Fiscalía de Aguascalientes investiga la filtración de imágenes de magistrade Ociel Baena

La Fiscalía de Aguascalientes investiga la filtración de imágenes de los cuerpos sin vida de Ociel Baena y Daniel Nieves.

Ociel Baena

La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes abrió una carpeta de investigación por la filtración y difusión de imágenes de los cuerpos sin vida de le magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo y su pareja Dorian Daniel Nieves, así como un acta de defunción.

Las imágenes fueron tomadas dentro del domicilio de Ociel Baena y Daniel Nieves, en ellas se observa sus cuerpos sin vida postrados en el suelo.

Dichas imágenes forman parte de la investigación en curso.

Asimismo, se investiga la filtración del certificado de defunción de le magistrade, el cual incluye los datos personales del occiso.

El certificado también contiene la causa de muerte y detalles específicos de los acontecimientos.

“Se abrió carpeta de oficio CI/AGS/30817/11-23 por las fotos que se filtraron y andan circulando en redes sociales, así como el certificado de defunción”.

Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

Estas investigaciones surgen luego de la indignación pública, de familiares y colectivos de la comunidad LGBTQ+, ante la publicación de las imágenes.

Las fotos comenzaron a circular rápidamente a través de redes sociales, violando el sigilo de la investigación y la dignidad de los fallecidos.

De acuerdo con el Artículo 183 del Código Penal Estatal, fracción sexta, se prohíbe la fotografía, videograbación, difusión, o cualquier medio que permita la identificación de cadáveres, restos humanos, documentos o datos sin la autorización correspondiente.

Estos actos pueden conllevar una pena de 6 meses a 3 años de prisión, así como de 15 a 50 días multa.

Además, se establece la obligación de pagar la reparación total de los daños y perjuicios causados por la filtración de dicho material.

Ley Ingrid

Aunado a esto, el Artículo 225 del Código Pedal Federal, conocido como la ‘Ley Ingrid’, sanciona delitos contra la administración de justicia, en concreto la filtración de imágenes de víctimas de violencia.

Esta ley surgió por el caso de Ingrid Escamilla, joven víctima de feminicidio, cuyas imágenes gráficas fueron difundidas en redes sociales en febrero de 2020.

La indignación de sus familiares y la sociedad ocasionaron que se creará un marco legal más estricto y condenatorio para quienes difunden este tipo de imágenes.

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