los centros penitenciarios, es especialista en inteligencia y es muy buen perfil», dijo.

No obstante, acotó que la propuesta de Reyes tendrá todavía que pasar por la Comisión Permanente del Senado mexicano.

Omar Reyes Colmenares es el actual titular de Reinserción y Readaptación Social de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dependencia que encabeza Omar García Harfuch.

¿Qué funciones lleva a cabo la UIF?

La UIF investiga y reporta operaciones financieras sospechosas ligadas al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo. Recibe reportes bancarios, analiza patrones económicos y colabora con autoridades judiciales y fiscales.

Para lograr esto, realiza diversas tareas como la recopilación, análisis y diseminación de información financiera relevante.

Pablo Gómez diseñará la reforma electoral del Gobierno

El pasado 2 de agosto, la presidenta Sheinbaum anunció la creación de la Comisión Presidencial para la reforma electoral, la cual será encabezada por Pablo Gómez.

«Esta comisión tendrá por objetivo la elaboración de un diagnóstico profundo del estado en el que se encuentra el modelo electoral y de partidos, y como segunda tarea el confeccionar una reforma legislativa que esté acorde con los tiempos actuales en México, en donde se ponga en el centro la democracia y el pueblo», señaló el gobierno mexicano.

Asimismo, Sheinbaum explicó que se harán foros de discusión abiertos al público y en coordinación con el Congreso, donde Pablo Gómez presentará lineamientos y propuestas para modificar el sistema electoral. «Vamos a hacer una encuesta para ver qué opina el pueblo…».

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De acuerdo con lo difundido, la representación del exgobernador lo acusó por los probables delitos de enriquecimiento ilícito y persecución política en contra del exmandatario estatal.

Los abogados de García Cabeza de Vaca acusaron a Santiago Nieto de utilizar supuestos oficios de colaboración de autoridades de Estados Unidos para la fabricación de casos judiciales en México.

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Según los expertos legales, hay ocho carpetas de investigación contra Nieto Castillo y esperan poder llevarlo ante un juez de control por media decena de delitos.

“Esperamos antes de que termine el año poder llevarlo ante un juez de control por media decena de delitos”, indicó el abogado Javier Coello Trejo.

Precisó que entre los delitos que denunciarán se encuentra enriquecimiento ilícito, por al menos un millón de dólares.

“Tenemos evidencia de que en muchos casos estos supuestos oficios de colaboración no tenían relación alguna con investigaciones en curso o incluso eran manipulados por funcionarios de la UIF», aseveró Coello.

Por su lado, Santiago Nieto apuntó que García Cabeza de Vaca y su defensa «están desesperados» en el tema de su situación jurídica.

Orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca sigue vigente

Aunado a ello, la Fiscalía General de la República (FGR) recibió los elementos de prueba y afirmó que Nieto deberá reponerse el aludido juicio de amparo.

Además, se deberá mantener vigente la orden de aprehensión en contra del exgobernador de Tamaulipas.

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La situación legal del exgobernador es incierta, ya que el extitular de la UIF ha señalado que ya se puede solicitar una orden de aprehensión en su contra

Cabe recalcar que fuentes migratorias detallaron que García Cabeza de Vaca ya no se encuentra en México.

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UIF informó, mediante un comunicado, que este lunes, 14 de noviembre, presentó una denuncia ante FGR contra Murillo Karam por presunto lavado de dinero.

En este sentido, el delito presuntamente fue realizado dentro una empresa familiar que es mencionada en la investigación de los Pandora Papers. 

En dicho negocio, se destaca como socios sobrino, yerno e hijos de Murillo Karam, beneficiados con contratos del gobierno federal cuando era responsable de la PGR con Enrique Peña.

Estos contratos fueron licitaciones de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entre 2013 a 2015.

Aseveraron que analizaron los riesgos respecto a las personas mexicanas expuestas políticamente (PEP) mencionadas en la investigación de los Pandora Papers.

Esta investigación salió a la luz en octubre del año pasado.

“En este sentido, se identificó que la referida empresa, en el periodo de 2013 a 2015, obtuvo licitaciones por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y en ese mismo lapso la PEP tenía como secretario al hijo del entonces Titular de la SCT, por lo que, posiblemente se trató de un esquema de contraprestaciones mutuas, en donde a través de influencias se benefició con contratos a la empresa familiar”, difundió la UIF.

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La semana pasada, el titular de la UIF, Pablo Gómez, informó acerca de dos empresas que son parte de la investigación, sin embargo, no se conocía el nombre de dichas compañías involucradas, hasta ahora: Plasti-Estéril e Impulsora Agrícola La Laguna. Los dos familiares del expresidente y él mismo siguen siendo accionistas de la última. Asimismo, la UIF indagó que el cuñado de Enrique Peña Nieto también es tesorero de la empresa Productores FCB, que, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF), recibió y desvió 33.9 millones de pesos para el campo de un programa federal, el sexenio pasado. 

Por otra lado, se descubrió que en el 2013, el exmandatario presionó al aquél entonces director de Pemex, Emilio Ricardo Lozoya Austin, para así beneficiar a Arturo Peña Nieto, también hermano del expresidente, por medio de contratos públicos de parte de la petrolera. De igual forma, en el 2020 la Fiscalía General de la República (FGR), anunció que Lozoya también había recibido presiones por parte del entonces cuñado de Peña Nieto, Juan José Chimal Velasco. 

El ex cuñado también fue acusado en el 2019 por otro posible caso de corrupción, ya que la Fiscalía General de Chihuahua dio a conocer un presunto desvío de 23 millones 200 mil pesos por parte de Explocean, compañía en la que Chimal Velasco fungía como directivo de relaciones públicas. Dicha cantidad se desvió de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte en el gobierno de César Duarte. La Fiscalía General de Chihuahua asegura que el ex gobernador de Chihuahua había ordenando el pago de los recursos a la empresa “para quedar bien con el presidente”. 

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