La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de detención en contra del presidente de Rusia, Vladimir Putin; y de la funcionaria rusa Maria Alekseyevna Lvova-Belova.
Por medio de un comunicado, se informó que el mandatario ruso es “presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población (niños)”.
Así como del “traslado ilegal de población (niños) de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa».
A Lvova-Belova, comisionada para los Derechos del Niño en la Oficina del presidente, se le acusa por presuntamente ser la principal operadora del plan que busca deportar a la fuerza a miles de niños ucranianos de Rusia.
De acuerdo con el comunicado, los crímenes ocurrieron en el territorio ocupado de Ucrania, desde el 24 de febrero de 2022.
Asimismo, indica que los motivos “razonables” para creer que el presidente Putin tiene responsabilidad penal individual por los crímenes son:
- Haber cometido los actos directamente, junto con otros y/o a través de otros.
- “Por no ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos, o permitieron su comisión, y que estaban bajo su autoridad y control efectivos”.
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Por su parte, Estados Unidos y diversos gobiernos de Europa señalan que la administración de Putin deporta a la fuerza a miles de niños.
A quienes supuestamente lleva a una decena de campos, en los que son sometidos a una reeducación política.
Mientras que el Kremlin consideró que la decisión de la CPI es “indignante e inaceptable”.
Además, argumentó que Rusia y otros estados no reconocen la jurisdicción de ese tribunal, por lo que no tiene ningún valor.
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