Este martes, el Senado aprobó la reforma al artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa como la extorsión o la producción, distribución y tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas.
Con la mayoría de Morena y aliados, además de siete senadores del PAN, sumaron 94 legisladores quienes dieron su voto a favor y 34 en contra.
Dentro de los votos a favor se pronunció a favor la coordinadora panista, Guadalupe Murguía, los ex gobernadores, Miguel Márquez y Mauricio Vila.
Por su parte, la oposición argumentó que la ampliación de este catálogo es violatoria de los derechos humanos.
El senador morenista Óscar Cantón Zetina, presidente de la comisión de Puntos Constitucionales, no estuvo de acuerdo en que la reforma vulnere los derechos humanos.
Afirmó que el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa representa el 11% de los delitos que se cometen en México.
Cantón Zetina dijo que la reforma tiene como base principios de que la justicia prevalecerá, donde habrá protección a las víctimas y el crimen no podrá esconderse en el país. Invitó a apoyar el dictamen cerrando «las puertas al abuso y la impunidad”.
Por su parte, el presidente de la comisión de Estudios Legislativos, el morenista Enrique Inzunza, aseguró que con el dictamen se frenará la impunidad.
Considera que, por un delito como la extorsión, es de suma importancia garantizar que se enfoque el objetivo central para desmantelar las redes de extorsionadores.
Esta reforma también agrega los delitos cometidos para la ilegal:
- Introducción y desvío
- Producción
- Enajenación
- Adquisición
- Exportación
- Transportación
- Almacenamiento y distribución de precursores químicos, drogas sintéticas, fentanilo y derivados.
Cabe mencionar que Claudia Anaya, senadora del PRI, anteriormente presentó una solitud de moción suspensiva que fue rechazada por el pleno.
Además, advirtió que este dictamen corre el riesgo de la literalidad en los delitos que se contemplan.
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El exsecretario de Gobernación, Francisco Ramírez Acuña, dijo que la prisión preventiva oficiosa daña la dignidad y la integridad de las personas.
Argumentó que lo anterior es porque le da facultad al Estado de incriminar a los ciudadanos, y dijo que es “un resabio del viejo sistema penal inquisitorio”.
El panista Ricardo Anaya dijo que la ONU y la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideran que la reforma viola los derechos humanos.
La legisladora priista, Carolina Viggiano, dijo que el incluir delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa no garantiza que ya no se cometa la extorsión, ya que dese los mismos reclusorios se comete este delito.
Agregó que solo provocará que se llenen los reclusorios y la mayoría de los presos sin sentencia.
La emecista Alejandra Barrales dijo que su bancada está en contra ya que esta reforma elimina la presunción de inocencia.
También, dijo que la reforma fomenta el autoritarismo y la represión ya que manda a prisión a las personas señaladas, sin haber sido juzgadas.
“No mejora el sistema de justicia, lo debilita porque el uso indiscriminado de la prisión preventiva obstaculiza la evaluación individualizada y desincentiva a las Fiscalías a que realicen investigaciones exhaustivas y sólidas”.
Alejandra Barrales, senadora de Movimiento Ciudadano.
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