¿Inversión o soborno?
El Ágora
Por Ana Gómez
El expresidente Enrique Peña Nieto ha sido mencionado en un reportaje del periódico israelí The Marker como supuesto receptor de una “inversión” de 25 millones de dólares realizada por dos empresarios israelíes, Avishai Neriah y Uri Ansbacher, relacionados con la distribución del software espía Pegasus.
La acusación no surge de una indagatoria judicial en México, sino de un fallo arbitral en Israel, donde ambos empresarios mantienen un litigio por la distribución de ganancias obtenidas gracias a su cercanía con el entonces jefe del Ejecutivo mexicano.
De acuerdo con documentos judiciales divulgados, los empresarios firmaron un convenio de “inversión conjunta” dirigido a una figura de alto nivel del gobierno mexicano, identificada como “N” o “el hombre mayor”, electo en 2012, referencias que apuntan directamente a Peña Nieto. Esta “inversión”, conocida en Estados Unidos e Israel como lobbyingo como una práctica informal de entrega de recursos a funcionarios públicos a cambio de favores, se considera legal en esos países, aunque en términos jurídicos mexicanos se clasificaría como soborno.
El acuerdo contemplaba el desembolso de 25 millones de dólares que, según Ansbacher, representó una “inversión” o pago indebido para obtener acceso directo a altos funcionarios y garantizar contratos con el gobierno. Entre los negocios más relevantes destaca la comercialización del software Pegasus, utilizado por dependencias mexicanas como la Secretaría de la Defensa Nacional, la desaparecida Procuraduría General de la República y el Cisen para tareas de vigilancia, muchas veces de manera ilegal contra periodistas, defensores de derechos humanos y opositores políticos.
En entrevista con Ciro Gómez Leyva, afirmó que como presidente no tenía atribuciones para adjudicar contratos y calificó las insinuaciones como “malintencionadas, falsas y sin fundamento”. También criticó a los medios nacionales por distorsionar el contenido original del reportaje y cuestionó los intereses detrás de su difusión.
No obstante, más allá de la certeza o falsedad de los señalamientos, el caso vuelve a plantear una interrogante incómoda: ¿por qué el nombre de Peña Nieto continúa vinculado a escándalos de corrupción años después de dejar el cargo? Desde la llamada Casa Blanca hasta Odebrecht y la Estafa Maestra, su administración parece haber sido terreno fértil para la falta de transparencia.
¿Estamos ante una estrategia de desprestigio o frente a una verdad incómoda que apenas comienza a emerger? Lo único claro es que, mientras no exista una investigación seria y abierta, el caso permanecerá atrapado entre la bruma de la especulación y la impunidad.
OVIDIO Y LA REGLA 20
El pasado 30 de junio, Ovidio Guzmán firmó un documento judicial en el que manifiesta su intención de declararse culpable de los delitos que se le imputan, entre ellos tráfico de drogas, lavado de dinero y posesión de armas de uso exclusivo del ejército. La audiencia definitiva está programada para el 9 de julio en la Corte del Distrito Norte de Illinois, en Chicago.
La sede de la audiencia ha cambiado, debido a que ha decidido acogerse a una figura poco conocida pero jurídicamente estratégica, que es la Regla 20 del sistema penal estadounidense, con el objetivo de declararse culpable y consolidar los cargos federales que enfrenta en una sola corte y no en dos como lo era hasta hace unos pocos días.
La regla 20 permite que un acusado, con cargos en más de un distrito federal, solicite que todos los procesos se concentren en una sola jurisdicción, buscando evitar duplicidad de procesos, reducir costos judiciales y acelerar la resolución de casos complejos.
En el caso de Guzmán, los cargos originalmente presentados en el Distrito Sur de Nueva York, fueron trasladados a Chicago, donde ya enfrentaba otros procesos. En algunos sectores, interpretan el movimiento como un posible “trato preferencial”. Sin embargo, expertos en derecho penal estadounidense han aclarado que no se trata de una exoneración ni de una reducción automática de cargos, sino de una reconfiguración procesal permitida por la ley.
La aceptación de culpabilidad por parte de Ovidio Guzmán podría abrir la puerta a una colaboración con las autoridades estadounidenses. De confirmarse, no sería la primera vez que un narcotraficante coopera con la justicia a cambio de beneficios penitenciarios.
La decisión de declararse culpable podría marcar el inicio de una nueva etapa en la lucha contra el narcotráfico, no solo por lo que revele en los tribunales, sino por lo que simboliza, como el desmoronamiento progresivo de una dinastía criminal que durante décadas desafió al Estado mexicano y al sistema judicial internacional. Seguiré pendiente de las investigaciones y del proceso judicial que se desarrolle en los próximos meses, para que juntos analicemos el impacto que tendrá en nuestro país.
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*Los textos publicados en la sección de Opinión son responsabilidad exclusiva del autor.
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