La Pona, el primer paso no es el último
El Ágora
Por Ana Gómez
El jueves 5 de junio presenté ante el Pleno de la LXVI Legislatura un punto de acuerdo para exhortar al Ayuntamiento de la capital a que declaré la totalidad de la Mezquitera La Pona como Área Natural Protegida municipal, después de que se autorizara la compra de 30 nuevas hectáreas.
A la propuesta se sumó toda la Legislatura, y el exhorto se aprobó con un respaldo que pocas veces se ve en este Congreso. El día de ayer, el Periódico Oficial publicó el acuerdo. Es un resultado que me alegra y me compromete en partes iguales a seguir vigilando el proceso que apenas inicia.
Un bosque que vale más de lo que parece
La Pona lleva décadas siendo mucho más que un terreno en disputa. Es un bosque urbano de mezquites al oriente de la ciudad, en la Delegación Jesús Terán, de suelo vivo que albergan 72 especies de fauna y 24 de plantas. El mezquite domina el paisaje, pero lo que hace a La Pona verdaderamente estratégica es lo que no se ve a simple vista, porque es un punto de recarga el acuífero Ojocaliente con unos 42 millones de litros de agua al año, captura más de 2,200 toneladas de CO₂ y regula la temperatura de toda la zona oriente.
En una ciudad con los problemas hídricos de Aguascalientes, ese dato no es un adorno de exposición de motivos. Es una razón de Estado. Pocas ciudades mexicanas de este tamaño conservan un espacio así dentro de su zona urbana consolidada. Perder La Pona no sería solo una pérdida ambiental, sería una decisión irreversible sobre qué ciudad queremos dejarle a quienes vienen. Sin embargo, durante décadas La Pona fue tratada por el gobierno y los privados como un activo disponible para la especulación inmobiliaria.
Décadas de decisiones en contra
En diciembre de 1999 se autorizó el cambio de uso de suelo de toda la mezquitera a dual habitacional y comercial. No fue un accidente administrativo. Fue una decisión política que abrió la puerta a la urbanización de un ecosistema frágil e irrecuperable, y que durante años sirvió de pretexto para mantener la amenaza latente sobre el bosque. En 2018, llegó una declaratoria de área natural protegida, pero alcanzó solo para 11.4 hectáreas, dejando el resto deliberadamente expuesto. Dos años después, en julio de 2020, la Secretaría de Sustentabilidad del Estado terminó por retirar a La Pona del Catálogo de Áreas Prioritarias para la Conservación. No fue descuido. Fue política. Cada una de esas decisiones benefició a alguien concreto y perjudicó a todos los demás. Eso también forma parte del contexto que esta Legislatura tiene la obligación de nombrar.
Quienes la defendieron de verdad
Quien salvó La Pona fue la sociedad civil. Los colectivos Salvemos La Pona y Conciencia Ambiental la defendieron durante años, en el terreno cuando había incendios, en los tribunales cuando las instituciones fallaron, en las redes cuando nadie quería escuchar. Interpusieron amparos. Documentaron cada daño. Exigieron cuentas en cada campaña electoral sin que ningún candidato quisiera comprometerse con algo concreto. Si hoy existe algo que proteger es, en muy buena medida, gracias a ellos. No a ningún gobierno.
El 2 de junio, el Cabildo aprobó la compra de 30.8 hectáreas por 101 millones de pesos. Un avance histórico, y hay que reconocerlo como tal. Pero que nadie confunda la compra con la protección definitiva. Las hectáreas recién adquiridas siguen clasificadas como suelo habitacional y comercial desde 1999. Mientras ese dato no cambie en los registros oficiales, no hay prohibición jurídica permanente de construir ahí. La propiedad municipal protege de hecho. La declaratoria de área natural protegida de derecho. Son dos cosas distintas, y solo la segunda cierra el ciclo.
Lo que le pedimos al Ayuntamiento
Por eso el exhorto aprobado esta semana le pide al Ayuntamiento que inicie cuanto antes los procedimientos para cambiar el uso de suelo y declarar todo el predio como Área Natural Protegida, con prohibición expresa y permanente de cualquier construcción habitacional o comercial, y que lo reintegre al Catálogo de Áreas Prioritarias para la Conservación. También le pide un informe a esta Soberanía en no más de 90 días sobre el avance de esas gestiones, y una notificación formal cuando la compraventa quede concluida ante notario.
Ese reloj ya corre desde hoy. Y yo estaré aquí pendiente de que corran también los trámites. El Ayuntamiento tiene 90 días para reportar avances sobre la declaratoria, y esta Soberanía tendrá que pronunciarse si ese plazo pasa sin respuesta. Porque La Pona se ganó con años de lucha ciudadana, y lo mínimo que pueden hacer las instituciones es no dejarla a medias.
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*Los textos publicados en la sección de Opinión son responsabilidad exclusiva del autor.
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