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Por mayoría de votos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), revocó los acuerdos del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que determinaron la inelegibilidad de diversas personas candidatas en la elección judicial.

El TEPJF informó que los inconformes presentaron demandas de juicios de inconformidad al considerar que el INE se excedió en sus atribuciones al realizar la verificación de los requisitos de elegibilidad.

Por ello, la Sala Superior revocó los acuerdos al considerar que el ejercicio de verificación del promedio académico requerido realizado por el INE no se ajustó a derecho y debe quedar sin efectos. 

Asimismo, consideró que el INE no contaba con atribuciones para valorar nuevamente los expedientes académicos de las partes actoras a fin de valorar si cumplían o no con el promedio. Además, señaló que sustituyó indebidamente el juicio técnico de los comités de evaluación, sin contar con una metodología propia y validada para realizar una valoración especializada. 

En consecuencia, el TEPJF revocó los acuerdos en la parte que determinó la inelegibilidad de los promoventes y declaró las vacancias, por lo que determinó que el Consejo General del INE debe entregar las constancias de mayoría correspondientes.

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La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que gobiernos y servidores públicos, incluida la presidenta Claudia Sheinbaum, sí pueden hacer promoción del voto en la elección judicial del próximo 1 de junio.

Esto, siempre y cuando no se rompan los principios de equidad y neutralidad previstos en la Constitución.

Con tres votos a favor y dos en contra, determinó que el Instituto Nacional Electoral (INE) no tiene la facultad exclusiva de promover la participación ciudadana en ese proceso electoral.

Por ello, permitió que todo servidor público y nivel de gobierno también realice esa actividad, emitiendo algunas reglas que deberán cumplir.

La sentencia elaborada por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, determinó que el INE «no cuenta con una atribución exclusiva y excluyente para promover el voto o la participación ciudadana» en la elección judicial. Por lo que invalidó la prohibición a las autoridades legislativas o de los tres niveles de gobierno a participar en la promoción de la elección judicial.

De este modo el TEPJF concluyó que:

«Contrario a lo sostenido por el INE, los entes públicos sí cuentan con atribuciones para difundir contenidos de carácter institucional para promover, entre otros, derechos constitucionales, contenidos de carácter institucional con fines informativos, educativos, culturales o de interés social».

Así, se autorizó a gobiernos, funcionarios y servidores públicos a destinar recursos públicos a esas tareas «siempre y cuando los recursos públicos utilizados estén destinados a la comunicación social con fines constitucionalmente lícitos, sin algún tipo de sesgo o apoyo a determinada candidatura».

Esto luego de que el TEPJF recibió 39 impugnaciones, que van desde la presidenta Claudia Sheinbaum, gobernadores y hasta candidatos a juzgadores, quienes reclamaron las prohibiciones.

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El Pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al INE ajustar el tope de gastos de campaña para los candidatos de la elección judicial.

Se determinó que se deberán fijar montos diferenciados según el cargo por el que se compite y el tipo de elección, teniendo como base mínima 220,326 pesos.

El proyecto incluye la revocación del acuerdo del INE en el que se determinó en 220,326 pesos el tope de gastos de los participantes.

La decisión se da luego de que un candidato a una Magistratura del Tribunal de Disciplina Judicial y dos candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) externaran su inconformidad.

De acuerdo con los candidatos, el acuerdo inicial del INE vulneraba su derecho a ser votados, así como al principio de equidad en la contienda.

Aseguran que el monto beneficiaría a las candidaturas estatales y regionales, pues contarían con mayor facilidad y disponibilidad de recursos para su campaña.

Lo anterior se debe a que se limitan a un grupo de circunscripciones, a una sola entidad federativa, o bien, a un distrito judicial electoral. A diferencia de las candidaturas nacionales, las cuales deberán realizar campañas en todo el país.

Además, advirtieron que el tope inicial del INE facilitaría la recepción ilícita de financiamiento e interpreta indebidamente la norma que limita los gastos de campaña.

¿Cuál es el cambio en el tope de gastos de campaña para la elección judicial?

El ministro Reyes Rodríguez indicó que, en el caso de la elección de cargos judiciales, la Constitución prohíbe la posibilidad de financiamiento privado o público. Esto se debe a que las candidaturas no deben depender de los intereses económicos que financiaron su campaña.

También, señaló que aun que la ley permite a las candidaturas erogar ciertos recursos para ejercer su derecho a ser votado, los topes de gastos deben garantizar que los participantes transmitan sus mensajes.

Por ello, se determinó que el INE deberá tomar los 220,326.20 pesos como monto mínimo para fijar los topes de gastos personales de campaña.

“Si bien el INE debe determinar topes de gastos diferenciados en función al tipo de elección de que se trata, se debe respetar el límite establecido. De ahí que en mi opinión los distintos topes deben graduarse, estoy de acuerdo, pero a la baja”.

Magistrada Janine Otálora Malassis.

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