El Senado aprobó ceder el control de la Guardia Nacional al Ejército y reconocer los derechos de las comunidades originarias y afromexicanas.
Este lunes, Comisiones del Senado mexicano aprobaron dos dictámenes, uno para ceder el control de la Guardia Nacional (GN) al Ejército y otro para reconocer los derechos de las comunidades originarias y afromexicanas.
Tras cuatro horas de discusión, se aprobó la reforma que impulsa que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) administre la Guardia nacional.
Con 25 votos a favor de Morena y 10 en contra, se aprobó en las Comisiones Unidas de Puntos constitucionales y de Estudios Legislativos.
Este martes, el dictamen pasará al pleno de la Cámara alta para su discusión y aprobación.
De acuerdo con grupos parlamentarios de oposición y algunos organismos nacionales e internacionales, se lleva a cabo una militarización de todos los ámbitos del país.
En tanto, en la discusión, los legisladores expusieron cifras de homicidios y personas desaparecidas.
Lo anterior, al modificar el artículo 129 de la Constitución, que ahora limita las funciones militares en tiempos de paz.
También, cambia el artículo 21 para eliminar la “garantía orgánica” que obliga a que las instituciones de Seguridad Pública sean de carácter civil.
Otros cambios realizados son que los delitos serán investigados por el Ministerio Público, las policías y la Guardia Nacional.
Además, su personal tendrá origen militar con formación policial y estarán adscritos a la Sedena y ejecutarán la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
Ernestina Godoy, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo que la propuesta responde a la necesidad de enfrentar los retos contemporáneos para alcanzar plenamente la paz.
Además, resuelve los problemas de seguridad pública y de coordinación entre las instituciones de seguridad.
Carolina Viggiano, senadora del PRI, apuntó que la seguridad no puede depender solo de las fuerzas armadas y considera que debería ser discutida tras la toma de posesión de Claudia Sheinbaum.
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Marko Cortés, senador del PAN, dijo que “la militarización no es la solución, sino que es parte del problema”.
El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), con la reforma que impulsó, ha negado que exista “militarismo” y “represión”.
Aprueban el dictamen para reconocer los derechos de las comunidades originarias y afromexicanas.
En cuanto a reconocer los derechos de las comunidades originarias y afromexicanas, las Comisiones Unidas del Senado también aprobaron esta reforma.
Con esta aprobación, por primera vez en la historia mexicana se reconoce a los pueblos indígenas en México como sujetos de derecho.
Más de 23 millones de personas se identifican de esta forma, entre un total de 126 millones de habitantes.
La reforma reconoce la composición multiétnica y pluricultural de la nación y también a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Además, eleva a rango constitucional el derecho de las comunidades con respecto a medidas legislativas y administrativas que puedan causar afectaciones en su vida o entorno.
La finalidad de la reforma es obtener su consentimiento o bien llegar a un acuerdo.
La reforma indica que la jurisdicción indígena se ejercerá por las autoridades comunitarias de acuerdo con las leyes y términos vigentes de la Constitución.
Además, estipula que las personas indígenas tendrán, en todo tiempo, el derecho a ser asistidas y asesoradas por personas intérpretes, traductoras y especializadas en todo lo relacionado al tema.
Estas dos reformas forman parte del paquete de 20 iniciativas presentadas por el presidente López Obrador, en febrero pasado.
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