El laboratorio autoritario de Chihuahua
El Ágora
Por Ana Gómez
La represión ya no llega con granaderos. Eso era de antes, demasiado evidente, demasiado fotogénico. Hoy los gobiernos conservadores del país aprendieron un truco mucho más conveniente, usar el propio aparato del Estado, la burocracia, las obras públicas, las fiscalías, para ahogar la protesta sin que salga ni una sola policía en cámara.
El laboratorio más avanzado de este experimento está en Chihuahua. Allí, Maru Campos lleva meses con el agua al cuello, literal y figuradamente, y cuando la ciudadanía decidió salir a exigirle cuentas, su gobierno convirtió la infraestructura pública en un arma.
El boicot hidráulico
El sábado 16 de mayo, miles de chihuahuenses salieron a marchar exigiendo el desafuero de la gobernadora, tras los indicios de injerencia extranjera y la presencia de agentes de la CIA en la Sierra Tarahumara. Era una marcha pacífica, organizada, con ciudadanos de todo el estado. Maru Campos no los recibió, no los escuchó, no salió a dar la cara. En cambio, mandó a sus equipos a ponerles el mayor número de obstáculos posibles.
Primero aparecieron los tráileres. Así, de repente, cruzados «casualmente» en los accesos de Sacramento y Lázaro Cárdenas justo cuando llegaban decenas de autobuses con manifestantes de Ciudad Juárez y el sur del estado. El transporte público local también fue suspendido ese día, para que los capitalinos que quisieran sumarse tampoco pudieran moverse.
Pero lo más descarado ocurrió frente al Palacio de Gobierno, sobre la avenida Venustiano Carranza. Horas antes de la marcha, cuadrillas de la JMAS, el órgano operador de agua de la entidad, aparecieron con maquinaria a «reparar una fuga de emergencia» que nadie había reportado, abriendo una zanja llena de lodo justo donde iba a concentrarse la gente. Para cerrar el paquete, el gobierno lanzó una campaña llamando «provocadores» a los marchantes y montó un operativo de hostigamiento cerca del aeropuerto. Todo muy coordinado. Todo muy oportuno.
El contraste con el gobierno federal no podría ser más claro. La presidenta Claudia Sheinbaum no manda tráileres a bloquear marchas: las deja pasar, aunque sean en su contra. Y sobre lo ocurrido en Chihuahua no guardó silencio:
« Es parte del momento político, pero también que la gente haga su análisis cuando hablamos de libertad….
Nosotros no detenemos a nadie cuando sea un dirigente que se manifiesta, hay total libertad de expresión…».
El patrón conservador
Lo de Chihuahua no es un accidente ni una coincidencia, es el manual. Cuando los gobiernos del PAN se sienten acorralados por la ciudadanía, su respuesta no es el diálogo ni la rendición de cuentas. Es la represión, disfrazada de burocracia o de justicia.
El caso más crudo está en Aguascalientes. Aquí un joven activista de 27 años, Carlos Darío, fue a protestar de forma pacífica frente al Teatro Morelos contra la condecoración de Isabel Díaz Ayuso, la política ultraconservadora española, días después casualmente fue detenido de manera violenta e ilegal. Miembros de asociaciones civiles aseguran que para que no saliera rápido, le sembraron droga.
Hoy Carlos Darío está en prisión preventiva, enfrentando un proceso lleno de irregularidades, acusado de narcomenudeo por una droga que dice no era suya y algunos de sus compañeros aseguran que han sido amenazados por el mismo motivo. Su caso es el retrato más fiel de lo que es la «justicia» en los estados que gobierna la derecha, no es un sistema para proteger a la gente, sino una herramienta para silenciar a quienes se atreven a protestar.
Dos visiones de país
Lo que está pasando en con los gobiernos conservadores no es un problema menor de «estilos de gobierno». Es una señal de lo que ocurre cuando la derecha mexicana pierde el consenso, se aferra al poder usando las instituciones que deberían servirle a la gente para golpear a quienes la cuestionan.
Para el conservadurismo mexicano, la libertad de expresión sirve cuando la gente aplaude y calla cuando la gente cuestiona. Este mes de mayo lo dejó muy claro, si te atreves a marchar, te ponen una zanja. Si te atreves a protestar, te siembran droga. La amenaza a la democracia no viene de arriba, sino de los gobiernos estatales que se creen intocables y de las fiscalías que les sirven de escudo.
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*Los textos publicados en la sección de Opinión son responsabilidad exclusiva del autor.
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