La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concluyó que es válida la prohibición de venta de «comida chatarra» en todas las escuelas del Sistema Educativo Nacional.
La SCJN resolvió que el acuerdo, emitido por la SEP y la Secretaría de Salud, en donde se establecen los lineamientos generales, a los que deberán sujetarse la preparación, distribución y expendio de los alimentos y bebidas preparados, procesados y a granel, así como el fomento de estilos de vida saludables en alimentación dentro de todas las escuelas del Sistema Educativo Nacional, es compatible con la Constitución.
El Pleno resolvió así amparos de empresas dedicadas a la distribución y comercialización de alimentos y bebidas en escuelas. Estas señalaron que las disposiciones afectaban su libertad de comercio, la libre concurrencia, contratos previamente celebrados y la posibilidad de vender productos con sellos de advertencia en escuelas, preparatorias y universidades.
Asimismo, sostuvieron que las medidas vulneraban los derechos a la igualdad, la seguridad jurídica y el libre desarrollo de la personalidad.
Al resolver, el Pleno determinó que la Ley General de Educación faculta a las autoridades educativas y sanitarias para establecer reglas sobre la preparación, distribución y expendio de alimentos y bebidas dentro de los planteles escolares. Esto, con base en criterios nutrimentales definidos por la autoridad sanitaria. En ese sentido, concluyó que los lineamientos desarrollan el marco previsto en la ley y no crean, por sí mismos, un régimen ajeno a las facultades conferidas a dichas autoridades.
La Suprema Corte también precisó que estas medidas pueden aplicarse en instituciones de educación media y superior, pues, aunque las y los estudiantes sean mayores de edad y conserven la libertad de decidir qué consumir, el Estado mantiene la obligación de proteger el derecho a la salud y promover una alimentación adecuada dentro de los espacios educativos.
Además, destacó que las restricciones regulan únicamente los productos que pueden ofrecerse al interior de los planteles, sin prohibir su consumo o comercialización fuera de ellos.
También señaló que los lineamientos no impiden a las empresas desarrollar su actividad económica ni las excluyen del mercado. Las restricciones se limitan al ámbito escolar y permiten que los proveedores continúen operando fuera de los planteles o adapten su oferta a los productos autorizados dentro de ellos.
En consecuencia, indicó, las cargas económicas derivadas de la regulación no vulneran la libertad de comercio ni la libre concurrencia frente al objetivo constitucional de proteger la salud de niñas, niños, adolescentes y demás integrantes de la comunidad educativa.
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