El grupo de hackers Guacamaya intervino a los ejércitos de Chile, Colombia, Salvador, Perú y México. En el caso de la Sedena, se trata de 6 terabites de información, contenidos en más de cuatro millones de correos electrónicos con todo y datos adjuntos.
Los medios tardarán meses en procesar todos los archivos, pero lo que ya sabemos es escandaloso, al grado que la deteriorada salud del Presidente resulta lo menos grave. Si de por sí es preocupante que haya sido vulnerada la institución que vela por la seguridad nacional, el contenido de las comunicaciones confirma las peores sospechas, justo cuando se agudiza la militarización del país.
Menciono algunas perlas en el corto tiempo que dispongo: se confirma el espionaje político que realiza el Ejército, el cual considera a colectivos feministas una amenaza similar a la de grupos terroristas; militares vendieron armas a criminales frente al campo militar número uno; señalan a varios gobernadores de Morena por tener vínculos con el narco y el huachicol e incluso apuntan que el actual secretario de Gobernación encargó la seguridad de Tabasco a personajes ligados con un cártel.
Se acredita obstrucción castrense a investigaciones sobre los desaparecidos de Ayotzinapa, así como privilegios y lujos de la familia presidencial que contradicen la pobreza franciscana que predica El Rey del Cash. Ahora conocemos los planes empresariales de las Fuerzas Armadas, su intención de contar con línea aérea comercial, hoteles y centros turísticos. A pesar de que coinciden con activistas sobre la debilidad del terreno en el que construyen el Tren Maya, persiste el ecocidio de una reserva única en el mundo.
Desesperado por el flujo interminable de información, López Obrador minimiza el hackeo para que no se hable del asunto. Por eso los secretarios de Defensa y Marina se niegan a comparecer en el Congreso y hasta cancelan reuniones pactadas. Es decir, responden a la crisis escondiendo la cabeza como avestruces.
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