Cuatro reformas que México necesita
El Ágora
Por Ana Gómez
Un periodo extraordinario abre la puerta para mejorar la elección judicial, frenar al crimen organizado en las urnas y defender la soberanía electoral del país.
Hay semanas en la vida legislativa de un país que definen el rumbo de años. Esta es una de ellas. El martes 27 de mayo arranca el Primer Periodo Extraordinario de Sesiones del Congreso de la Unión, convocado a petición de la Comisión Permanente para discutir cuatro iniciativas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum. No son reformas menores, tocan la forma en que elegimos a nuestros jueces, la manera en que los partidos seleccionan a sus candidatos y los mecanismos que tiene el Estado para defender el voto de influencias externas.
La senadora Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Comisión Permanente, lo resumió con claridad, se discutirán iniciativas para modificar la Constitución en materia de elección del Poder Judicial, crear un órgano en el INE que revise la probidad de los candidatos y establecer la injerencia extranjera como causal de nulidad de una elección. Todo debe quedar listo antes del primero de junio para que las nuevas reglas puedan aplicarse en los comicios de 2027. El tiempo apremia, pero las razones para actuar son urgentes.
Mejorar la elección judicial
En junio de 2025, México hizo algo que ningún otro país había intentado a esa escala, elegir por voto popular a más de dos mil seiscientos jueces y magistrados. El intento fue valioso, pero los resultados mostraron que el modelo necesita ajustes antes de repetirse.
La iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum propone mover la segunda ronda de esa elección, programada para 2027, al 4 de junio de 2028. La razón es práctica y sensata, en 2027 ya habrá comicios para gobernadores, diputados federales y presidentes municipales en decenas de estados. Organizar dos elecciones distintas el mismo día, con dos tipos de casilla y dos tipos de boleta, significaría una logística imposible y un costo desorbitado para el INE. Separarlas es simplemente lo correcto.
Pero el aplazamiento viene acompañado de mejoras concretas, boletas más simples, menos candidatos por cargo y el conteo de votos en la misma casilla donde se vota, no en sedes lejanas como ocurrió la última vez. Son cambios que responden directamente a las críticas ciudadanas y que buscan que la siguiente elección judicial sea más comprensible, más confiable y participativa.
Que el crimen organizado no llegue a las boletas
Uno de los problemas más graves que enfrenta México es la infiltración del crimen organizado en los gobiernos locales. La Operación Enjambre en el Estado de México, los casos de municipios en Jalisco y las detenciones recientes en Morelos han dejado en evidencia que algunos partidos, a veces por descuido, a veces por conveniencia, han postulado a personas con vínculos con la delincuencia. Esta iniciativa busca poner un freno antes de que lleguen a las urnas.
La propuesta crea la Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas dentro del INE. Antes del registro formal, los partidos podrán someter sus listas a una revisión conjunta del instituto electoral, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera. Si se detecta un «riesgo razonable» de vínculos con el crimen, el partido recibe una notificación confidencial y decide si mantiene o retira esa candidatura. No hay cancelaciones automáticas, no hay expedientes filtrados, no se viola la presunción de inocencia. Es un filtro preventivo, no un tribunal. Y México lo necesita con urgencia.
Defender el voto de las manos extranjeras
Para entender por qué estas dos iniciativas son necesarias, basta con mirar lo que ocurrió a finales de abril de 2026 en la región, el escándalo conocido como el Hondurasgate. Una serie de audios filtrados, atribuidos al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de prisión por narcotráfico e indultado por Donald Trump, reveló la presunta existencia de una red de injerencia política y desinformación coordinada desde el exterior para desestabilizar a gobiernos progresistas de América Latina, entre ellos el de México y Colombia.
En las grabaciones, según la investigación publicada por el medio español Diario Red, se describe la construcción de plataformas digitales de desinformación operadas desde Estados Unidos, financiamiento externo para campañas de desprestigio y contactos con figuras políticas internacionales. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció públicamente la operación y exigió activar mecanismos de protección electoral. México, con elecciones intermedias en 2027, no puede darse el lujo de ignorar una advertencia tan concreta.
Es en ese contexto donde cobran toda su fuerza las dos últimas iniciativas del paquete legislativo. La primera reforma el artículo 41 constitucional para añadir una nueva causal de nulidad electoral, cuando que se compruebe intervención de gobiernos, organizaciones o individuos extranjeros con la intención de influir en el resultado de los comicios. La segunda actualiza la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral para establecer cómo operaría esa nulidad en la práctica: los procedimientos, las sanciones y los plazos para que el INE y el Tribunal Electoral emitan protocolos de investigación.
Tres problemas reales, cuatro respuestas concretas, que son reformas que no nacen de la nada, nacen de errores documentados, de operativos fallidos, de una ciudadanía que merece procesos electorales más limpios y más suyos.
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*Los textos publicados en la sección de Opinión son responsabilidad exclusiva del autor.
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