Autor: Fernando Belaunzarán

Venezuela

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Allá también se les cayó el sistema.

El 28 de julio hubo elecciones en Venezuela para elegir Presidente. A María Corina Machado no le permitieron competir después de ganar con holgura la candidatura de la oposición, ni tampoco a su sustituta Corina Yoris, pero tuvieron la generosidad, responsabilidad y altura de miras para cerrar filas con el diplomático Edmundo González y generar una portentosa irrupción ciudadana, despertando esperanza de cambio en todos los rincones del país.

A pesar de trampas, obstáculos y la inequidad de una elección de Estado, así como del impedimento a ejercer el voto de casi todos los 7 millones de expulsados por la crisis, se expresó la voluntad popular de manera contundente a favor de la alianza opositora. 

Pero como el gobierno controla al órgano electoral, detuvieron los conteos por horas, expulsaron testigos de las mesas de votación y en no pocas se negaron a entregar actas.

Después de medianoche dieron resultados, pero sin mostrar una sola acta. Aseguraron que, faltando 20% por computar, Maduro tenía ventaja irreversible de 7 puntos, lo cual no fue aceptado por la oposición que, a diferencia de las autoridades, sí está publicando las actas acopiadas. 

Con 81% de ellas, González tiene el 67% de los votos por 30 del autócrata, datos que coinciden con las encuestas previas a la elección y las que se hicieron a boca de urna.

El régimen está respondiendo con represión a las espontáneas protestas e impresionantes movilizaciones contra el fraude electoral. Hay muertos, heridos, detenidos desaparecidos y, en el colmo de la locura, giraron órdenes de aprehensión contra María Corina y Edmundo González. 

Además, rompieron relaciones con siete países por pedir transparencia y verificación.

López Obrador decidió ser alcahuete de la dictadura y se entiende, es un gobernante autoritario, tiene explícita afinidad ideológica con Maduro y su plan C nos lleva al populismo bolivariano. 

Ojalá no nos tardemos 25 años en sacarlos.

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El Atraco

El Atraco

Es un robo en despoblado.

La sobrerrepresentación altera la voluntad popular, pues significa asignarle más curules a una fuerza política que las que le corresponden de acuerdo a su porcentaje de votación.

Es verdad que la Constitución la contempla, pero con un límite para que el Congreso refleje de manera aproximada la pluralidad del país, respetando los derechos de las minorías y su representatividad.

El tope es de 8 puntos, pero el gobierno federal está presionando para convertirlo en 20. Sin tener facultades, la secretaria de Gobernación proyectó una integración de la Cámara de Diputados, donde le otorga a la coalición oficialista el 74% de curules, teniendo el 54% de los votos.

Si doblan a las autoridades electorales y éstas avalan el atraco, la bancada de empleados del Ejecutivo podría modificar la Constitución unilateralmente, ignorando al 46% de los ciudadanos que no votaron por ellos.

La correcta interpretación de la norma es clara a la luz de la transición y sus reformas sucesivas.

Usar la coalición como ardid para darle la vuelta al límite constitucional y sobrerrepresentarse por triplicado, es una aberración que distorsiona radicalmente la correlación de fuerzas en la sociedad, al grado de hacerla irreconocible.

Los 12 puntos de diferencia en las urnas, entre oficialismo y oposición, se transformarían en 48, anulando al México plural en el que vivimos.

Es verdad que en 2008 se separaron los emblemas de las coaliciones que antes aparecían en un solo recuadro, pero fue para evitar la transferencia de votos que mantenían con vida a partidos sin representatividad, no para crear supermayorías artificiales y todopoderosas que nos regresan al viejo régimen autoritario.

En once consejeros y cinco magistrados está el futuro del país y no podemos cruzarnos de brazos, pues la república y la democracia penden de un hilo.

El 11 de agosto nos manifestaremos contra la excesiva e ilegal sobrerrepresentación en las instalaciones del INE. No faltes.

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Polarización 

Polarización 

Le echan gasolina al fuego.

El sábado 13 de julio, un joven de 20 años atentó contra Donald Trump en un mitin en Pensilvania. Por fortuna falló, pero la bala pasó tan cerca que rozó la oreja del candidato. De haber tenido éxito, las consecuencias habrían sido tan graves como impredecibles.

En un país dividido, la violencia política puede salirse de control con una chispa, máxime cuando los rifles de asalto se venden en el supermercado.

No han sido aclaradas las razones del tirador y al parecer estaba registrado como miembro del propio partido republicano, pero, en cualquier caso, el hecho mismo tensa y profundiza el abismo entre los bandos.

No puede obviarse que la víctima es el principal promotor de la polarización en Estados Unidos ni que el condenable acontecimiento fortalece su candidatura, después de que hace cuatro años desconoció los resultados y alentó un intento golpista en el Capitolio.

Estamos ante un fenómeno mundial. Hoy polarizar es rentable electoralmente, lo cual ha fortalecido a opciones extremas que amenazan la democracia. Los populismos actuales, de cualquier signo, consolidan sus bases sociales envenenándolas con odio. Cultivan fobias y resentimientos mediante narrativas maniqueas, culpando de todos los males, reales o imaginarios, a sus adversarios.

Es propaganda de posverdad, pues enerva y fanatiza a amplios sectores, distorsionando, mintiendo, calumniando. Desde una pretendida superioridad moral autoasignada por la megalomanía del líder, satanizan a quienes discrepan, promueven su escarnio, les niegan cualquier atisbo de legitimidad y no dudan en manipular las instituciones para perseguirlos. Así no hay diálogo posible.

México no es la excepción y la intención oficialista de cambiar unilateralmente el régimen político para enquistarse en el poder, si es que les conceden la espuria mayoría calificada que no obtuvieron en las urnas, nos llevaría a un camino de no retorno.

Tiempos aciagos que llaman a la resistencia democrática.

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Nuevo Partido

Nuevo Partido

Una luz al final del túnel.

El sábado 6 de julio se verificó el Encuentro Nacional Ciudadano, convocado por el Frente Cívico Nacional.

Ahí acordamos realizar foros y movilizaciones para protestar contra la obscena e inconstitucional sobrerrepresentación de 20 puntos que la Secretaría de Gobernación plantea le asignen al bloque oficialista, así como para defender la independencia y la carrera judicial, amenazadas por el déspota que quiere acabar con la división de poderes.

Otro de los acuerdos, fue consultar a la sociedad sobre la pertinencia de crear una fuerza política que fortalezca a la oposición, amplíe su base social y sea un factor de unidad para enfrentar la restauración autoritaria en curso y construir, desde la pluralidad, una alternativa viable y promisoria para el país.

Es cierto que la abusiva inequidad de la elección de Estado explica en gran medida el resultado de los comicios, pero es innegable el desgaste de los partidos tradicionales y sería deseable que quienes no quieren votar por ellos, pero están inconformes con la situación, tengan una opción en la boleta.

Es verdad que el nuevo partido no podría hacer coaliciones en 2027, pero como su registro depende de la votación federal, a nivel local hay espacio para acuerdos de facto.

El reto no es menor, pues los requisitos son difíciles de cumplir y el régimen presiona a las autoridades electorales según sus afinidades y fobias, como lo vimos hace seis años.

Pero el país está en juego y no podemos resignarnos a que nuestros hijos y nietos vivan en una dictadura populista que destruye, polariza y excluye.

La clave del éxito está en mostrarse distinto, en reconocer el mérito y evitar el clientelismo, en abrirse a la sociedad y sus causas, en admitir la discrepancia, en usar los cargos para impulsar el proyecto antes que las ambiciones personales.

Solo así podrá ganarse la confianza de decenas de miles de ciudadanos que desbordaron las calles para defender la democracia. ¡A darle!

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Ministra Presidenta

Ministra Presidenta

Ya salió el peine.

La reforma judicial del plan C nació del rencor y el deseo de venganza de López Obrador. Así lo han dejado claro distintos voceros oficialistas, los cuales culpan a Norma Piña de esta iniciativa tan radical que pondría al Poder Judicial de cabeza, pero bajo el control del Presidente y su partido, cuando no del crimen organizado, pues los ministros, magistrados y jueces que resulten electos por el voto popular, se deberán a quienes les hagan campaña y lleven a sus clientelas y bases sociales a las urnas.

El todavía titular del Ejecutivo no le perdona a la presidenta de la Corte que haya asumido a cabalidad su alta responsabilidad de velar por la independencia judicial, rehusandose a servir a los intereses del poder político, preservando así los derechos de las minorías y la protección de particulares frente a abusos de autoridad.

La contradicción de concepciones es evidente. Mientras López Obrador piensa que él encarna al pueblo y nada puede oponerse a su voluntad, ni siquiera la ley suprema, la ministra Piña defiende la letra y espíritu de la Constitución que establece límites al poder presidencial.

La primera concepción corresponde al despotismo y lleva a la dictadura. La segunda es propia de la convicción democrática que ve en la división de poderes y el estado de Derecho, condiciones necesarias para que se respeten los derechos de todos y no solo los de la mayoría.

Es un despropósito tirar a la basura 30 años de carrera judicial basada en el mérito para controlar la impartición de justicia con incondicionales sin conocimientos.

El daño sería mayúsculo y pondrían en vilo miles de asuntos que merecen ser tratados con profesionalismo e imparcialidad.

Es sintomático que la ministra por dedazo, la ministra plagiaria y el obediente exministro Zaldívar promuevan la campaña de infamias contra Norma Piña con la intención de llevarle su cabeza al tirano.

No lo permitamos, defender a la ministra presidenta es defender a la república.

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Venganza

Es pura venganza. 

El sábado 22 de junio, la periodista Peniley Ramírez reveló en su columna semanal que la Unidad de Inteligencia Financiera investiga a Carlos Loret, a su esposa Berenice Yaber, a Víctor Trujillo y a la plataforma de noticias Latinus. El acoso contra el medio y los periodistas es la respuesta del régimen a los reportajes que involucran al núcleo familiar de López Obrador.

En lugar de ir tras los corruptos señalados, dando seguimiento a las múltiples pruebas presentadas, el régimen persigue a quienes exhiben los actos de corrupción. Eso no solo es encubrimiento, complicidad y abuso de poder, también es un grave atentado a la libertad de expresión y al derecho a la información de los mexicanos.

No hay investigaciones abiertas contra Ignacio Ovalle, quien encabezaba Segalmex durante el mayor desfalco que se tenga registro; tampoco contra Rocío Nahle, cuyas propiedades exhibidas están por encima de sus ingresos familiares; mucho menos contra Amílcar Olán, el amigo de los hijos del presidente, que pasó en esta administración de vender azulejos en Villahermosa a obtener múltiples contratos multimillonarios en las megaobras, jactándose en grabaciones del tráfico de influencias a su favor.

Para López Obrador, el problema no es que se robe sino que se sepa. Por eso, desde el inicio de su gobierno ha buscado intimidar a la prensa libre. La estigmatización de periodistas que lo incomodan por revisar al poder es cosa de todos los días y no duda en usar al SAT, a la UIF y a la Fiscalía para aumentar la presión y que sirva de ejemplo a los demás. Aunque le gusta tirar la piedra y esconder la mano, es imposible ocultar sus huellas, pues los titulares de esas instituciones no se mandan solos.

Si logra acabar con la independencia judicial en septiembre, como pretende, el periodismo quedará en indefensión frente al despotismo. Pero estoy cierto que, con el apoyo de la sociedad, los acosados seguirán ejerciendo la libertad de expresión… al costo que sea.

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Sobrerrepresentación

Sobrerrepresentación

Sin el atraco no hay plan C.

Claudia Sheinbaum ganó con el 60% de los votos, pero, para diputados, el conjunto de su coalición obtuvo el 55. Lo justo sería que mantuvieran ese mismo porcentaje en la Cámara.

Sin embargo, se prepara un descarado fraude a la Constitución para que al oficialismo le asignen tres cuartas partes de las curules.

Es verdad que la Carta Magna arrastra el resabio que permite un desfase de hasta el 8% de sufragios obtenidos con la representación legislativa. El problema es que pretenden sobrerrepresentarse en 20%, y como es suma cero, es decir, lo que una fuerza gana lo pierde otra, el paso del 55 al 75 del bloque oficialista implicaría reducir a la oposición de 45 a 25, de tal suerte que los 10 puntos de diferencia en las urnas se convierten en 50 en el Congreso, distorsionando la voluntad popular.

La trampa es pueril. Los partidos oficialistas ganaron sus distritos en coalición, comparten proyecto y le han jurado fidelidad a López Obrador y a Claudia Sheinbaum.

Tan son lo mismo, que hasta intercambian diputados entre sí para engañar a la autoridad electoral, como acabamos de verlo en la Ciudad de México. Pero se desdoblan en la asignación para gozar por triplicado de la sobrerrepresentación. 

En síntesis, quieren utilizar la representación proporcional que se creó con el objetivo de salvaguardar el peso de las minorías para reducir a éstas al máximo. La perversión de la norma sería de tal grado que permitiría que los representantes del 45% de los ciudadanos que sufragaron, sean ignorados en cambios constitucionales y una sola fuerza decida, al margen de la pluralidad, en qué régimen vamos a vivir.

Por lo pronto, ya alistan la reforma que acabaría con la división de poderes y la carrera judicial, haciendo que ministros, magistrados y jueces sean elegidos por clientelas partidarias, poderes fácticos y grupos criminales.

Pero éste y otros despropósitos se pueden evitar si el INE y el Tribunal Electoral cumplen con la Constitución.

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¿Quién manda?

¿Quién manda?

No se retirará. 

Antes de tomar posesión, López Obrador canceló el Nuevo Aeropuerto en Texcoco, tremendo error que marcó su gobierno. En el video del anuncio puso a la vista el libro de Felipe González titulado ¿Quién manda aquí?. 

El mensaje era claro: al margen de la discusión técnica, de los beneficios de la obra y los costos por detenerla, quería dejar establecido que él tenía el poder y lo iba a ejercer sin importar las consecuencias.

Seis años después, el presidente asegura que aprobará la reforma más nefasta del plan C en septiembre, último mes de su mandato., imponiéndose a la candidata electa, quien inicialmente quiso calmar los mercados con una posición conciliadora.

Elegir por voto directo a ministros, magistrados y jueces compromete la independencia judicial, sometiéndola a intereses políticos e incluso criminales que financiarían campañas, operarían movilización de votantes y bajarían candidatos que no fueran de su agrado.

Pero el golpe anunciado no solo acabaría con la independencia judicial, reforzando el autoritarismo y dilapidando la oportunidad histórica del nearshoring al espantar inversiones, también daría la razón a quienes sostienen que López Obrador seguirá mandando desde su rancho. 

De hecho, éste mandó la advertencia a su sucesora de que podría regresar a la escena pública, manteniendo su derecho a disentir.

Sabemos que el grupo gobernante convoca a consultas para convalidar decisiones ya tomadas, pero como los cuestionamientos de expertos, barras y colegios de abogados son demoledores, Claudia Sheinbaum redujo su oferta de diálogo a una encuesta, asumiendo lo dicho por el mandatario saliente, que el asunto ya está discutido y listo para aprobarse por la sobrerrepresentada mayoría que proyectan tener.

La sombra del maximato se cierne sobre la próxima administración y pronto sabremos si quien acaba de ganar con holgura la elección, asumirá el cargo por el que fue electa o se conformará con ser la primera vicepresidenta del país.

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La Resistencia

La Resistencia

Por Fernando Belaunzarán

Esto no se ha acabado.

Millones de mexicanos acudieron a las urnas el 2 de junio y el voto de cada uno debe contarse y defenderse. Por eso se revisan y cotejan las actas en los cómputos distritales. Cuando éstas no coinciden, tienen anomalías o están dentro de las causales de ley, se abren paquetes para recontar sufragios.

Se hicieron virales casillas zapato, así como donde votó todo el padrón y hasta con más votos que votantes, lo mismo que las que difieren de las que subieron al PREP. Son muchas y ahí deben corregirse o bien anularse en una etapa posterior.

Pero no basta limpiar el día de la jornada, el problema viene de antes y es correcto impugnar los comicios más inequitativos del siglo para que no se normalice la violación sistemática de la ley.

López Obrador operó la elección de Estado desde que nombró servidores de la nación a sus propios brigadistas para que repartieran programas sociales en su nombre, portando chalecos con los colores de Morena y haciendo proselitismo con recursos públicos.

El Tribunal Electoral debe pronunciarse ante la descarada intervención de los gobiernos morenistas y del presidente que se cansó de ignorar la Constitución y 30 de sus sentencias.

Además, a iniciativa de éste, la corcholata destapada hizo campaña anticipada desde 2021, usando millones de pesos de origen desconocido.

Los resultados sorprenden porque dan abrumadora mayoría a la continuidad de un gobierno desastroso. Pero es de extrema gravedad que Guadalupe Taddei y la Secretaría de Gobernación proyecten la composición de la Cámara de Diputados con una sobrerrepresentación de la coalición oficialista del 19%, cuando el límite constitucional es del 8%.

Con ello les alcanzaría para aprobar el plan C que acabaría con la república y la democracia.

Lo que nos queda a los ciudadanos es resistir y ser un contrapeso social al despotismo.

En las calles conquistamos las libertades, en las calles las defenderemos. No nos vamos a rendir, ¡Viva la Marea Rosa!.

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México Rosa

México Rosa

¡Sí se pudo!

El domingo 19 de mayo, la Marea Rosa volvió a manifestarse en 103 ciudades del país.

Fue la más grande de las cuatro movilizaciones que ha convocado y tuvo que sortear obstáculos insólitos por parte del régimen que, con razón,teme a la proteica irrupción ciudadana surgida para defender a la república de la restauración autoritaria.

La decisión de suscribir compromisos públicos con Xóchitl Gálvez, Santiago Taboada y demás candidatos de la alianza para respaldarlos en la elección que se avecina, sacó de sus casillas al oficialismo, el cual sigue sin entender que no entiende.

La continuidad representada por Claudia Sheinbaum significaría la muerte de la democracia, pues ella insiste en militarizar al país, desaparecer los órganos autónomos, someter a la Corte y controlar los comicios desde el gobierno.

El plan C que ella enarbola busca cambiar unilateralmente las reglas e instituciones encargadas de la distribución del poder, desde el propio poder, para enquistarse en él.

Para evitarlo necesitamos derrotarlos el 2 de junio y eso lo saben quienes desbordaron calles y colmaron plazas, resistiendo infamias y amenazas.

López Obrador llegó al extremo de querer sabotear la concentración en el Zócalo con un plantón de sus viejos aliados de la CNTE, cuyos dirigentes reconocieron que el gobierno federal les pidió mantenerlo, asignándoles la mitad de la plancha.

El presidente subestimó a la sociedad civil, pensó que el miedo los haría desistir y fue todo lo contrario. Un millón de capitalinos se dieron cita y ningún grupo de choque pudo contener a los interminables ríos de gente.

Los principales accesos quedaron anegados por multitudes que ya no cupieron en la Plaza de la Constitución.

Un gran augurio, no solo de las históricas votaciones en puerta, sino también del México con justicia, democracia y libertad que anhelamos.

La marea se volvió tsunami para dejar claro que este país es de todos.

El triunfo de Xóchitl es solo el primer paso. ¡Vota!

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