El Senado avaló en comisiones la reforma para eliminar pensiones millonarias de altos exfuncionarios públicos, también llamadas «pensiones doradas».
Este martes, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos aprobaron por unanimidad, el dictamen que reforma al artículo 127 constitucional, que limita las jubilaciones y pensiones en las entidades públicas.
Con un total de 32 votos a favor aprobaron la iniciativa presidencial para recortar y limitar las «pensiones doradas» de altos mandos en el Gobierno.
El pasado 18 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado la iniciativa para eliminar las pensiones exorbitantes de exfuncionarios de altos mandos de confianza. Pensiones, dijo, de hasta un millón de pesos mensuales registradas en dependencias como Pemex, CFE y Luz y Fuerza del Centro, entre otras.
Reforma constitucional que limita jubilaciones de servidores públicos
El proyecto establece que las jubilaciones o pensiones no deberán exceder de la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Ejecutivo Federal. Es decir, la de la presidenta Sheinbaum.
Esto aplica para el personal de confianza a cargo de los organismos descentralizados, las empresas públicas del Estado, las sociedades nacionales de crédito, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos constitutivos de entidades paraestatales, todos del Gobierno Federal.
Así como en los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, las empresas y los fideicomisos públicos de las entidades federativas y de los municipios.
La reforma excluye de esta disposición a las Fuerzas Armadas. Además de las pensiones que se constituyan a partir de las aportaciones voluntarias a los sistemas de ahorro para el retiro basados en cuentas individuales, Y las constituidas a partir de aportaciones sindicales en los sistemas de ahorro complementarios, y la pensión no contributiva.
Eliminar «pensiones doradas» de exfuncionarios públicos
Asimismo, la reforma precisa que todas las jubilaciones o pensiones que se hayan otorgado con anterioridad a la entrada en vigor del decreto deberán ajustarse al límite establecido. Incluyendo las que se encuentren vigentes.
Posturas
Miguel Pavel Jarero, senador por Morena, destacó que esta reforma va en armonía con las aprobadas en materia de salario mínimo y reducción de la semana laboral. Dijo que “pone orden” al régimen de pensiones para quitar privilegios a una “casta” e invertir los recursos en programas sociales.
Ricardo Anaya, senador por el PAN, coincidió en que es “indefendible” que exfuncionarios ganen pensiones de 300 mil a un millón de pesos. No obstante, consideró que se deberían establecer sus límites con base en Unidades de Media y Actualización (UMA) y no en el salario del presidente. Para que, en caso de que alguno decida bajar su salario, no se afecte la disposición constitucional.
De Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas también criticó que el Estado pague pensiones millonarias, pues resta valor al trabajo honesto y erosiona la legitimidad de las pensiones. Sin embargo, coincidió en que debe establecerse la disposición en UMAS y lamentó que la disposición vulnere a unos grupos laborales y haga distinciones a otros, como los militares.
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