Las cajas que nadie quiso abrir
El Ágora
Por Ana Gómez
Hay que reconocerle a la derecha su capacidad de asombro. Durante años nos explicaron que el INE era intocable y que preguntar por sus compras era atentar contra la democracia. Hoy el PAN, que marchaba con el “INE no se toca” en la pancarta, presentó ante la FGR su propia denuncia contra Guadalupe Taddei por seis delitos. La conversión parecería milagro, si no fuera porque Taddei llegó a la presidencia del INE en 2023 y a los conservadores les conviene que la historia empiece justo ahí.
Que la ley llegue hasta el final
Que quede claro desde ahora, en esta columna no hay una sola línea en defensa de Guadalupe Taddei. Su caso tiene que investigarse a fondo. El viernes pasado, el Órgano Interno de Control del INE presentó seis denuncias penales ante la FGR contra funcionarios, exfuncionarios y empresas por probable cohecho, tráfico de influencias y uso ilícito de atribuciones, y las diez consejerías presentaron la suya. La UIF metió a 25 personas y 15 empresas ligadas a proveedores electorales en su lista de bloqueados, una medida preventiva que no equivale a condena. Los videos de Latinus con el contratista José Alfredo Hernández Casillas son materia de investigación y no de sentencia. Todo esto pide el presunto por delante y la ley encima, sin cortesías por haber presidido la elección de 2024.
El negocio llegó antes que ella
Sería ingenuo creer que una consejera inventó en dos años un negocio que tiene veintisiete. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno documentó que Cartonera Plástica, ligada a Hernández Casillas, ya vendía material electoral en el Estado de México en 1999, y que en 2005 un contrato de 63.7 millones con el instituto mexiquense terminó con la renuncia de siete consejeros. El gran despegue llegó en 2014, cuando la reforma electoral le dio al INE la facultad de nombrar a los consejeros de los institutos locales. De 2015 a 2023, 23 de esos 32 organismos asignaron contratos por 2,094 millones a las empresas de los hermanos. Fueron los nueve años de Lorenzo Córdova.
Córdova responde que él nunca firmó con esos señores, que el dinero lo pagaron los institutos estatales y que el INE apenas les compró 520 mil pesos. Técnicamente impecable. El consejo que él presidía nombraba a quienes firmaban, y en 2014 ese mismo consejo designó a Taddei al frente del instituto de Sonora, donde en 2021 ella firmó con Hernández Casillas, representante de Cajas Graf, un contrato por más de 46.8 millones. A quienes preguntan, Córdova los llama “cirqueros”. Curioso circo, uno donde el domador jura que nunca vio a los leones.
Las alertas que se archivaron
Señales hubo. En julio de 2021 la Cofece abrió una investigación de oficio por posibles prácticas monopólicas en las compras de material electoral, y hasta hoy no se conoce resolución. En noviembre de 2023 la UIF bloqueó las cuentas de Cajas Graf, de Corporativo Zeg y de los dos hermanos. Los jueces de aquel Poder Judicial, siempre tan escrupulosos con las formas, les concedieron los amparos revisando el trámite y no el origen del dinero. Hubo autoridades que vieron el expediente y lo dejaron dormir mientras los proveedores cobraban.
Por eso la investigación tiene que ir parejo hacia atrás. La Auditoría Superior anunció que revisará las compras del IFE, del INE y de los institutos locales desde el año 2000, y el INE pidió a la FGR revisar las licitaciones de la era Córdova. Que se haga sin excepciones por prestigio ni fueros de cátedra. Si la ley pesa sobre Taddei, tiene que pesar igual sobre los consejos que armaron esta red de nombramientos y sobre las empresas que llevan un cuarto de siglo cobrando.
Aguascalientes también tiene cajas
Una revisión de el ReporteroDigital al archivo de transparencia del IEE ubica 35.7 millones en ocho contratos con empresas de esta red entre 2018 y 2024. Más de 17 millones se firmaron antes de que Taddei llegara al INE. En 2021 compitieron por un mismo contrato Corporativo Zeg y Cajas Graf, que el gobierno federal ubica en el mismo grupo, y en 2024 la licitación de documentación y material electoral, por 16.7 millones, recibió una sola propuesta, la de Formas Finas y Materiales. El IEE asegura que la ASF revisó esos contratos sin observaciones. Perfecto. Entonces no habrá problema en publicar los expedientes completos, con actas y beneficiarios finales, antes de comprar el material de 2027.
Plazos y no discursos
A la FGR le toca demostrar que sabe leer denuncias con la misma velocidad con que las recibe. Las seis del OIC, la del Consejo General, la de la UIF y hasta la del PAN merecen plazos públicos, citatorios y avances verificables, y la ASF debe ponerle fecha a su estudio histórico. A siete meses de la elección de 2027, el pueblo merece votar con boletas y urnas que no salgan del mismo club de siempre. Taddei tendrá que responder, y también Córdova, los consejeros que firmaron en los estados y los dueños de las cajas. Contra la corrupción no puede haber impunidad, ni antes ni ahora.
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*Los textos publicados en la sección de Opinión son responsabilidad exclusiva del autor.
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