Lo que se vota en 2027 se llama soberanía

Lo que se vota en 2027 se llama soberanía

El Ágora

Por Ana Gómez

Este lunes quedó abierto el proceso electoral en Aguascalientes y Morena llegó a la sesión del Instituto Estatal Electoral con la casa completa. Ahí estuvimos las diputaciones que integramos el grupo parlamentario de Morena en el Congreso, Alejandra Peña, Fernando Alférez Barbosa, Rodrigo González Mireles, el presidente estatal del partido, Gil Gutiérrez, el secretario de Organización, Daniel Galván, la senadora con licencia Nora Ruvalcaba Gámez, regidoras, regidores, integrantes del comité estatal y quien escribe estas líneas. No fuimos de espectadores.

El encargo que hoy ostenta la maestra Nora Ruvalcaba lo explica mejor que cualquier discurso. El Comité Ejecutivo Nacional no la nombró operadora electoral ni jefa de campaña. La nombró Coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. A los comentócratas les pareció un título demasiado largo para un tuit. Es, en realidad, un diagnóstico. Lo que se disputa en 2027 no son once ayuntamientos y veintisiete diputaciones. Es si este Estado y nuestro país siguen decidiendo por sí mismos.

SOBERANÍA

Durante décadas nos vendieron que la soberanía era adorno retórico, bueno para el Grito y malo para la economía. Los mismos neoliberales que firmaron que el maíz llegara de Iowa y la gasolina de Texas nos explicaban muy serios que eso se llamaba modernidad. Lo que nunca dijeron es que un país que no produce lo que come, no produce su energía, es un país que obedece.

Por eso la Presidenta Claudia Sheinbaum destinó cerca de 54 mil millones de pesos al plan de autosuficiencia alimentaria, y por eso el Plan Sectorial de Energía 2025-2030 fija metas de producción nacional de gas, urea y fertilizantes fosfatados, además de reducir la importación de gasolinas. Suena a tecnicismo de oficina. Es otra cosa. Es que el precio de la tortilla no lo decida una sequía en el medio oeste y que un apagón en Texas no apague Aguascalientes.

Y aquí viene lo que incomoda. No hay democracia sin soberanía. Se pueden tener urnas impecables, boletas bien contadas y árbitros imparciales, y aun así no decidir nada, porque lo importante ya se resolvió afuera. Votar sobre lo que otro gobierno decidió por nosotros no es democracia, es una ceremonia cara. La soberanía no aparece en la boleta, pero es la condición para que la boleta sirva de algo.

LEYES

Defenderla exige instrumentos. El 27 de agosto la Presidenta envió una reforma a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para que quien aspire a la Presidencia, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno tenga nacionalidad mexicana y nada más. Quien traiga otra tendrá que renunciar a ella antes de registrarse, y estando en el cargo no podrá usar pasaporte extranjero, ejercer derechos políticos en otro país ni pedir protección diplomática a nadie. Actualmente Colombia y Ecuador son gobernados por personas que cuentan con doble nacionalidad, estadunidense y la de su respectivo país, y claro que ambos presidentes son de extrema derecha.

La derecha mexicana gritó xenofobia desde el primer minuto, curiosamente, pero nadie los obliga a gobernar México. Solamente se les pide escoger el país que dicen «querer» representar.

Que no parezca exageración. En Honduras acabamos de ver el ensayo general. Donald Trump indultó al expresidente Juan Orlando Hernández, sentenciado en 2024 a 45 años de prisión por narcotráfico, y respaldó abiertamente a Nasry Asfura, hoy presidente de ese país. Después llegó la investigación periodística conocida como Hondurasgate, publicada el 30 de abril, con mensajería atribuida a una operación para devolverle el poder al expresidente Juan Orlando, hombre que Estados Unidos encarceló e indultó antes de una elección en la que la izquierda tenía ventaja. La investigación es material publicado y atribuido, no una sentencia. Probado, a la vista de todos, está el indulto y está el respaldo. Un narcotraficante sentenciado salió libre y su proyecto volvió para gobernar Honduras. A eso, la derecha internacional, le llama promover la democracia.

El 18 de agosto la consejera jurídica del Gobierno de México, Luisa María Alcalde, documentó una red de desinformación de 54 cuentas que produjeron 282 mil 866 publicaciones originales, amplificadas con bots e inteligencia artificial para fabricar tendencias. En el centro, La Derecha Diario, el aparato de Fernando Cerimedo, el mismo que sirvió a Bolsonaro en Brasil y a Milei en Argentina. Veinte tipos haciendo el ruido de miles.

EL ÁRBITRO

Con ese panorama encima, el IEE aprobó el 2 de septiembre un presupuesto de 284 millones 369 mil pesos para 2027, con 138 millones para los partidos, mientras sus propios consejeros piden la destitución de la consejera presidenta. Una institución que se despedaza en público le regala el pretexto a quien mañana quiera decir que aquí nada se cuenta bien.

La soberanía alimentaria la siembran los campesinos, la energética la sostienen los trabajadores de Pemex y de la CFE, y la política se defiende con leyes. Pero las tres se pierden en el mismo lugar, en una urna vacía.

El 6 de junio de 2027 Aguascalientes elige gubernatura, Congreso y ayuntamientos. Lo que en realidad va a decidir es quién firma por nosotros y frente a quién. Que nadie llegue ese día creyendo que escoge administradores. Se escoge de qué lado se para el Estado cuando llamen de afuera.