Tradición en Chihuahua, la soberanía subastada
El Ágora
Por Ana Gómez
El 19 de abril de 2026 no fue solo un mal día para los registros de accidentes en la Sierra Tarahumara. Fue el día en que la Constitución se desbarrancó junto con una camioneta blindada en el municipio de Morelos, Chihuahua.
Lo que al principio pareció un trágico accidente en la comunidad de El Pinal, terminó convirtiéndose en un escándalo de proporciones históricas. Y en el centro de todo, la gobernadora María Eugenia Campos Galván, enfrentando una acusación que no es menor: traición a la patria.
El disfraz de la traición
Los servicios de inteligencia y el gabinete de seguridad federal lo confirmaron, en ese barranco de cien metros no solo murieron agentes locales. También fallecieron Richard Later Johnston III y John Dudley Black, dos operativos de la CIA que operaban por la Sierra Tarahumara con el permiso del gobierno estatal.
Pero no estaban aquí como asesores o como observadores discretos. Venían disfrazados con uniformes de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua. Es decir, haciéndose pasar por autoridad mexicana para esquivar la supervisión del Ejército y la Guardia Nacional.
Eso no es un error administrativo ni un malentendido burocrático. Es una violación deliberada a la soberanía nacional. Maru Campos no solo ignoró la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución; entregó las llaves del país a quienes no tienen ninguna jurisdicción aquí.
¿Traición? El Código Penal es directo
Puede sonar fuerte, pero la ley no deja mucho margen de interpretación. El Código Penal Federal dice que hay traición a la patria cuando alguien realiza actos contra la independencia, la soberanía o la integridad del país con el apoyo de un gobierno extranjero.
Al autorizar operativos de la CIA en la Sierra sin informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores ni a la SEDENA, la gobernadora construyó un Estado paralelo dentro de Chihuahua. Y el contexto lo hace todavía más grave, porque estamos en plena era Trump, con los cárteles mexicanos ya clasificados como organizaciones terroristas por Washington. Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum repite que «la soberanía no se negocia», en Chihuahua parece que sí tiene precio, y que se pagó bajo el pretexto de la «eficacia tecnológica».
La Torre Centinela: ¿centro de seguridad o caballo de Troya?
Este escándalo tiene una pieza central que no se puede ignorar: la Torre Centinela. Un proyecto en Ciudad Juárez que costó más de 4,700 millones de pesos y que, según se ha revelado, no es solo un centro de monitoreo. El diseño contempla espacios exclusivos para el FBI, la DEA y la CIA.
El famoso «piso 18», presentado como un Centro Internacional de Fusión de Inteligencia, es en realidad un enclave extranjero en pleno territorio chihuahuense. Maru Campos dirá que solo quiere proteger a su gente, pero en el camino ha fragmentado la seguridad nacional. La pregunta es sencilla: ¿qué pasaría si cada gobernador se pusiera a invitar agencias extranjeras a patrullar sus calles? La respuesta también es sencilla: México dejaría de ser un país soberano para volverse un mosaico de protectorados.
El conflicto de interés más obvio
La respuesta de la gobernadora al «CIA-gate» ha sido, para decirlo con claridad, evasiva. Designó a Wendy Paola Chávez Villanueva para encabezar la investigación especial, lo que en términos prácticos significa que la fiscalía estatal se está investigando a sí misma. No hay forma de que eso funcione con credibilidad.
La decisión de dejar entrar a agentes extranjeros armados y permitirles usar uniformes oficiales de la AEI no pudo haber salido de un funcionario de nivel medio. Eso viene de arriba, de muy arriba.
La falta de transparencia no es solo una jugada política. Configura violaciones legales que podrían derivar en un juicio político. Al no informar al Ejecutivo Federal y permitir que personal extranjero realizara detenciones y portara armas sin registro ante la SEDENA, se fracturó el pacto federal. La opacidad de Maru Campos confirma algo preocupante, un gobierno Panista eligió lealtad a una agenda extranjera por encima de la responsabilidad de informar al pueblo mexicano.
Lo que la historia ya nos enseñó
México tiene una memoria larga cuando se trata de intervenciones extranjeras que empezaron como «acuerdos de cooperación». Desde la Operación Cóndor hasta el caso Kiki Camarena, la presencia de la CIA en suelo mexicano nunca ha sido gratis ni inocente. Maru Campos parece haber olvidado que la agenda de Washington no siempre va de la mano con la estabilidad democrática de México.
La gobernadora está hoy en una encrucijada. El respaldo de su partido no va a borrar lo que quedó en ese barranco de El Pinal. La soberanía no es un concepto de libro de texto; es el derecho del Estado mexicano de mandar en su propio territorio. Al delegarlo en agentes extranjeros disfrazados de policías locales, Maru Campos no solo falló como gobernante. Cruzó una línea que tiene nombre en la ley.
El Senado tiene la palabra. Si el incidente de El Pinal queda impune, la Constitución mexicana no valdrá más que el papel en el que está impresa.
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*Los textos publicados en la sección de Opinión son responsabilidad exclusiva del autor.
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