Alejandro Moreno difundió la conversación telefónica que tuvo con Manuel Velasco el pasado 8 de abril. En ella se escucha al senador del Partido Verde comunicar la amenaza que el secretario de Gobernación le enviaba, en virtud de la imposibilidad de reunirse con él antes de la realización del Consejo Político Nacional del PRI, en la cual definirían su posición respecto a la reforma eléctrica.
Aunque Velasco pretendió hablar en clave por lo delicado del mensaje, no dejó lugar a dudas. Le informó que Adán Augusto López habló en su presencia con Andrés Manuel López Obrador y que éste fue categórico: si Alito no jalaba con su iniciativa, se irían con todo y pagaría las consecuencias.
La historia la conocemos. A pesar de presiones y ofrecimientos, solo un diputado del PRI decidió votar con el oficialismo a cambio de una Embajada para su padre. Un mes después, Layda Sansores empezaría a revelar una serie de audios en los que Moreno sale mal parado. Que dicha gobernadora difunda grabaciones ilegales no solo demuestra conciencia de su impunidad, también el deseo de dejarle en claro al balconeado de donde viene el golpe, pues ella pertenece al círculo cercano del presidente.
El INE y la Fiscalía ya investigan el contenido de los audios. Lo que nos debería preocupar es el abuso de poder de quienes manipulan los instrumentos del Estado para sus venganzas. En lugar de usar los servicios de inteligencia para combatir la delincuencia, recurren al espionaje político para castigar la desobediencia de un dirigente opositor.
De qué tamaño será el rencor del presidente por perder la votación que también cumplió la amenaza de denunciar por traición a la patria a los diputados que rechazaron su reforma. Los gobiernos democráticos no persiguen disidentes; el chantaje y la intimidación son propias del crimen organizado. Lo que son las cosas, con López Obrador, la mafia está en el poder.
Intimidación y chantaje
