El crimen organizado se ha convertido en actor electoral relevante. Durante las campañas del 2021 asesinaron a 102 políticos, 36 de ellos aspirantes o candidatos. El día de los comicios se hicieron presentes, de manera notable en los estados del Pacífico. Hubo secuestros, intimidaciones, robos de urnas, expulsión de representantes, cómputos adulterados. No obstante la abundante evidencia de la participación delincuencial, López Obrador aseguró a la mañana siguiente que los criminales se habían portado bien, seguramente porque su partido era el beneficiado.
En las recientes elecciones del 5 de junio ocurrieron hechos similares, sobre todo en Tamaulipas. La creciente influencia política de organizaciones delincuenciales significa impunidad para sus diversos giros, dejando a poblaciones enteras indefensas.
Botones de muestra sobran. Pollerías de Chilpancingo cerraron después de una serie de asesinatos de productores y vendedores. San Cristobal de las Casas fue literalmente tomada por criminales y hace unos meses sucedió lo mismo en Caborca. Vemos comboyes de hombres armados pasar frente al Ejército como si nada. En Nueva Italia los corretearon y hasta se atrevieron a hacer un retén donde el presidente andaba de gira.
Por eso no extraña que legisladores norteamericanos alerten sobre el control territorial de los cárteles y el asesinato de periodistas. Porfirio Muñoz Ledo le puso el cascabel al gato al decirle a López Obrador que los acuerdos con el narco no son heredables, que ellos se van a entender con el que llegue y quizá tengan ya tanta fuerza que ni lo necesiten. La periodista Anabel Hernández confirma el contubernio y Francisco Labastida expone su extrañeza por las cuatro visitas que lleva el mandatario a un emblemático municipio del Triángulo Dorado de solo 5 mil habitantes.
Ya no podemos ignorar al elefante en la sala, a menos que admitamos que el crimen imponga al próximo presidente.
