Reforma Electoral, una oportunidad histórica para fortalecer nuestra democracia

Reforma Electoral, una oportunidad histórica para fortalecer nuestra democracia

El Ágora

Por Ana Gómez

Por primera vez en la historia moderna de México, el 4 de agosto, la Presidenta Claudia Sheinbaum propuso una reforma electoral que será construida desde un proceso abierto, plural y participativo, antes de convertirse en iniciativa presidencial. 

Claudia Sheinbaum ha dado un paso audaz al instalar la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, un equipo que buscará repensar las reglas del juego democrático desde la raíz. Y lejos de ser una imposición, esta reforma se perfila como una oportunidad única para afianzar la democracia en nuestro país.

La Comisión, presidida por Pablo Gómez Álvarez, fue formalmente constituida el 5 de agosto y funcionará hasta septiembre de 2030. Su tarea será convocar a las y los ciudadanos, especialistas, legisladores, partidos políticos y organismos civiles a discutir cómo mejorar el sistema electoral mexicano. Desde el financiamiento de partidos hasta la posibilidad del voto electrónico, pasando por la representación proporcional y la fiscalización, todo está sobre la mesa.

Lo más relevante es el método, porque por primera vez en la historia moderna de nuestro país, una reforma de esta magnitud no será diseñada entre élites políticas. Se realizará por medio de foros presenciales y virtuales en todo el país, se abrirán canales digitales para recibir propuestas ciudadanas, y se elaborará un informe con los hallazgos y recomendaciones que será entregado a la Presidencia en enero de 2026. Este proceso, inédito en su forma, tiene el potencial de enriquecer profundamente el debate público y democratizar la construcción de las leyes.

La presidenta Sheinbaum lo ha dicho con claridad, “El pueblo de México hoy está muy consciente y no tiene por qué limitarse la participación de nadie. La concepción de la democracia, eso es algo que hay que discutir y la representación popular, porque antes era la representación de las élites, hoy no”. 

Esta visión rompe con el paradigma tradicional en el que las reformas electorales eran diseñadas por unos cuantos y presentadas como hechos consumados. Hoy, se abre la puerta a una deliberación nacional que puede marcar un antes y un después en la vida democrática del país.

Además, la Comisión no operará con presupuesto adicional, lo que demuestra un compromiso con la austeridad y la eficiencia institucional. Los gobiernos estatales y municipales colaborarán en la organización de los foros, y se espera que las primeras encuestas de opinión estén listas entre octubre de 2025 y enero de 2026. Este enfoque colaborativo refuerza la idea de que la democracia no es patrimonio de una sola institución, sino una construcción colectiva.

Por supuesto, hay voces que cuestionan la composición de la Comisión, integrada por figuras del Ejecutivo, pero es importante recordar que su función no es legislar, sino consultar, sistematizar y proponer. El Congreso de la Unión será quien tenga la última palabra, como lo ha señalado Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política. 

México necesita una reforma electoral que responda a los desafíos del siglo XXI, para lograr una mayor inclusión, mejor representación, transparencia en el financiamiento, y mecanismos que fortalezcan la confianza ciudadana. El sistema actual, aunque funcional, arrastra inercias que limitan la participación y encarecen los procesos. 

La reforma que impulsa nuestra Presidenta Sheinbaum no busca debilitar instituciones, sino fortalecerlas. No pretende imponer una visión única, sino abrir el diálogo, pero sobre todo, reconoce que la democracia no es un estado fijo, sino un proceso en constante evolución. Al convocar a todos los sectores a participar, la presidenta está apostando por una democracia más viva, más cercana y legítima.

En tiempos donde la polarización amenaza con fracturar el tejido social, esta reforma puede convertirse en un punto de encuentro, en un espacio donde las diferencias se traduzcan en propuestas, y donde el ciudadano recupere su papel central en la vida pública. 

La democracia se fortalece cuando se escucha al pueblo. Y hoy, por primera vez, ese pueblo está siendo convocado a decidir cómo quiere ser representado. Esa sola decisión ya es, en sí misma, un acto profundamente democrático.

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*Los textos publicados en la sección de Opinión son responsabilidad exclusiva del autor.

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Estos son los funcionarios que integrarán Comisión Presidencial para la Reforma Electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum publicó la tarde del lunes el decreto para la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

Dicha comisión será responsable de realizar un diagnóstico sobre el sistema electoral y de partidos políticos en México. Además de elaborar una reforma legislativa adecuada a los tiempos actuales.

Según lo indicado en el documento, la comisión estará integrada por siete personas, que son:

  • I. Una persona servidora pública designada directamente por la Presidenta de la República quien asumirá la Presidencia Ejecutiva de La Comisión: Pablo Gómez.
  • II. Secretaría de Gobernación: Rosa Icela Rodríguez.
  • III. Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones: José Peña Merino.
  • IV. Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal: Ernestina Godoy Ramos.
  • V.  Oficina de la Presidencia de la República: Lázaro Cárdenas Batel.
  • VI. Coordinación de Asesores del Presidente de la Oficina de la Presidencia de la República: Jesús Ramírez Cuevas.
  • VII.  Coordinación General de Política y Gobierno de la Oficina de la Presidencia de la República: Arturo Zaldívar.

Publica DOF decreto que crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral

Ayer fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que crea la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral.

El documento establece que la reforma electoral es un asunto que compete a toda la ciudadanía, no sólo a quienes se dedican profesionalmente a la política. Por ello, la Comisión tendrá el mandato de convocar al pueblo de México a participar activamente mediante críticas, opiniones y propuestas en un ejercicio de discusión pública.

Asimismo, detalla que fue creada por decreto presidencial y dependerá directamente de la persona titular del Ejecutivo Federal, quien también la presidirá. 

Su vigencia será hasta el 30 de septiembre de 2030, salvo que la Presidenta decida antes su disolución.

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