El espejo roto de la soberanía
El Ágora
Por Ana Gómez
El panorama político de México en 2026 reproduce una lógica que la historia latinoamericana conoce bien, la soberanía se defiende en el discurso, pero se erosiona en los hechos.
El caso judicial construido desde el Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no es una anomalía del sistema legal estadounidense, sino su expresión más nítida. Es la continuación de una doctrina de extraterritorialidad que Washington ha aplicado sistemáticamente cuando sus intereses domésticos requieren un relato externo que los justifique.
Estados Unidos tiene un historial documentado de utilizar su sistema judicial como herramienta de presión diplomática. Desde las sanciones extraterritoriales derivadas de la Ley Helms-Burton contra Cuba, hasta los procesos contra funcionarios venezolanos construidos sobre testimonios de colaboradores con inmunidad negociada, el patrón es consistente: cuando la vía diplomática resulta insuficiente, el Departamento de Justicia actúa como su brazo ejecutor.
El caso contra Rocha Moya sigue ese mismo patrón. La acusación no descansa sobre pruebas materiales como transferencias bancarias, grabaciones, registros documentales, sino sobre las declaraciones de Ismael «El Mayo» Zambada y miembros del Cártel de Sinaloa, quienes operan bajo esquemas de cooperación que ofrecen reducciones sustanciales de condena a cambio de señalamientos políticamente útiles. Bajo esta lógica perversa, un testigo colaborador no tiene incentivo para decir la verdad; lo tiene para decir lo que el fiscal necesita escuchar. La credibilidad procesal de estos testimonios es, académicamente hablando, prácticamente nula sin corroboración independiente.
El doble rasero y el experimento mental
Para calibrar la magnitud del absurdo, basta con invertir el escenario: la Fiscalía General de la República emitiendo cargos contra el gobernador de Arizona por complicidad en el tráfico de armas hacia México, que es un fenómeno real y documentado, sustentada únicamente en testimonios de narcotraficantes mexicanos que negocian su libertad. Washington lo calificaría, sin dudar, como una agresión a su soberanía. Sin embargo, esa asimetría no incomoda a los operadores del sistema judicial neoyorquino, porque históricamente no ha tenido consecuencias.
Este doble estándar no es nuevo. Desde la Doctrina Monroe hasta las intervenciones en Guatemala (1954), Chile (1973) o la operación Cóndor, Estados Unidos ha aplicado criterios diferenciados: lo que considera inaceptable para su territorio es política exterior legítima cuando se ejerce hacia el sur.
Rocha Moya y la respuesta institucional
Frente a este embate, la postura de Rocha Moya ha sido la de un actor que apela a los mecanismos legales de su propio Estado. Su solicitud de licencia para facilitar la investigación de la FGR, en lugar de fugarse o confrontar abiertamente, refleja confianza en las instituciones nacionales. La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido categórica, lo presentado es una «hoja de papel», una acusación sin sustento que pretende juzgar a un funcionario mexicano bajo jurisdicción extraterritorial forzada, en contradicción con el espíritu del Tratado de Extradición de 1978, que exige pruebas suficientes y delitos cometidos en territorio estadounidense o con vínculos directos demostrables.
La FGR ha asumido el control del proceso, lo que es jurídicamente correcto. La soberanía no se defiende cediendo la jurisdicción; se defiende demostrando capacidad de impartir justicia internamente.
El caso Chihuahua: la soberanía en subasta
El contraste con Chihuahua resulta revelador. El accidente en Morelos donde fallecieron agentes de la CIA operando encubiertos con uniformes de la policía estatal no es un incidente menor: es evidencia de una penetración institucional que viola la Ley de Seguridad Nacional y el artículo 89 constitucional. La existencia de espacios exclusivos para agencias estadounidenses en instalaciones de gobierno chihuahuense confirma que la gobernadora María Eugenia Campos ha permitido, con distintos niveles de conocimiento o tolerancia, una intervención directa en el territorio nacional.
Lo paradójico es que a Rocha Moya se le acusa sin pruebas desde el exterior, mientras que en Chihuahua la injerencia es física, verificable y opera desde adentro, sin que genere la misma indignación en los sectores que exigen soberanía selectiva.
El caso contra Rubén Rocha Moya debe leerse en su contexto estructural: es un episodio más de la larga tradición estadounidense de instrumentalizar su sistema judicial para moldear la política interna de sus vecinos. La debilidad probatoria, como testimonios interesados, ausencia de prueba material, jurisdicción forzada, no es un error procesal; es el diseño de un mecanismo de presión. México tiene la obligación histórica y jurídica de no aceptar que palabras compradas en cárceles extranjeras definan su rumbo político. La soberanía no es un concepto retórico: es una práctica que se defiende con instituciones sólidas, criterio jurídico riguroso y memoria histórica. En 2026, las tres son indispensables.
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*Los textos publicados en la sección de Opinión son responsabilidad exclusiva del autor.
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