La fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, destacó que ha recibido más de 50 mil opiniones favorables para su ratificación en el cargo.
En este sentido, la funcionaria afirmó que el proceso de su ratificación avanza de manera favorable.
“Estamos en el último tramo de un largo y difícil proceso que sólo en Ciudad de México está establecido y que implica la participación ciudadana (…) Quiero decirles que llevamos más de 50,000 opiniones favorables a la ratificación, nos estamos sujetando a la legalidad a la institucionalidad de un proceso», comentó Godoy.
En el arranque del operativo de seguridad de Iztacalco, la fiscal aseguró que está sujeta a la legalidad e institucionalidad de un procedimiento estipulado en la Constitución de la Ciudad de México.
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Por ello, señaló que esperará que los legisladores del Congreso de la CDMX evalúen su trabajo realizado al frente de la FGJ-CDMX.
“Espero que ahora que está en manos del Congreso de la Ciudad de México, los diputados y las diputadas evalúen el trabajo que se ha realizado por un gran equipo que conforma la Fiscalía; estaremos, en los próximos días, informándoles el resultado», dijo.
Aunado a ello, la propuesta de ratificación se debe llevar al pleno para su discusión y en su caso aprobación por las dos terceras partes de los 66 diputados.
Por otro lado, el jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, aseveró que envío un documento al Congreso capitalino, exponiendo sus motivos y una recomendación para ratificar a Ernestina Godoy.
Batres Guadarrama planteó una vez más su apoyo total a Godoy en este proceso institucional.
«Es un trabajo extraordinario el que ha realizado y nada más por eso, entre muchas otras razones, es muy merecida su ratificación y muy necesaria para seguir teniendo avances en materia de seguridad», agrego el mandatario local.
Este respaldo puede ser considerado como un indicador de la confianza que la ciudadanía deposita en su labor y en las políticas implementadas durante su mandato.
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Cabe recalcar que la ratificación de un funcionario público de ese nivel es un proceso que debe desarrollar específicamente el parlamento local.
