El Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones directas a la Corte Penal Internacional (CPI) para cortar sus recursos y paralizar sus actividades, amenazando incluso con sancionar a quienes presten servicios al tribunal.
La medida fue anunciada horas después de que el Premio Nobel de la Paz fuera otorgado a la exjueza de la CPI, Navi Pillay.
Este viernes, el secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que prohibirán las transacciones con la Corte, a la que calificó de “deshonesta”.
«Hasta la fecha, Estados Unidos ha impuesto sanciones a 17 personas. Hoy, el Departamento de Estado anuncia medidas adicionales para defender la soberanía estadounidense y neutralizar la amenaza que representa la CPI», anunció el Departamento de Estado de Estados Unidos.
“Prohibiremos las transacciones con este tribunal ilegítimo, cortando sus recursos y paralizando su capacidad para actuar en nuestra contra», advirtió Marco Rubio.
«Estados Unidos nunca se unió a la Corte. No la necesitamos. Y no la queremos», añadió. Y afirmó que «durante décadas, tanto republicanos como demócratas rechazaron la idea de que la Corte Penal Internacional tuviera la facultad de enjuiciar a ciudadanos estadounidenses, militares en servicio activo o líderes políticos».
Asimismo agregó que «o la CPI pone fin a sus amenazas, o nosotros pondremos fin a la CPI».
Washington le dio seis meses al alto tribunal para dar tiempo a los Estados miembro para que demuestren que responden con acciones concretas «a las preocupaciones de Estados Unidos».
CPI rechaza sanciones de EU
La Corte Penal Internacional rechazó categóricamente las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. El Tribunal calificó la acción como «un asalto al Estado de derecho».
Las sanciones constituyen «un ataque contra el Estado de derecho y contra los propios fundamentos del orden jurídico internacional, al cuestionar el principio fundamental de que nadie está por encima de la ley», declaró la corte en un comunicado.
Las sanciones constituyen «un ataque contra el Estado de derecho y contra los propios fundamentos del orden jurídico internacional, al cuestionar el principio fundamental de que nadie está por encima de la ley», declaró la corte en un comunicado.
La presidenta del Tribunal, Tomoko Akane, afirmó que la institución continuará cumpliendo su mandato con total independencia e imparcialidad, asegurando que «no se dejará intimidar» y que «la historia juzgará este momento»
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