Tras la explosión generada por una pipa de gas en Iztapalapa, ocurrida el pasado 10 de septiembre, el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) anunció nuevas medidas para regular la circulación de vehículos que transportan sustancias peligrosas.
Este martes, Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, presentó nuevas reformas al Reglamento de Tránsito y a diversas legislaciones relacionadas con el transporte de sustancias peligrosas.
En conferencia de prensa, la mandataria capitalina detalló las nuevas medidas, las cuales dijo, buscan garantizar la seguridad de la población.
Medidas para regular la circulación de vehículos con sustancias peligrosas
La jefa de Gobierno anunció que las pipas de gas deberán circular con un límite de velocidad de 30 kilómetros por hora.
Asimismo, se prohibirá la circulación de vehículos con más de 40 mil litros de carga de materiales tóxicos.
También, se prohibirá la circulación por vías secundarias a pipas que transporten más de 10 mil litros de hidrocarburos
Los vehículos que transporten más de 20 mil litros de hidrocarburos solo podrán circular en la CDMX entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana.
Brugada Molina adelantó que el gobierno capitalino instalará radares móviles para controlar y sancionar cualquier exceso de velocidad en los accesos carreteros a la CDMX (Pachuca, Querétaro, Toluca, Cuernavaca y Puebla).
Además, se duplicarán las multas por infringir las disposiciones relacionadas con el transporte de materiales peligrosos.
Aunado a lo anterior, los choferes de pipas tendrán que acreditar un curso de manejo de sustancias peligrosas y constancia de capacitaciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para obtener la licencia de conducir tipo E-12.
Brugada adelantó que propondrá al gobierno federal que para la obtención del permiso de traslado de sustancias peligrosas, se solicite un dictamen realizado por una unidad verificadora autorizada por la Secretaría de Energía.
Por otra parte, se buscará la colaboración de la Secretaría de Energía y de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, para llevar a cabo operativos conjuntos y revisar que se cumpla esta normatividad. Así como revocar permisos cuando hay reincidencias.
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