Autor: Angélica Ríos

El Congreso de la Ciudad de México aprobó la llamada ley ¿Con quién se queda el perro?, con la que se determina el destino de los seres sintientes, como las mascotas, en caso del divorcio de una pareja.

La nueva legislación establece que las mascotas quedarán bajo custodia compartida cuando una pareja decida divorciarse. Los involucrados deberán establecer un plan de cuidados que contemple el bienestar de las mascotas, sin importar si son mas de una.

“El juez podrá asignar el cuidado compartido de las mascotas si se considera que esta es la mejor opción para el bienestar de las mismas, incluyendo, de manera enunciativa y no limitativa la alimentación, la atención veterinaria y el tiempo de convivencia”.

Asimismo, la expareja deberá indicar qué persona “será el responsable de su custodia” tomando en cuenta factores como el contar con espacio adecuado y seguro para la mascota, así como el tiempo y recursos para cuidar de ellas.

En caso de que la persona responsable no cumpla con los cuidados necesarios de la mascota, se podrá considerar como una negligencia. Para ello, se reformó el artículo 267 del Código Penal de la Ciudad de México.

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La propuesta fue presentada por la diputada de Movimiento Ciudadano, Luisa Ledesma, quien señaló que 30 de cada 100 matrimonios culminan en divorcio.

De acuerdo con la legisladora, esta situación provoca “el sufrimiento físico y emocional de los animales”. Además, recordó que las mascotas sin reconocidas como seres sintientes en el artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México y que su cuidado es una responsabilidad común.

De acuerdo con el Registro Único de Animales de Compañía (RUAC), en la Ciudad de México existen 119 mil animales de compañía, de los cuales 75 de cada 100 son perros y gatos.

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El Congreso de la Ciudad de México aprobó una reforma que pone fin al negocio de los franeleros, quienes cobran por estacionarse en vía pública.

La nueva medida establece que, quienes continúen con esta práctica, podrían terminar en el torito con hasta 36 horas de arresto inconmutable.

La modificación a la Ley de Justicia Cívica fija sanciones específicas contra el uso indebido del espacio público, especialmente dirigidas a los franeleros.

Dicha propuesta fue impulsada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y presentada por el diputado Pedro Haces.

“El espacio público es del pueblo y lo que es del pueblo no se aparta, no se cobra, no se vende, no se renta”.

Diputado de Morena, Pedro Haces.

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En el nuevo artículo Bis de la Ley de Justicia Cívica se establece que se sancionará a quienes:

• Aparten con objetos lugares de estacionamiento.
• Obstaculicen o impidan estacionarse en vía pública.
• Exijan pago por cuidar, lavar o vigilar autos.
• Se aprovechen del espacio público para obtener beneficios económicos.

En el pasado, estas acciones ya se consideraban faltas, sin embargo, la reforma establece sanciones más estrictas, entre ellas, de 25 a 36 horas de arresto sin la opción de conmutar la pena por multas o trabajo comunitario.

Asimismo, las multas rondaban entre 2 mil 375 y más de 3 mil 300 pesos o trabajo comunitario de 12 a 18 horas.

En tanto, el Gobierno de la CDMX buscará ofrecer alternativas de empleo y apoyo a proyectos productivos mediante la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Desarrollo Económico.

De esta manera, se busca ofrecer una fuente de empleo a quienes se dedicaban a apartar lugares de estacionamiento, es decir, a los franeleros.

La reforma entrará en vigor 30 días después de su publicación en la Gaceta Oficial.

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