Aunque la Constitución establece que las precampañas para la presidencia de la república inician en noviembre de 2023, los suspirantes por la candidatura del partido oficial que en el viejo régimen se les conocía como tapados y ahora su restaurador llama corcholatas, andan desbocados, descuidando sus obligaciones como funcionarios y sin reparar en las violaciones a la ley.
Ni siquiera disimulan. Realizan actos públicos para hablar de sus aspiraciones, se van de gira a placearse con el menor pretexto, pintan bardas con sus nombres, aparecen en espectaculares y publicidad móvil. Están en abierta campaña anticipada y usan recursos públicos para hacer propagada personalizada, ambas conductas prohibidas expresamente por la legislación electoral. Por eso no extraña que el INE los haya reconvenido.
El problema es que el gobierno y su partido son violadores seriales de las normas y por eso arremeten contra el árbitro electoral. Cuando eran oposición peleaban por equidad en la contienda y ahora que están en el gobierno operan elecciones de Estado y hacen trampa para sacan ventaja.
Les interesa más conservar el poder que gobernar. Mientras Adán Augusto usa aviones oficiales para ir a actos proselitistas de Morena y alaba los tiempos del Señor, el crimen se apropia de territorios y desangra al país. Claudia Sheinbaum se va a inaugurar una refinería que operará hasta 2026 y el Metro se incendia dos veces en menos de una semana. Ocurre la mayor tragedia migratoria en Texas con 53 muertos en un tráiler, la mayoría mexicanos, pero Marcelo Ebrard presume que el presidente ya lo destapó cinco veces. Y Ricardo Monreal tratando de dar portazo, sabiendo que el gran elector no lo quiere.
Adelantar la sucesión fue idea de López Obrador, piensa que con él regresaron los tiempos oscuros en los que el presidente designaba a su sucesor mediante dedazo. Pero subestimar a los ciudadanos es tan absurdo como pretender desmontar la Estatua de la Libertad.
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