Hay líneas rojas que no deben cruzarse

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, aseguró en su programa de televisión poseer fotos íntimas de diputadas del PRI, lo cual no es solo una amenaza inadmisible, también es un delito. La Ley Olimpia se aprobó precisamente para castigar esa deleznable práctica y la influencer YosStop estuvo en prisión por una conducta similar.

El asunto no quedó en el exabrupto de la mandataria en funciones de conductora televisiva. Toda la estructura oficialista en redes sociales, misma que es controlada desde Palacio Nacional, fue activada para acosar, calumniar y denigrar a legisladoras de oposición por ese supuesto material.

Resultó lastimoso ver que mujeres se sumaran al escarnio, muchas de las cuales se han movilizado para repudiar la violencia estructural que sufren, pero en esta ocasión se volvieron cómplices de ella y se olvidaron de la sororidad que pregonan al seguir el reflejo de la inescrupulosa polarización promovida por el presidente y atacar con saña misógina a las injustamente señaladas solo por ser opositoras.

Vivimos tiempos cínicos en los que gobernantes prepotentes violan la ley sin disimulos, sabiéndose impunes. Peor aún, la señora Sansores, cuyo padre era emblema de la corrupción caciquil del viejo régimen, lleva a su programa al fiscal del estado, quien no solo presencia la difusión de audios ilegales y la confesión de delitos, le sigue el juego mediático, convirtiendo la venganza presidencial en un reality show. Renato Sales es conocido por ser un funcionario honesto, serio y respetable, pero por lo visto nadie se salva de la degradación en esa pantomima que llaman cuarta transformación.

El régimen espía líderes opositores y manipula la justicia con fines políticos. Decirlo no defiende conductas indebidas, demanda que se actúe con apego a Derecho y respetando el debido proceso. Lo que no entienden López Obrador y sus secuaces es que para conservar el poder no todo está permitido. 

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